El legislativo aprobó la llamada “Declaratoria de crisis humanitaria en materia alimentaria en Venezuela”, texto que será enviado a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales.

El documento, que contó con el visto bueno de la mayoría de la oposición parlamentaria y el voto ausente del grupo oficialista, consideró que "el modelo económico impuesto por el Ejecutivo nacional basado en estatismo, expropiaciones arbitrarias, controles abusivos de precios y en desprecio de la iniciativa privada en la economía solo ha tenido como resultado el colapso a niveles históricos en la producción nacional".

Además indicó que la inflación anual, cifra que no ha sido publicada por el Banco Central desde el 2015, ha alcanzado el 700% y que la escasez de productos de primera necesidad supera el 90%.

Agregó que la crisis sin precedentes se ve reflejada en el 82% de hogares pobres y el 73% de personas con bajo peso. A ello se suma un 52% de niños que corren el riesgo de caer o que ya han caído en la desnutrición y 3 millones de venezolanos que comen desperdicios.

La declaratoria criticó a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) creados hace casi un año por el Gobierno de Maduro para vender y distribuir alimentos básicos, los cuales se han hecho cargo de "solo el 10 por ciento de la población". Los CLAP "no atacan las causas de la crisis alimentaria al ser un mecanismo basado netamente en las importaciones de productos que además propicia la corrupción".

El informe concluyó con la creación de una comisión especial que analizará las acciones a tomar en cuenta "para impedir que la crisis humanitaria siga causando perjuicios irreversibles a los venezolanos" e identificará las "fuentes de cooperación internacional para combatir el hambre en Venezuela".