Texto íntegro del Registro de las violaciones de derechos humanos de Estados Unidos en 2019

La intolerancia contra el judaísmo y el islam continúa empeorando. El informe anual del FBI encontró que el 20,2 por ciento de los crímenes de odio por sesgo único fueron provocados por el prejuicio religioso de los delincuentes. De las 1.617 víctimas de crímenes de odio antirreligioso, el 56,9 por ciento fueron víctimas de crímenes motivados por prejuicios antisemitas de los delincuentes y el 14,6 por ciento fueron víctimas de prejuicios anti-islámicos (musulmanes). Los estadounidenses dicen que algunos grupos religiosos continúan siendo discriminados y desfavorecidos, según un análisis de las encuestas del Centro de Investigación Pew en marzo de 2019. Alrededor del 82 por ciento de los encuestados dice que los musulmanes están sujetos a al menos alguna discriminación en Estados Unidos, y el 56 por ciento dice que los musulmanes son discriminados mucho. Un total del 63 por ciento de los encuestados considera que ser musulmán perjudica al menos un poco las posibilidades de progreso de alguien en la sociedad estadounidense, incluido el 31 por ciento que dice que perjudica mucho sus posibilidades. En la encuesta de 2019, el 64 por ciento dice que los judíos enfrentan al menos algo de discriminación en Estados Unidos, un aumento de 20 puntos porcentuales desde la última vez que se hizo esa pregunta en 2016. El Relator Especial de la ONU sobre libertad de religión o de creencias señaló los excepcionalmente violentos incidentes antisemitas en Estados Unidos, incluido un tiroteo mortal en una sinagoga que causó grandes pérdidas de vidas y lesiones. Los comentarios del tirador durante el ataque y su actividad en las redes sociales en los días anteriores revelaron una creencia en una serie de teorías de conspiración antisemitas arraigadas en una ideología supremacista blanca de extrema derecha. Más tarde, otro pistolero igualmente motivado por la ideología supremacista blanca atacó otra sinagoga. La Relatora Especial de la ONU sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia también expresó su profunda preocupación por el alarmante aumento del antisemitismo en Estados Unidos. Ella observó con preocupación los alarmantes aumentos en los incidentes antisemitas vinculados a grupos neonazis y grupos afiliados de supremacía blanca y nacionalista blanca. Los grupos extremistas conocidos o las personas inspiradas por la ideología extremista fueron responsables de 249 incidentes antisemitas en 2018, el nivel más alto de incidentes antisemitas con conexiones conocidas con extremistas o grupos extremistas desde 2004 y el tercer año más alto registrado desde que la organización inició un seguimiento de los datos en la década de 1970.

Se han violado los derechos de los pueblos indígenas. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada como componente del derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a la no discriminación en este contexto señaló en un informe que los nativo americanos fueron sometidos a un tratamiento adverso el 28 por ciento de las veces cuando trataron de alquilar una casa, en comparación con un individuo blanco no indígena igualmente calificado. A los nativos americanos también se les puede negar la extensión de los contratos de alquiler por motivos de discriminación. Un informe publicado el 18 de noviembre de 2019 por la Radio Pública Nacional, llamado "Cerrar la brecha de acceso al agua en Estados Unidos", muestra que los nativos americanos tienen más probabilidades de tener problemas para acceder al agua que cualquier otro grupo. Según el informe, 58 de cada 1.000 hogares de nativos americanos carecen de tuberías, en comparación con los 3 de cada 1.000 hogares de blancos. Esta disparidad tiene implicaciones para la salud pública. Los nativos americanos experimentan más muertes, pobreza y mayores tasas de desempleo. La incidencia de asesinatos y desapariciones contra indígenas está muy por encima del promedio. Los nativos americanos tienen casi cuatro veces más probabilidades de ser víctimas de homicidio que la población general en Montana, donde los nativos americanos son sólo el 6,7 por ciento de la población total, pero representan el 26 por ciento de los casos de personas desaparecidas. En Hawai, los indígenas hawaianos y otros isleños del Pacífico representaban solo el 10 por ciento de la población general, pero corresponden al 39 por ciento de las personas que no tienen hogar. Estos números continúan creciendo a medida que aumenta el costo de vida y el desarrollo del turismo los obliga a abandonar sus tierras. El 10 de mayo de 2019, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU envió una carta al gobierno de Estados Unidos expresando su preocupación por la construcción planificada de un telescopio de 30 metros en Mauna Kea, en el estado de Hawai pudiera afectar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales. También expresó su preocupación por las denuncias de una falta de consulta adecuada y de no buscar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. El Comité también expresó su preocupación por la profanación del complejo de dunas de arena Pu'uone, un lugar de entierro del pueblo indígena Kanaka Maoli en el centro de Maui, en el estado de Hawai, que según los informes se había utilizado para actividades extractivas durante un período de años sin el consentimiento libre, previo e informado de Kanaka Maoli y resultó en la eliminación de innumerables tumbas en el área.

Según una encuesta del Centro de Investigación Pew titulada Raza en América 2019, más de 150 años después de que la 13ª Enmienda aboliera la esclavitud en Estados Unidos, la mayoría de los adultos estadounidenses dicen que el legado de la esclavitud continúa teniendo un impacto en la posición de las personas de ascendencia africana en la sociedad estadounidense actual. Más de cuatro de cada diez dicen que el país no ha progresado lo suficiente hacia la igualdad racial. Alrededor del 58 por ciento dice que las relaciones raciales en Estados Unidos son malas, y alrededor del 65 por ciento considera que se ha vuelto más común que las personas expresen puntos de vista racistas en los últimos años. Alrededor del 76 por ciento de los afrodescendientes y asiáticos y el 58 por ciento de los hispanos señalan que han sufrido discriminación o que han sido tratados injustamente debido a su raza o etnia, al menos de vez en cuando. Un total del 53 por ciento de los encuestados dice que las relaciones raciales están empeorando. La mayoría de los afrodescendientes (73 por ciento), hispanos (69 por ciento) y asiáticos (65 por ciento) dicen que la administración actual ha empeorado las relaciones raciales, en comparación con aproximadamente la mitad de los blancos (49 por ciento). Alrededor del 59 por ciento dice que ser blanco ayuda a la capacidad de las personas de salir adelante en el país al menos un poco. Alrededor de dos tercios de los encuestados dicen que las personas de ascendencia africana son tratadas injustamente por el sistema de justicia penal y al tratar con la policía. Más de la mitad de los adultos afroamericanos dicen que no es muy probable que el país logre la igualdad racial.

IV. Discriminación severa y violencia contra las mujeres

Desde la fundación de Estados Unidos hace más de dos siglos, las mujeres han estado luchando por la igualdad de género. Pero incluso hasta el día de hoy, Estados Unidos aún no ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Las mujeres en Estados Unidos aún se enfrentan a discriminación sistemática, amplia e institucional, con una impactante discriminación de género abierta y encubierta en varias formas.

Las mujeres enfrentan agresiones violentas severas. Everytown Research informó en su sitio web el 17 de octubre de 2019 que Estados Unidos era el país más peligroso para las mujeres entre las naciones de altos ingresos considerando su uso generalizado y creciente de armas por parte de los abusadores. En 2015, un sorprendente 92 por ciento de todas las mujeres asesinadas con armas de fuego en estos países provenía de Estados Unidos. Las mujeres estadounidenses tenían 21 veces más probabilidades de morir por homicidio con arma de fuego que las mujeres en países similares, y casi la mitad de las mujeres víctimas de homicidio con arma de fuego fueron asesinadas por un compañero íntimo actual o anterior, según el informe. El estudio encontró que el acceso a un arma hacía cinco veces más probable que la pareja abusiva matara a su víctima femenina. Cada mes, un promedio de 52 mujeres fueron asesinadas a tiros por una pareja íntima, y 4,5 millones de mujeres informaron haber sido amenazadas con un arma. USA Today informó el 20 de noviembre de 2019 que el número de homicidios relacionados con violencia doméstica estaba aumentando. Según ONU Mujeres, hasta el 70 por ciento de las mujeres estadounidenses habían experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja íntima en su vida. Según la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica de Estados Unidos una de cada tres mujeres había experimentado algún tipo de violencia física por parte de una pareja íntima. De las mujeres asesinadas, una de cada tres fue asesinada por una pareja íntima.

Las mujeres enfrentan delitos sexuales comunes y acoso sexual. Según una encuesta conjunta de las instituciones incluyendo la organización sin fines de lucro estadounidense Stop Street Harassment y la Universidad de California en San Diego, el 81 por ciento de las mujeres habían experimentado algún tipo de acoso sexual durante su vida. Según un estudio publicado en JAMA Internal Medicine, más de 3,3 millones de mujeres estadounidenses de 18 a 44 años fueron violadas la primera vez que tuvieron relaciones sexuales. Los investigadores estimaron que una de cada 16 mujeres estadounidenses tuvo experiencias similares y la edad promedio de las mujeres que experimentaron una iniciación sexual forzada fue de 15,6 años. El sitio web de la ONU citó datos de ONU Mujeres, el 24 de noviembre de 2019, que aproximadamente una cuarta parte de las estudiantes universitarias informaron haber sufrido agresiones sexuales o una conducta sexual inapropiada. CNN informó el 2 de mayo de 2019 que, según un informe publicado por el Pentágono, las tasas de asalto sexual para mujeres en la fuerza de servicio activo aumentaron significativamente, con mujeres en edades de 17 a 24 años que corren el mayor riesgo de asalto sexual. Army Times informó el 21 de agosto de 2019 que la prevalencia de agresión sexual en el Ejército aumentó para las mujeres del 4,4 por ciento en 2016 al 5,8 por ciento en 2018.

Los casos de agresión sexual siguen aumentando. De acuerdo con el informe de Crimen en Estados Unidos de 2018 publicado por el FBI en 2019, hubo un estimado de 139,380 violaciones reportadas a la policía en 2018, el 2,7 por ciento más alto que el estimado de 2017 y el 18,1 por ciento más alto que el estimado de 2014. Según un informe del Denver Post del 15 de marzo de 2019, 51 mujeres presentaron cargos ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado contra el Comité Olímpico de EEUU, sus oficiales, directores y la junta nacional de gobierno por no evitar el abuso sexual por parte de ex entrenadores y el ex médico del equipo nacional Larry Nassar. La mayoría de los demandantes eran menores de edad en el momento del abuso y algunos aún eran menores de edad, y la atleta más joven que figura en la demanda tiene con solo ocho años. Las 51 demandantes dijeron que el Comité Olímpico de EEUU podría haber evitado el abuso de atletas jóvenes, pero no tomó medidas efectivas.

La discriminación de género en el lugar de trabajo ocurre ampliamente. El periódico The Louisiana Weekly informó el 16 de diciembre de 2019 que, entre las mujeres, más de cuatro de cada diez dijeron que habían experimentado discriminación de género en el lugar de trabajo cuando se trata de obtener igualdad de salario o promociones. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de los EE.UU. en noviembre de 2019 mostraron que, en 2018, las mujeres que eran trabajadoras a sueldo y con salario a tiempo completo tenían una media de ingresos semanales habituales que representaban el 81 por ciento de las ganancias de los trabajadores hombres a sueldo y con salario a tiempo completo. El 8 de febrero de 2019, el New York Times informó que en todos los lugares de trabajo de EE.UU. la discriminación por embarazo sigue siendo generalizada. Fueron ignoradas para promociones y aumentos salariales, y fueron despedidas cuando se quejaron, según el informe. HuffPost informó el 4 de diciembre de 2019 que Estados Unidos es uno de los pocos países que no garantiza ningún tiempo libre remunerado para las nuevas madres. El informe de New America mostró que el 48 por ciento de las madres habían tomado un permiso no remunerado para cuidar a un nuevo bebé. Cada niño recortó el 4 por ciento del salario por hora de una mujer, según un análisis realizado por un sociólogo de la Universidad de Massachusetts. El número de reclamos por discriminación en el embarazo presentados anualmente ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo había aumentado constantemente durante dos décadas y se mantenía cerca de un máximo histórico. Según los datos del World Economic Forum’s Global Gender Gap Index, se estimó que a Estados Unidos le tomaría otros 208 años alcanzar la igualdad de género.

Los problemas de discriminación de género y racial se superponen. Enfrentadas a la discriminación de género y racial, las mujeres de minorías étnicas se encontraban en condiciones particularmente miserables. Philanthropy News Digest informó el 8 de febrero de 2019 que, según una encuesta hecha a 4.300 empleados de organizaciones sin fines de lucro, las mujeres de color fueron tratadas injustamente en términos de encontrar nuevos empleos y promociones. WBUR informó el 28 de octubre de 2019 que solo alrededor del 20 por ciento de los hombres blancos trabajaban en empleos con salarios bajos, mientras que el 40 por ciento de las mujeres negras trabajaban en empleos con salarios bajos y, luego, el 46 por ciento de las mujeres latinas o hispanas. CNBC informó el 2 de abril de 2019 que las mujeres negras ganaban 61 centavos de dólar por cada dólar que ganaban los hombres blancos. El informe agregó que las mujeres nativas americanas ganaban 58 centavos por cada dólar, y las mujeres latinas ganaban 53 centavos. El Wall Street Journal informó el 22 de noviembre de 2019 que las mujeres latinas sufrían la peor brecha salarial de género para cualquier grupo de mujeres pertenecientes a minorías. Los datos para 2019 mostraron que las mujeres latinas ganaban 46 por ciento menos que los hombres blancos y 31 por ciento menos que las mujeres blancas.

Las mujeres enfrentan una amenaza más severa de la pobreza. USA Today informó el 6 de noviembre de 2019 que, según Wall St. 24/7, las mujeres tenían muchas más probabilidades que los hombres de vivir por debajo del umbral de la pobreza. Un total de 10,6 por ciento de los hombres en los Estados Unidos vivía por debajo del umbral de pobreza, mientras que el porcentaje era de 12,9 por ciento para las mujeres. La brecha salarial de género en los Estados Unidos se mantuvo entre las más altas del mundo rico y el 70 por ciento de los pobres de los Estados Unidos eran mujeres y niños. De los 7,1 millones de adultos mayores que viven en la pobreza en los Estados Unidos, casi dos de cada tres eran mujeres. La Oficina de Censo de los Estados Unidos estimó que el 16 por ciento de las mujeres mayores de 65 años vivían en o por debajo del umbral de pobreza. Las mujeres negras, hispanas y nativas americanas tenían casi dos veces más probabilidades de vivir en la pobreza que las mujeres blancas mayores. Según un estudio de Harvard, el Congreso de los EE.UU. redujo drásticamente los fondos para los centros de desarrollo empresarial de mujeres a partir de 2009. Además, casi todos los estados de los Estados Unidos recortaron los fondos y programas (también reducidos a nivel federal) que alguna vez ayudaron a las mujeres a criar a sus hijos y las capacitaron para volver a ingresar a la fuerza laboral. Tales movimientos habían exacerbado los problemas de pobreza de las mujeres.

V. Grupos vulnerables en dificultades

Como la mayor economía desarrollada del mundo, Estados Unidos se ha negado a ratificar múltiples convenciones internacionales clave de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. El gobierno de los EE.UU. no solo tiene una voluntad política insuficiente para mejorar las condiciones de los grupos vulnerables, sino que también sigue recortando proyectos de financiación relevantes. Decenas de millones de niños, ancianos y personas discapacitadas viven sin suficiente comida o ropa, y se enfrentan a amenazas de violencia, intimidación, abuso y drogas, lo cual está más allá de toda explicación.

La pobreza infantil es un problema impactante. The Hill informó el 18 de noviembre de 2019 que, si bien los niveles de pobreza extrema en todo el mundo habían disminuido drásticamente, la tasa de pobreza de los niños estadounidenses era aproximadamente la misma que hace 30 años. El informe de ingresos y pobreza del Instituto de Política Económica de 2018 mostró que, en todo el país, el 18,4 por ciento de los niños vivía en la pobreza, y el 13 por ciento de los niños vivía en áreas de pobreza concentrada. Los datos de la Oficina de Censo de EE.UU. mostraron que 12,8 millones de niños estadounidenses vivían en la pobreza en 2018. Los niños de color constituyeron casi las tres cuartas partes de todos los niños pobres en 2018. Casi uno de cada cuatro niños de color en los Estados Unidos era pobre. Un total de 3,5 millones de niños menores de 5 años eran pobres en 2018, con 1,6 millones de esos niños viviendo en pobreza extrema. La tasa general de pobreza infantil fue del 20,3 por ciento en Florida. Casi 1,2 millones de niños de California vivían en vecindarios de bajos ingresos, teniendo menos probabilidades que aquellos en áreas más ricas de tener acceso a escuelas públicas de calidad, alimentos saludables y atención médica, lo que también les dificulta salir del ciclo de pobreza una vez se convierten en adultos. Ningún niño debería tener que preocuparse de dónde vendrá su próxima comida o si tendrá un lugar para dormir cada noche en la nación más rica de la Tierra. Sin embargo, aproximadamente uno de cada cinco niños en los Estados Unidos vivía en la pobreza y enfrentaba estas duras realidades todos los días, según un informe emitido por el Children's Defense Fund.

El abuso infantil es un problema alarmante. El 28 de enero de 2019, la Administración de Niños y Familias de EE.UU., una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos, publicó el informe de Maltrato Infantil 2017, que muestra que aproximadamente 3,5 millones de niños estuvieron involucrados en los informes de víctimas infantiles, aumentando en aproximadamente 10 por ciento de 2013 a 2017. Las investigaciones encontraron alrededor de 674.000 niños víctimas de abuso y negligencia, 2,7 por ciento más que en 2013, de los cuales 1.720 niños murieron. Según los datos, el 18,3 por ciento sufrió abusos físicos y el 8,6 por ciento sufrió abusos sexuales. Indiana tuvo los peores problemas de abuso infantil, con la muerte de hasta 65 niños debido al abuso y/o negligencia desde el 1 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2017. CBS News informó el 6 de agosto de 2019 que se informaron aproximadamente 65.000 casos de abuso sexual infantil anualmente, según la organización sin fines de lucro American Society for the Positive Care of Children.

Las condiciones de seguridad dentro de los campus siguen empeorando. Según los datos publicados por el Centro Nacional de Estadísticas Educativas en abril de 2019, en 2017, entre estudiantes de 12 a 18 años, hubo en total aproximadamente 827.000 abusos en la escuela y 503.800 abusos fuera de la escuela. Hubo un aumento en el acoso cibernético en todo el país, con el triple de niñas que niños que denunciaron haber sido acosadas en línea o por mensaje de texto. Louisiana lideró en los Estados Unidos en incidentes de intimidación, con casi uno de cada cuatro estudiantes que informaron haber sido intimidados. Los tiroteos escolares tuvieron lugar una y otra vez. CNN informó el 19 de noviembre de 2019 que hubo 45 tiroteos escolares en las primeras 46 semanas de 2019, con un promedio de casi un tiroteo escolar por semana.

La pobreza de los ancianos empeora. MarketWatch informó el 19 de mayo de 2019 que, según una investigación realizada por Feeding America, una organización sin fines de lucro, existe una alarmante cifra que indica que una de cada 12 personas mayores de 60 años (5,5 millones de personas) no tenía suficiente comida en 2017. En Nuevo México, Louisiana y Mississippi, más del 10 por ciento de la población de adultos mayores está afectada por la crisis del hambre. Según un estudio realizado por el Centro Schwartz para el Análisis de Política Económica en la Nueva Escuela, aproximadamente el 40 por ciento de los estadounidenses de clase media vivirían cerca o en la pobreza para cuando cumplan 65 años. The Guardian informó el 24 de mayo de 2019 que la seguridad social era, en definitiva, insuficiente para proteger de la pobreza a un número sorprendentemente grande de estadounidenses mayores. De los que todavía estaban en edad laboral, el 62 por ciento de los afroamericanos y el 69 por ciento de los latinos no tenían ahorros para la jubilación, lo que significaba que dependían casi por completo de la seguridad social después de la jubilación.

Los gastos médicos son demasiado altos para que las personas mayores puedan pagarlos. Según una encuesta nacional publicada por Health Affairs en 2019, el 53 por ciento de los encuestados con enfermedades graves se enfrentaron a problemas graves al tratar sus facturas médicas, incluso si eran beneficiarios de Medicare. La Kaiser Family Foundation, una organización sin fines de lucro, dijo que las personas mayores de EE. UU. gastaron más en servicios de atención de largo plazo, que no eran cubiertos por Medicare. Entre ellos, las personas con enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Parkinson gastaron más en servicios de atención a largo plazo.

Los servicios de atención a personas mayores son caros y están llenos de problemas. SFGATE informó el 19 de octubre de 2019 que el costo de la atención a los ancianos en los Estados Unidos era demasiado alto. El costo podría poner a una familia en un hospicio a menos que la persona mayor califique para Medicaid. Por ejemplo, los hogares de ancianos en el condado de Albany cuestan alrededor de 400 dólares al día en promedio si la persona mayor no califica para Medicaid. Según un informe del Senado en 2019, casi 400 centros para ancianos en los Estados Unidos tenían serios problemas de cuidado de salud, seguridad o sanitarios, pero el gobierno federal había mantenido en secreto sus nombres, lo que hizo que los problemas quedaran sin resolver y difíciles de solucionar. Las tasas de abuso y suicidio de ancianos son impactantes. Medical Xpress informó el 14 de junio de 2019 que alrededor del 16 por ciento de los adultos mayores estadounidenses fueron víctimas de algún tipo de maltrato, incluida la explotación financiera, el abandono, el abuso físico, el abuso psicológico y el abuso sexual. Se gastaron más de 5.300 millones de dólares anuales en atención médica relacionada con lesiones sufridas por adultos mayores como resultado de delitos violentos. Más de 8.500 personas de 65 años o más se suicidaron en los Estados Unidos en 2017, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Debido al hecho de que las personas mayores eran más solitarias, más frágiles y más aisladas, una de cada cuatro personas mayores que intentaron suicidarse murió, 50 veces más que la posibilidad en personas más jóvenes.

Las personas con discapacidad enfrentan una severa discriminación al encontrar trabajo. El Centro para el Progreso Americano informó el 26 de julio de 2019 que los adultos discapacitados sufrieron pobreza a una tasa de casi el doble que la de sus homólogos no discapacitados. Uno de cada cuatro estadounidenses con discapacidades enfrentó desafíos extraordinarios para asegurar un empleo remunerado y establecer una seguridad financiera. Las generalizaciones y los estereotipos contra las personas con discapacidad persistieron. NBC News informó el 9 de agosto de 2019 que, según los datos federales de la fuerza laboral de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, los trabajadores con discapacidades fueron despedidos casi dos veces más que los que no tienen discapacidades. El gobierno despidió a 2.626 empleados discapacitados en 2017, un aumento del 24 por ciento con respecto a 2016. Un informe publicado en 2019 por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. mostró que la relación empleo-población para las personas con discapacidad en edad laboral disminuyó un 1,9 por ciento interanualmente.

La accesibilidad de los proyectos gubernamentales para ayudar a los discapacitados no es suficiente. El gobierno ha estado elaborando restrictivamente las definiciones especializadas de discapacidad para limitar el acceso a programas de apoyo esenciales como Medicaid y la asistencia alimentaria. Algunos proyectos para ayudar a los discapacitados los hicieron esperar demasiado tiempo, incluso durante años. Chicago Tribune informó el 3 de diciembre de 2019 que casi 20.000 personas con discapacidades de desarrollo en Illinois estaban en una lista de espera para recibir servicios de discapacidades, incluyendo atención en el hogar y entrenadores laborales, entre otros servicios. La mayoría esperó un promedio de siete años antes de ser seleccionados. USA Today informó el 16 de septiembre de 2019 que, según la Fundación Kaiser, más de 6 millones de niños con discapacidades físicas y mentales dependían de la atención médica del gobierno, pero estos programas estaban tan mal diseñados que dificultaban que sus beneficiarios recibieran buena y oportuna atención. El entorno sin barreras está en malas condiciones de construcción. Los Angeles Times informó el 1 de abril de 2019 que, debido a la mala supervisión del gobierno, un proyecto para construir apartamentos de bajos ingresos con fondos federales de Los Ángeles no permitió que los usuarios de sillas de ruedas tengan acceso seguro a cocinas, baños, balcones y otros espacios habitables. Los fregaderos y los mostradores de la cocina también eran inutilizables para los usuarios de sillas de ruedas, incumpliendo con los requisitos federales de vivienda y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. La National Law Review del 2 de agosto de 2019 informó que, en la primera mitad de 2019, los casos de accesibilidad al sitio web habían aumentado significativamente, donde los demandantes con discapacidades alegaron que no podían acceder a los sitios web. Fortune informó el 21 de septiembre de 2019 que, en enero de 2019, Parkwood Entertainment se convirtió en el demandado en una demanda colectiva alegando que violó la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y no pudo proporcionar facilidades a personas con discapacidades visuales significativas, dejando un estimado de 2 millones de personas ciegas y otras personas con discapacidad visual sin poder acceder al sitio web.

VI. Los inmigrantes padecen un tratamiento inhumano

Décadas de intervencionismo estadounidense en América Latina, el llamado ”patio trasero” de Estados Unidos, han llevado directamente al empeoramiento de la problemática de la migración en las Américas. El actual Gobierno del país norteamericano, actuando con base en consideraciones políticas, ha tomado medidas extremas y sin precedentes, y ha llevado a cabo acciones de aplicación de la ley inhumanas en contra de los inmigrantes, lo que ha resultado en frecuentes violaciones de los derechos humanos de este grupo, las cuales han sido enérgicamente condenadas por la comunidad internacional.

Política de ”tolerancia cero” lleva a la separación de familias. En años recientes, el Gobierno de Estados Unidos ha adoptado medidas cada vez más estrictas e inhumanas en contra de los inmigrantes. Entre ellas se encuentra una política de ”tolerancia cero” anunciada en abril de 2018, la cual ocasionó la separación de numerosas familias. La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés), informó el 25 de octubre de 2019 en su página web que las autoridades estadounidenses de inmigración habían separado a más de 5.400 niños de sus padres en la frontera con México desde julio de 2017. Lee Gelernt, fiscal de la ACLU, dijo que esta política inhumana e ilegal desbarató miles de familias, dejando sin sus padres incluso a bebés y niños pequeños. ”Las familias han sufrido tremendamente, y algunas nunca podrán recuperarse”. Algunos niños permanecieron detenidos durante meses en instalaciones separadas. Grabaciones de video suministradas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos mostraron a menores de edad en jaulas y apenas cubiertos con mantas. La práctica de forzar a los padres a separarse de sus hijos podría constituir ”abuso infantil aprobado por el Gobierno”, dijo Zeid Raad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en una sesión de Consejo de Derechos Humanos el 18 de junio de 2018. Felipe González Morales, relator especial de la ONU para los derechos humanos de los inmigrantes, hizo un llamado a poner fin a la detención de niños inmigrantes solos y de familias inmigrantes con niños por razones relacionadas con el estatus administrativo de su inmigración. El relator especial dijo que la detención de menores de edad con base en su estatus migratorio constituye una violación del derecho internacional, y señaló que dicha medida va en contra del bienestar de los niños y produce en ellos graves impactos adversos a largo plazo. El periódido The Washington Post informó en su edición del 30 de julio de 2019 que el Gobierno estadounidense había retirado cerca de 1.000 niños migrantes de sus padres en la frontera con México desde cuando un juez le ordenó limitar esa práctica más de un año atrás. Aproximadamente un 20 por ciento de esas nuevas separaciones afectaron a niños menores de 5 años. La práctica de separar forzadamente a los niños de sus padres constituye una grave violación de los derechos humanos de los migrantes. En un discurso pronunciado en la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el 9 de septiembre de 2019, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que la continua separación de niños migrantes de sus padres y el prospecto de una nueva regla de acuerdo con la cual los niños podrían ser detenidos de forma indefinida, había reducido drásticamente la protección de las familias migrantes. ”Nada puede justificar el someter a ningún niño a un trauma tan profundo”, dijo.

Los niños migrantes están padeciendo un suplicio. De acuerdo con un informe de The Washington Post publicado el 22 de agosto de 2019 en su página web, dos agencias federales que gestionan asuntos de inmigrantes -el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Seguridad Nacional- advirtieron que emitirían una regla según la cual a los niños les sería permitido permanecer con sus padres en centros de detención en Estados Unidos por un periodo superior a los actuales 20 días establecidos. Este cambio permitiría a la administración mantener familias enteras bajo custodia tanto tiempo como lo considerara conveniente y permitir un encarcelamiento virtualmente ilimitado de los niños. Para septiembre de 2019, por lo menos 2.838 niños migrantes no acompañados vivían en 35 refugios en el estado de Texas. Dichos refugios tienen una larga historia de visitas por parte de entidades reguladoras en las cuales se han descubierto serías deficiencias en materia de salud y seguridad. Entre 2016 y 2019, inspectores descubrieron más de 552 violaciones a este respecto en tales instalaciones. El diario The Los Angeles Times informó en su página de internet el 10 de diciembre de 2019 que tres niños murieron de gripe durante 2018 mientras eran mantenidos bajo custodia por las autoridades de inmigración. La tasa de mortalidad por gripe entre los niños migrantes bajo custodia de las autoridades federales de inmigración era nueve veces superior a la de la población general. El informe citaba al doctor Mario Mendoza, un anestesiólogo retirado, quien dijo que privar a los niños del cuidado de la salud que estaba a disposición era intencionalmente cruel e inhumano. De acuerdo con un reportaje de The New York Times del 26 de junio de 2019 en su página web, un grupo de periodistas, médicos y abogados fue autorizado a visitar la estación fronteriza de Clint, en Texas, en la que eran mantenidos cientos de niños migrantes. Uno de los médicos comparó el lugar con una ”instalación de tortura”. Según un informe publicado por el rotativo Baltimore Sun en su sitio web el 31 de julio de 2019, las condiciones de la Estación de Patrulla Fronteriza McAllen eran alarmantes. El autor del texto detalló: ”Vi a muchas familias amontonadas en condiciones de hacinamiento. Vi a niños detrás de rejas y, básicamente, en jaulas. Algunos de ellos estaban vestidos con ropa sucia que no habían podido cambiar desde que llegaron a Estados Unidos”. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo en un informe publicado en la página de internet de la ONU que estaba consternada por las condiciones de los inmigrantes y los refugiados en centros de detención en Estados Unidos. ”Me siento conmocionada de que los niños sean forzados a dormir sobre el suelo en instalaciones hacinadas, sin acceso a una atención en salud ni a una alimentación adecuadas, y en condiciones de salubridad deplorables”, manifestó, para luego agregar que la detención de niños migrantes puede constituir un tratamiento cruel, inhumano o degradante que está prohibido por el derecho internacional.

Los migrantes sufren un maltrato cruel. The Washington Post publicó un reportaje el 26 de noviembre de 2018 en su sitio de internet en el que afirmaba que las autoridades estadounidenses utilizaron gases lacrimógenos en múltiples ocasiones para detener a los migrantes de América Central, ocasionando heridas a varios de ellos. De acuerdo con un reportaje de The New York Times, el 21 de junio de 2019, un informe del Departamento de Seguridad Nacional mostró que el centro de procesamiento fronterizo de El Paso tenía bajo custodia más de 900 migrantes en una instalación diseñada para 125 personas. Algunos de los detenidos eran mantenidos por días o semanas en celdas en las que solo era posible estar de pie. El 10 de julio de 2019, la revista Time informó en su página web que 24 inmigrantes habían muerto estando bajo custodia de Estados Unidos desde 2018. Según un informe de Arizona Range News en su página web, el 8 de julio de 2019, el grupo comunitario Arizona Jews for Justice (Judíos de Arizona por la Justicia) realizó demostraciones en frente de la oficina principal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) en Phoenix el 2 de julio de 2019, exigiendo una mejor asistencia médica y denunciando las pobres condiciones a las que están sujetos quienes son mantenidos en las instalaciones federales de las zonas fronterizas. El informe señalaba que el ICE, a cargo de la detención a largo plazo de migrantes adultos y de algunas familias, operaba instalaciones en las que se descubrieron flagrantes violaciones a los estándares de detención, entre ellas la presencia de sogas en las celdas, comida que ya había superado la fecha de vencimiento, inadecuada atención en salud y sanitarios enmohecidos. Además, se pudo establecer que se habían registrado incidentes de seguridad que no fueron reportados. CNN informó el 22 de junio de 2018 graves abusos en instalaciones de detención. Según la cadena noticiosa, los registros médicos del Centro de Tratamiento Shiloh, una de las instalaciones mencionadas, mostraban que a los niños les estaban inyectando sedantes y medicinas antisicóticas. Un niño de 13 años procedente de El Salvador describió un incidente en el que, después de intentar escapar, fue asaltado por el personal del centro, dejándolo con inconsciente y con heridas. Posteriormente, y a pesar de que él manifestó no estar de acuerdo, le fue aplicada una inyección de una droga "para calmarle”. Una niña de 11 años identificada como Maricela en los registros judiciales dijo que estaba tomando diez píldoras al día que tenían efectos secundarios como dolores de cabeza, pérdida del apetito y náuseas. Un adolescente que salió de Guatemala huyendo de un padre abusivo y de las labores forzadas a las que era sometido, ha estado bajo custodia federal por casi dos años en el Centro de Detención Juvenil del Condado de Yolo, en California, otra instalación segura financiada por el Gobierno para alojar niños migrantes, a la cual él describió como una cárcel juvenil en la que él y los demás jóvenes eran tratados como delincuentes. En el Centro Juvenil de Shenandoah Valley los detenidos denunciaron ser agredidos con un bolígrafo, mantenidos con esposas, ser sometidos a burlas por parte del personal y ser privados de sus vestimentas y colchones.

Estados Unidos es el culpable del empeoramiento de los problemas de inmigración en las Américas. El diario The Guardian informó en su edición web del 19 de diciembre de 2018 que ”la desestabilización en la década de los 80, la que en gran medida fue una parte de los esfuerzos de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, fue increíblemente importante para generar el tipo de condiciones políticas y económicas que existen hoy en esos países (...) Las familias en las caravanas de migrantes que hoy avanzan hacia Estados Unidos están tratando de escapar un infierno que el mismo Estados Unidos ayudó a crear”. Un artículo publicado por commondreams.com el 15 de agosto de 2019 dice que los factores que impulsan a los centroamericanos a dejar atrás sus países son la corrupción política y la represión, el poder de los carteles de las drogas y el cambio climático, factores todos que, de muchas formas, pueden ser atribuidos a las acciones de Estados Unidos en América Latina durante décadas.

VII. Estados Unidos deliberadamente pisotea los derechos humanos en otros países

Con el fin de mantener su hegemonía sobre el mundo, Estados Unidos ha puesto en práctica el unilateralismo y ha pisoteado el orden internacional y el sistema internacional, que tienen como núcleo los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Como un país que es tan bueno para retirarse de los mecanismos de cooperación, romper compromisos, eludir sus responsabilidades internacionales y sacudir las bases de la cooperación global, que siempre impone sanciones y recurre a la fuerza, Estados Unidos es el culpable de haber sumido a muchos lugares en todo el mundo en el caos y las perturbaciones, y es el responsable de los desastres humanitarios consiguientes.

El militarismo ha llevado a desastres en materia de derechos humanos. En un discurso pronunciado en junio de 2019, el expresidente estadounidense Jimmy Carter señaló que Estados Unidos había disfrutado de solo 16 años de paz en sus 242 años de historia, lo que le convertía en ”la nación más guerrerista en la historia del mundo”. Estados Unidos ha estado en guerra por décadas, participando en conflictos en Irak, Afganistán, Siria y Yemén, entre otros. La mayoría de esas guerras fueron iniciadas por el mismo Estados Unidos con acciones unilaterales, sin autorización ni del Consejo de Seguridad de la ONU ni del Congreso de Estados Unidos. Estas guerras han causado un gran número de víctimas y enormes pérdidas materiales, lo cual ha dado origen a espantosos desastres en materia de derechos humanos. El costo estimado de la guerra mundial contra el terrorismo de Estados Unidos desde finales de 2001 se sitúa en 6,4 billones de dólares, y se estima que hasta 801.000 personas han muerto en las guerras posteriores a los ataques del 11 de septiembre, de acuerdo con informes emitidos por el proyecto Los Costos de la Guerra (Costs of War) del Instituto Watson para Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad Brown en 2019. Según estadísticas, la guerra en Afganistán cobró la vida de más de 40.000 civiles, y alrededor de 11 millones de afganos han terminado como refugiados. Más de 200.000 civiles han muerto en la guerra en Irak y cerca de 2,5 millones han sido convertidos en refugiados. La cifra de civiles muertos en la guerra en Siria supera los 40.000, en tanto que 6,6 millones de ciudadanos han debido huir del país. El Gobierno de Estados Unidos ha protegido a criminales de guerra y ha sido cómplice de sus crímenes. Rupert Colville, portavoz de la Oficina de Altos Comisionados de la ONU para los Derechos Humanos, expresó el 19 de noviembre de 2019 la preocupación de la oficina con respecto al perdón presidencial de Estados Unidos para tres militares estadounidenses acusados de crímenes de guerra. Los tres casos constituyen graves violaciones a la ley humanitaria internacional, por ejemplo ”abrir fuego en contra de un grupo de civiles y la ejecución de un integrante de un grupo armado que había sido capturado”, señaló Rupert.

Acciones acosadoras para intimidar instituciones internacionales. En un discurso pronunciado el 10 de septiembre de 2018, John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, advirtió que los jueces, los fiscales y el personal de la Corte Penal Internacional (CPI) enfrentarían acciones si seguían adelante con sus investigaciones sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos por Estados Unidos, Israel y otros aliados estadounidenses. Bolton dijo que las medidas incluirían ”todos los medios necesarios”, entre ellos denegar la entrada a Estados Unidos de jueces y fiscales de la CPI, congelar sus fondos en el sistema financiero estadounidense, y, por último, la posibilidad de ser juzgados en Estados Unidos. Dijo, además, que la misma disposición aplicaría a las compañías o a los Estados que asistieran a la CPI en la investigación de ciudadanos estadounidenses. En marzo de 2019, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos revocaría o negaría los visados a los miembros de la CPI involucrados en investigaciones en contra de tropas estadounidenses en Afganistán o en cualquier otro lugar del mundo, y amenazó con sanciones económicas. ”Estas amenazas constituyen una interferencia indebida con la independencia de la CPI y podría obstaculizar la capacidad de los jueces, fiscales y el personal de la CPI para llevar a cabo sus deberes profesionales”, dijeron expertos de la ONU en una declaración publicada en la página web de la ONU el 22 de marzo de 2019. ”Estas amenazas podrían desestimular a los defensores de los derechos humanos, a las organizaciones de la sociedad civil, a los representantes de las víctimas, a las compañías y a otros de cooperar con la CPI en la búsqueda de la verdad y la justicia”, sostiene la declaración. Previamente, fiscales de la CPI habían solicitado a los jueces que investigaran presuntos crímenes de guerra por parte de todos los actores en conflicto en la guerra en Afganistán. Algunos militares e integrantes de los organismos de inteligencia estadounidenses eran sospechosos de ”tortura, tratos crueles, atentados en contra de la dignidad personal, abuso sexual y violación” en contra de detenidos en Afganistán y en otros lugares. De acuerdo con James Goldston, experto en derecho, las declaraciones de los altos funcionarios estadounidenses dejaban en claro que el Gobierno de Estados Unidos solo toma el derecho internacional en serio cuando es en el interés propio de Estados Unidos.

Sanciones unilaterales que violan gravemente los derechos humanos en otros países. Con base en un informe publicado en la página de internet de la ONU el 7 de noviembre de 2019, por 28º año consecutivo la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución pidiendo el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas del 28 de mayo de 2019, titulado, ”Necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos en contra de Cuba”, el embargo económico y comercial de casi seis décadas es una enorme, flagrante y sistemática violación de los derechos humanos de todos los cubanos. ”Es imperativo que el Gobierno de Estados Unidos escuche el llamado de cumplir con las 27 resoluciones adoptadas por la comunidad internacional en la Asamblea General y ponga fin de manera incondicional a su política de embargo en contra de Cuba”, sostiene el informe. En una declaración publicada en el sitio web de la ONU el 8 de agosto de 2019, la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos sobre Venezuela tendrían implicaciones de largo alcance sobre los derechos a la salud y a la alimentación en un país donde ya había una grave escasez de bienes escenciales.

Estados Unidos se niega a cumplir con sus obligaciones internacionales. En los últimos años, Estados Unidos se retiró de varios mecanismos multilaterales pensando solo en sus propios intereses, entre ellos el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Unesco y el Pacto Mundial sobre Migración, rompiendo las reglas y creando problemas para el sistema de gobernanza internacional. En su página web, la cadena CNN informó el 4 de noviembre de 2019 que Estados Unidos había entregado formalmente la notificación de su retiro del Acuerdo de París para el cambio climático. ”Esto también envía un poderoso mensaje al resto del mundo: que en momentos en que los dañinos impactos del cambio climático se hacen cada vez más evidentes, Estados Unidos, que de acuerdo con análisis recientes ha contribuido más al calentamiento global que ninún otro país, no será parte del cambio internacional para solucionar la crisis”, afirma el informe.

La gente no es ciega. Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha venido mostrándose engañosamente como el supuesto ”modelo de rol” para defender los derechos humanos jugando al mismo tiempo de forma flagrante con doble rasero en cuanto a los derechos humanos. Los derechos humanos, vistos por Estados Unidos como una herramienta para mantener su hegemonía, han sido defendidos o violados por este país con base en sus propias necesidades. Los hechos hablan más fuerte que las palabras. Estados Unidos, un país con serios problemas en materia de derechos humanos dentro de su propio territorio, pisotea inescrupulosamente los derechos humanos de la gente en otros países, lo que resulta en sufrimientos inenarrables. Tales acciones hirientes constituyen graves violaciones a la moralidad internacional y a la conciencia humana, y son aborrecidas por todas las personas que se aferran a la bondad y la justicia. Le aconsejamos a las autoridades de Estados Unidos controlar su arrogancia y prejuicio y examinar sinceramente sus propios problemas de derechos humanos y solucionarlos, en lugar de señalar a otros países y emitir declaraciones irresponsables.