Proyectos de ley relacionados con Xinjiang en EE.UU. reflejan hegemonismo y política de poder

Ilustración: Chen Xia/GT

En los últimos años, el Congreso estadounidense ha sido testigo de un creciente consenso bipartidista en lo que a su competición estratégica contra China respecta. Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, la labor legislativa antichina ha sido intensa, con tácticas estereotipadas para contenerla por medios legales. En particular, el Congreso muestra un gran descaro a la hora de inventar todo tipo de mentiras sobre cuestiones relacionadas con la Región Autónoma Uygur de Xinjiang, en el noroeste de China, y de promulgar proyectos de ley sobre la misma, lo que le convierte cada vez más en cómplice de la injerencia de la Casa Blanca en la soberanía de otros países, así como de su ejercicio del hegemonismo y la política de poder.

Hay motivos subyacentes tras la frecuencia de estos proyectos de ley. En primer lugar, Estados Unidos ve el ascenso económico de China como una amenaza a su liderazgo mundial. Para salvaguardar su propia posición en la economía mundial, Washington ha exagerado el tema de los uigures y ha presentado la "Ley de prevención del trabajo forzoso Uigur" con el fin de imponer restricciones comerciales y suprimir el desarrollo económico de China. En segundo lugar, mediante su manipulación, puede desviar la atención pública del descontento nacional y los conflictos internos. En tercer lugar, explota la cuestión de los derechos humanos en Xinjiang como pretexto para interferir en los asuntos internos de China, perpetuando así su enfoque hegemónico y de poder a escala global. En cuarto lugar, pretende perturbar la Iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por China aprovechándose de Xinjiang y de su ubicación estratégica en la región. Esta línea pretende empañar la imagen de China en Asia Central y en los países musulmanes de todo el mundo, y obstaculiza los esfuerzos de China por abrirse a Occidente.

Estos proyectos de ley no tienen freno. Dañarán no solo las relaciones entre China y Estados Unidos, sino también la credibilidad de Washington en la comunidad internacional, así como su estabilidad política y su legitimidad en casa. En última instancia, se estaría disparando a sí mismo.

En el plano internacional, Estados Unidos explota y politiza los medios legales e interfiere con frecuencia en los asuntos internos de otros países lo que socava su propia credibilidad judicial y su autoridad diplomática, y consolida su imagen como el mayor perturbador del orden internacional.

En el ámbito nacional, esos proyectos contrarios a China incitarán sentimientos antichinos y antiasiáticos, desencadenarán disputas entre diferentes grupos étnicos y provocarán malestar social en Estados Unidos. Esto conducirá a la pérdida de legitimidad de sus autoridades gobernantes. Además, la manipulación por parte del Congreso, impondrá trabas a las empresas y el desarrollo económico del país norteamericano. Cada uno de ellos debilitará la interdependencia entre ambos países, pondrá en peligro los intereses comunes y aumentará continuamente los riesgos de confrontación.

Además, el Legislativo ha aprobado activamente leyes vinculadas con Xinjiang, presentándose aparentemente como la encarnación de la "justicia". Sin embargo, evita encarar sus propios problemas de hostilidad y discriminación contra los musulmanes.

En Estados Unidos existe una abierta negación y animosidad hacia el islam, asociándolo a menudo con el extremismo y el terrorismo. Prevalecen la discriminación abierta, el aislamiento e incluso los ataques contra los musulmanes. La difusión de la cultura islámica y el crecimiento de la población musulmana han suscitado preocupación y rechazo entre algunas élites y la opinión pública, lo que ha causado un incremento significativo de los delitos de odio contra mezquitas y musulmanes.

Además, en su política exterior existen discriminaciones y ataques contra los países islámicos y las comunidades musulmanas. Tras los atentados del 11-S, el Gobierno estadounidense emitió una serie de leyes, normativas y políticas dirigidas principalmente a estas naciones como la "Ley de mejora de la seguridad fronteriza y reforma de la ley de visados", el "Sistema de registro de entrada y salida de seguridad nacional" y la prohibición de viajar a los musulmanes de Donald Trump.

Por el contrario, China ha priorizado sistemáticamente los intereses fundamentales de todos los grupos étnicos de Xinjiang, al tiempo que respeta y vela plenamente por los derechos humanos y explora activamente formas eficaces de combatir el terrorismo y el extremismo en el marco de la ley. Con ello se han conseguido logros importantes.

China siempre ha priorizado la legislación antiterrorista, combatiendo con decisión cualquier forma de actividad terrorista y creando un entorno seguro y estable en Xinjiang para salvaguardar los derechos humanos. En Xinjiang no se ha producido ningún incidente violento durante más de un lustro gracias a las medidas preventivas antiterroristas. La discriminación por motivos geográficos, étnicos o religiosos está estrictamente prohibida en sus prácticas antiterroristas.

Dichos esfuerzos combinan el mantenimiento de la estabilidad social con la mejora de los medios de vida de la población. Los dividendos de la estabilidad de Xinjiang han seguido creciendo, con un desarrollo económico y social saludable y sostenido. En 2020, Xinjiang alcanzó un PIB regional de 1,3797 billones de yuanes (213 000 millones de dólares) para beneficio de todos los grupos étnicos y el avance integral de la región.

El Congreso estadounidense seguirá elaborando proyectos de ley antichinos con el pretexto de la democracia y los derechos humanos, haciendo gala de una política de poder y un hegemonismo típicos. Pero los hechos son más elocuentes que las palabras, y las falsas narrativas que subyacen acabarán siendo desechadas como desperdicio de la historia.

El autor es investigador del Instituto de Historia de la Universidad de la Academia de Ciencias Sociales de China.