Costa Rica reporta déficit fiscal de 2,9% del PIB hasta julio de 2017

SAN JOSE, 20 ago (Xinhua) -- Costa Rica acumuló un déficit financiero del 2,9 del Producto Interno Bruto (PIB) durante los primeros siete meses de 2017, informó hoy el Ministerio de Hacienda del país centroamericano.

Según las cifras oficiales del gobierno costarricense, la diferencia negativa responde a un déficit primario (sin contabilizar el pago de intereses) del 1,2 por ciento de la producción, número que fue complementado por el pago de las deudas estatales, que significó el 1,7 por ciento restante.

En montos reales, Costa Rica registró ingresos por 4.564 millones de dólares en el periodo analizado, mientras que los egresos alcanzaron poco más de 6.221 millones.

Este balance negativo responde a un contexto de inestabilidad financiera en Costa Rica, el cual ha sido analizado por distintos entes especializados, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al respecto, el Fondo ha advertido la detección de algunos síntomas que podrían llevar a la insostenibilidad financiera del país centroamericano, que registró un déficit del 5,2 por ciento del PIB en 2016 y que podría experimentar uno aún mayor este año.

Precisamente, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyecta un déficit financiero del 6,1 por ciento para este 2017, por lo que las autoridades ejecutivas impulsan un proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Hacienda Pública, con el objetivo de mejorar la recaudación tributaria y regular algunas partidas del gasto.

La idea del gobierno es lograr que la Asamblea Legislativa apruebe este proyecto lo antes posible, de modo que se mitiguen los posibles efectos del déficit en materia de financiamiento y compromisos sociales.

Esta situación es de especialmente importante para el gobierno costarricense, puesto que -según proyecciones del BCCR- la diferencia negativa incluso podría alcanzar un 6,6 por ciento del PIB para el año 2018, siempre y cuando no se realicen ajustes para evitarlo.

Por el momento, el gobierno costarricense propone el proyecto de ley antes mencionado, en el que recoge medidas como la aplicación gradual de un nuevo modelo de renta global y la aplicación de un impuesto al valor agregado en lugar del impuesto sobre las ventas; así como la instauración de una regla de responsabilidad fiscal y un ajuste en materia de salarios públicos. Fin