Una farsa antichina interpretada con la coerción y las mentiras

Por Yao Fei, diplomático chino y observador de temas internacionales

El día 31 de agosto, en el último instante en que terminó su mandato la Señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, la oficina bajo su dirección publicó el informe Evaluación del ACNUDH sobre varias cuestiones preocupantes en materia de los derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, República Popular China. Se trata de una farsa antichina y, al mismo tiempo, una herramienta política que sirve para la administración norteamericana y algunos politicastros occidentales en su campaña de contener a China con el tema de Xinjiang, porque el documento tiene como base la presunción de culpabilidad, se fundamenta principalmente en las mentiras trazadas por las fuerzas antichinas, ignora intencionadamente los hechos y la verdad en Xinjiang, desfigura con mala fe las leyes y la política correspondientes de China, mancha las medidas antiterroristas y de desradicalización adoptadas en Xinjiang y hace comentarios irresponsables sobre los asuntos internos de China bajo el pretexto de los derechos humanos.

Una causa justa gana amplio apoyo, mientras una injusta encuentra escaso apoyo. Hasta el momento, gobiernos de más de 60 países y cerca de mil ONG se han dirigido a la Oficina de la Alta Comisionada para manifestar su desconformidad respecto al informe, lo cual representa la voz de justicia de la comunidad internacional.  

China es un país unificado de múltiples etnias. Xinjiang es una parte inalienable de China donde las diversas etnias minoritarias, incluyendo los uigures, tienen derechos iguales según la ley. Durante un periodo, las fuerzas radicales, aprovechando el retraso económico, la comunicación cerrada y la ausencia de conocimientos de la ciencia moderna en algunas regiones de Xinjiang, tergiversaron las doctrinas islámicas y divulgaron ideas extremistas. Sedujeron y obligaron a algunos pobladores uigures que tenían el “cerebro lavado” a participar en actos violentos y terroristas pregonando que los mártires que sacrifican su vida en la guerra sagrada subirían al paraíso, y que hay que eliminar a los paganos que no creen en el islam. Las estadísticas constatan que las fuerzas terroristas, separatistas y extremistas produjeron miles de casos violentos y terroristas en Xinjiang entre 1990 y 2016. Como consecuencia, una cantidad importante de ciudadanos inocentes perdieron la vida, cientos de policías fueron atacados y asesinados, y se causó una pérdida económica muy cuantiosa. Se perjudicó seriamente la paz y la tranquilidad en la región de Xinjiang y se dejó una pesada sombra psicológica en el público local.

Ante los actos terroristas que amenazan la seguridad física de los habitantes y el orden social, ningún gobierno responsable en el mundo se quedaría de brazos cruzados. Del mismo modo, el gobierno chino ha frenado tajantemente a estos terroristas y extremistas. Además de castigar penalmente a los criminales terroristas, el gobierno chino ha realizado campañas de desradicalización y de rehabilitación psicológica y conductual para las personas contaminadas por las ideas extremistas que habían cometido delitos leves, a través de cursos de capacitación donde aprendían el idioma oficial del país, las leyes y las normas jurídicas, y recibían una formación técnica y profesional, con el objetivo de ayudarles a volver a la vida normal.

El tema de Xinjiang, en esencia, no es una cuestión de derechos humanos, sino de salvaguardar la soberanía y la seguridad estatal, y los intereses de desarrollo de China. Para frenar el progreso de China, las fuerzas antichinas del mundo occidental han creado intencionadamente mentiras tales como las del trabajo forzoso y la violación de derechos humanos en Xinjiang, y con esa excusa han presionado a las empresas de diversos países a que excluyan de la cadena de suministro los productos de Xinjiang. En España, país donde cumplí una misión hace poco tiempo, los dueños de las granjas agrícolas suelen contratar a los trabajadores temporales de origen africano y latinoamericano a labrar en el campo en temporada alta. Sin embargo, al mismo modelo laboral aplicado en Xinjiang le han pegado la etiqueta de trabajo forzoso. ¿No es una práctica abierta de doble estándar? Los ciudadanos tienen el derecho básico a trabajar y ganar una remuneración, y los gobiernos tienen la responsabilidad de crear y ofrecerles puestos de trabajo. Es una realidad tanto en los Estados Unidos, como en los países europeos. También es la realidad en la Xinjiang de China. No hay mucha diferencia.

La política del gobierno chino y lo que ha hecho en Xinjiang son transparentes. A partir de finales de 2018, China ha invitado a 172 delegaciones extranjeras, en total más de 2300 personas provenientes de 138 países y organizaciones internacionales a visitar Xinjiang. Los visitantes conocieron de primera mano las medidas adoptadas por el gobierno para mantener la seguridad y la estabilidad, y para fomentar los derechos humanos en la región, así como sus méritos.

Siendo el órgano especializado en promover la causa de los derechos humanos en el mundo, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos debería adherirse a los principios de la no selección y la no politización, dar a conocer verdaderamente lo que escuchó y vio la Señora Alta Comisionada y sus contactos totalmente libres de vigilancia con las personas de Xinjiang durante su visita y, en base de eso, sacar una evaluación objetiva e imparcial. Pero, lamentablemente, se sometió a la coerción de las fuerzas antichinas norteamericanas y su informe se convirtió en una arma que se usa para atacar y reprimir a China, ¡una gran lástima!