El sucio objetivo del programa de Washington "Red Limpia"

Cuando el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, vendió en todo el mundo el programa de Washington "Red Limpia", su intención sucia de perpetuar la hegemonía tecnológica de su país no pudo quedar más clara.

Con su intento de deshacerse de las empresas de tecnología chinas, la Administración estadounidense ha mostrado que es la ideología, y no la razón, la que guía sus decisiones políticas.

Al mundo no se le escapa la ironía en la campaña "puerta a puerta" de Pompeo, pues, no en vano, la comunidad internacional, incluidos los aliados tradicionales estadounidenses, sabe que Washington es el principal imperio de piratas informáticos del planeta.

La revelación de actos de espionaje cibernético de EE. UU., desde PRISM hasta Equation Group, pasando por ECHELON, así como de que agencias espías estadounidenses vigilaban las 24 horas al día teléfonos móviles y computadoras en todo el mundo -un hecho que dejó perplejos incluso a líderes de viejos aliados del país-, ha dejado al descubierto el "modus operandi" de ese Estado pirata.

En los últimos años, la maquinaria propagandística de Washington ha difamado sin miramientos a las empresas tecnológicas chinas y el Gobierno estadounidense ha forzado de forma descarada el concepto de seguridad nacional y abusado de su poder estatal para intentar acabar con algunas de las empresas chinas más prósperas.

Entre ellas Huawei, principal proveedor de equipos de 5G, que se ha convertido en blanco principal de la fanática caza de brujas de Washington. En los últimos 30 años, sin embargo, no ha habido un solo incidente de seguridad relacionado con los productos de la firma china, como sí ha ocurrido con los revelados por Edward Snowden o WikiLeaks, ni una sola operación de escuchas o vigilancia como las de PRISM, Equation Group o ECHELON.

Ni un solo país, además, ha aportado evidencias de ningún tipo de clandestinidad en los productos de Huawei.

La Casa Blanca ha vuelto a recurrir en los últimos tiempos al endeble paraguas de la seguridad nacional y emitido una orden ejecutiva que prohíbe todas las transacciones estadounidense con ByteDance, empresa matriz de la compañía de intercambio de videos cortos TikTok.

Sin embargo, según el diario "The New York Times", la agencia de espionaje del país ha asegurado que no existe prueba ninguna de que China haya interceptado datos de TikTok ni utilizado la aplicación para entrar en los teléfonos móviles de los usuarios.

Al abusar de su poder estatal contra las compañías tecnológicas chinas, Washington está de nuevo recurriendo a dos viejos trucos: la calumnia y la manipulación política.

Para quienes en EE. UU. defienden una política dura contra China, prisioneros de una mentalidad anclada en la Guerra Fría y propia del juego de suma cero, cualquier avance tecnológico logrado por las firmas chinas es una amenaza genuina para la hegemonía tecnológica mundial estadounidense.

No es nada nuevo, en realidad, que Washington utilice su maquinaria estatal para eliminar a empresas tecnológicas de otros países utilizando la coerción y la intimidación, como hizo con importantes empresas internacionales como Toshiba y Alstom.

Con la idea de mantener esa hegemonía tecnológica, algunos políticos estadounidenses han desechado de forma abierta los principios de la economía del mercado y la competencia justa, principios de los que siempre han presumido.

En un momento en que el mundo sigue enfrascado en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y sus enormes consecuencias económicas, el desarrollo tecnológico está destinado a desempeñar un papel esencial a la hora de garantizar la recuperación económica de todo el mundo.

China y EE. UU. tienen sus respectivas fortalezas en el sector digital y tecnológico, y su cooperación constructiva será sin duda un motor para la recuperación de la economía mundial tras la pandemia.

La división artificial de la cadena ecológica de Internet que busca el programa "Red Limpia" no solo causará un daño sistémico a los intereses económicos de ambas partes, sino que también será una disrupción para la cadena de la industria de comunicación e información, poniendo así en peligro las perspectivas de recuperación económica mundial.

Todos los países están obligados a facilitar un entorno empresarial justo, equitativo y no discriminatorio a las empresas extranjeras que invierten o tienen actividades en ellos o con quienes cooperan. Antes de seguir avanzando por un callejón sin salida, Washington debería pensárselo dos veces.