CARACAS, 21 jul (Xinhua) -- El vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Congreso) de Venezuela, Freddy Guevara, aseguró hoy que la designación de 33 magistrados del Poder Judicial, hecha este viernes por la fracción opositora del Congreso, es "totalmente legal".

El Congreso nombró hoy de manera unilateral a los integrantes de las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin aval del Poder Ciudadano, acción que fue declarada "nula" e "írrita" por el mismo Supremo venezolano.

A juicio de Guevara, la Constitución "es clara en términos de que el ente encargado de nombrar a los magistrados del TSJ es la Asamblea Nacional".

No obstante, el artículo 264 de la Carta Magna establece que a pesar de que la iniciativa debe provenir de un Comité de Postulaciones de la AN, también se debe contar con un informe de preselección de candidatos hecho por el Poder Ciudadano, para avanzar en un nombramiento definitivo de los funcionarios judiciales.

Guevara aseguró que no cumplieron este proceso porque "el Poder Ciudadano no quiso avanzar" en la designación de los magistrados y, por ende, decidieron culminar los nombramientos de manera unilateral.

El funcionario acusó en ese sentido al presidente del Consejo Moral Republicano y defensor del pueblo, Tarek William Saab, así como al contralor general, Manuel Galindo, dos de las tres autoridades que conforman el también llamado Poder Moral, a quienes la oposición acusa de estar a favor del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"Nosotros no podemos frenarnos en un tema muy importante como es el de los magistrados, simplemente porque dos personas del Poder Ciudadano no quieran colaborar con la restitución del orden constitucional", sostuvo el vicepresidente de la AN.

Asimismo, acotó que la AN actuó conforme a los artículos 333 y 350 de la Constitución, los cuales establecen que la Carta Magna no puede perder su vigencia o ser derogada, además de que la población venezolana puede "desconocer cualquier régimen" que contraríe los principios democráticos.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) afirma que el gobierno de Maduro pretende derogar la actual Constitución mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y ha interpretado el artículo 350 del texto normativo conforme al desconocimiento del gobierno.

Tras la designación unilateral de los magistrados, la Sala Constitucional del TSJ pidió a órganos militares y civiles acciones coercitivas en contra de la AN, por presuntamente haber incurrido en los delitos de "usurpación de funciones" y "traición a la patria". Fin