China es uno de los países con la tasa de criminalidad más baja

El número de procesados por delitos violentos como homicidio, robo y secuestro en 2022 fue el menor en casi dos décadas. China ahora disfruta de una de las tasas de criminalidad más bajas y de las puntuaciones más altas en sensación de seguridad a nivel mundial, dijeron el miércoles las autoridades.

Sun Qian, fiscal general adjunto de la Procuraduría Popular Suprema, declaró en conferencia de prensa el miércoles que el porcentaje de acusados por delitos violentos fue del 3,9 % frente al 25 % en 1999. De todas las vistas penales, el 85,5 % fueron faltas menores con penas por debajo de los 3 años.

El índice que refleja la sensación de seguridad aumentó a 98,6 % en 2021 de 87,5 % en 2012.

Las fiscalías chinas presentaron 42 000 imputaciones relacionadas con el crimen organizado en los últimos cinco años y se dictaron más de 3600 "medidas de protección", generalmente referidos a funcionarios, sostuvo Sun.

En cuanto a anticorrupción, se llevaron ante el juez a 78 000 empleados y funcionarios del gobierno, incluidos más de 100 en cargos provinciales, ministeriales o de alto nivel. Un total de 11 000 cayeron por soborno.

Sun también resaltó un cambio en las categorías de delitos.

El robo, que lideraba la lista de casos presentados y procesados durante más de cuatro décadas, dio paso a la conducción peligrosa o en estado de ebriedad en 2019. En 2022, el 18,2 % de todas las acusaciones fueron por el segundo y el 13 % por robo.

Los crímenes cibernéticos mostraron una tendencia a mayor: 129000 enjuiciados en 2022 para ocupar el tercer lugar en la tabla de categorías. Entre ellos, el fraude telefónico genera un gran impacto en el interés público.

Sun Qian enfatizó que la fiscalía a nivel nacional ha sido indulgente y estricta. Las personas cuyos hechos constituyan delito, pero cuya infracción sea menor y no haya intención de fuga o destrucción de pruebas, podrán ser exentas de arresto.

Como resultado, la detención antes del proceso va en franco declive a un 26,7 % en 2022 frente al 54,9 % en 2018 y 42,2 % en 2020.

El sector también mejoró la supervisión de las investigaciones al impedir la recopilación de pruebas ilegales y violentas, y velar por los derechos de sospechosos y acusados. Entre el 2018 y 2022, las fiscalías informaron a los órganos de seguridad pública del retiro de unos 130 000 casos no pasibles de proceso y presentó 120 000 que debían procesarse y no se hizo.

En el último lustro, la fiscalía apeló en 41 000 ocasiones, un aumento del 18,9 % con respecto al período anterior. Entre ellos, los tribunales concluyeron unos 31 000 y modificaron el veredicto u ordenaron un nuevo juicio para 22 000.