Justicia peruana dicta 36 meses de prisión preventiva contra expresidente Castillo

LIMA, 9 mar (Xinhua) -- El Poder Judicial de Perú dictó este jueves 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), en el marco de una investigación que le sigue la Fiscalía por los presuntos hechos de corrupción cometidos durante su Gobierno.

La medida fue determinada por el juez supremo Juan Carlos Checkley tras evaluar el pedido del Ministerio Público, que investiga al exmandatario por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias agravado.

Según precisó el Poder Judicial en su cuenta de Twitter, el juez impuso detención preventiva a Castillo "por ser presunto líder de una organización criminal por delitos cometidos en Petroperú y en los Ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento".

Al dar lectura de la resolución, Checkley aseguró que la medida es necesaria porque no se trata de un juicio común "sino que reviste alta peligrosidad", considerando que existe peligro de fuga y que Castillo ha incurrido en la obstaculización de la Justicia.

El juez subrayó que el exmandatario no cuenta con arraigo en el país debido a que no tiene domicilio real actual, y que la cárcel de Barbadillo de Lima, donde se encuentra detenido preliminarmente durante 18 meses por "rebelión", no puede ser considerado un domicilio.

Además, se debe recordar que la familia de Castillo, incluida su esposa Lilia Paredes, se encuentra asilada en México desde diciembre pasado.

La prisión preventiva, según puntualizó el magistrado, se computa del 9 de marzo de 2023 al 8 de marzo del 2026, y la pena probable por los delitos que se le imputan podría ascender a los 32 años de cárcel.

En el caso Petroperú, Castillo habría presionado durante su gestión para que designaran a un funcionario como gerente general de la estatal aún sin haber tenido el perfil técnico, y además, habría influido en el otorgamiento de una licitación de Petroperú a favor de una empresa, para que se le vendiera biodiésel.

Adicionalmente, Castillo habría designado al prófugo exministro Juan Silva como titular de Transportes y Comunicaciones con el propósito de llenar ese ministerio con funcionarios que ayudaran a "direccionar" los proyectos de infraestructura que debía ejecutar esa institución.

En ese sentido, Checkley dictó 36 meses de prisión preventiva contra Silva, "investigado por los presuntos delitos de organización criminal y otros", y al encontrarse como "no habido" ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.

Contra Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el magistrado impuso medida de comparecencia con restricciones, con norma de conducta, y el pago de una caución de 35.000 soles (unos 9.200 dólares) dentro de los 30 días de emitida la resolución.

En la audiencia virtual celebrada el pasado 7 de marzo, Pedro Castillo negó "rotunda y categóricamente" haber sido autor y formar parte de una organización criminal, y que su "único delito" fue haber servido a su país como presidente de la República.

Rechazó igualmente que exista un posible peligro de fuga debido a que se encuentra recluido en un penal "de alta seguridad" que, consideró, es "mi arraigo domiciliario".

Pedro Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en el este de Lima, mientras la Fiscalía lo investiga por presunta "rebelión" tras haber intentado disolver inconstitucionalmente el Congreso el 7 de diciembre del año pasado. Fin