El Tribunal Popular Supremo (TPS) y la Fiscalía Popular Suprema (FPS) prometieron hoy domingo ayudar a mantener la estabilidad social y mejorar el crecimiento económico ante el crucial congreso del Partido Comunista de China (PCCh) que se celebrará en Beijing en la segunda mitad de este año.

"Protegeremos con determinación la seguridad política del país, sobre todo la seguridad del poder del Estado y el sistema político", dijo el jefe del TPS, Zhou Qiang.

Mientras presentaba un informe de trabajo del Tribunal Popular Supremo en una reunión plenaria de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (APN), Zhou afirmó que los tribunales ayudarán a crear un ambiente social "seguro y estable" así como un entorno legal justo y equitativo.

Los líderes de Estado y del Partido Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan y Zhang Gaoli asistieron a la reunión plenaria celebrada hoy en Beijing.

Zhou prometió severidad ante los delitos contra la seguridad nacional, los violentos y los terroristas, con respeto a la ley.

Los tribunales se esforzarán por aplicar mano dura en delitos graves como el asesinato y el robo, y dictarán las debidas sentencias sobre quienes estén implicados en fraude de las telecomunicaciones y por internet, a fin de mantener la estabilidad social, indicó.

Por otra parte, el fiscal general, Cao Jianming, prometió castigar severamente las actividades de infiltración, subversión y sabotaje a manos de fuerzas hostiles, los crímenes violentos y terroristas, las actividades separatistas étnicas y el extremismo religioso con el fin de proteger la estabilidad y la seguridad y fomentar la armonía.

Los crímenes relacionados con bandas de tipo mafioso, fabricación y tráfico de armas, explosivos y drogas, trata de mujeres y niños, así como los delitos que socaven la defensa nacional y los intereses militares serán castigados severamente, añadió Cao en un informe sobre la labor de la FPS.

Los tribunales chinos condenaron el año pasado a varias personas por subvertir el poder de estado, entre ellos a Zhou Shifeng, un abogado que anteriormente dirigía el bufete de abogados Fengrui en Beijing, y Hu Shigen, líder de una iglesia ilegal. Zhou fue condenado a siete años de prisión y Hu a siete y medio por un tribunal de la municipalidad de Tianjin.

Firmeza en la lucha contra la corrupción

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