El Senado de Bolivia aprobó este viernes la nueva Ley General de la Coca, la cual fue turnada al Ejecutivo para su promulgación, y amplía de 12.000 a 22.000 el número de hectáreas en los plantíos de la hoja.

Se prevé que en las próximas horas la ley sea promulgada para su entrada en vigor por el presidente boliviano Evo Morales. Se trata de un marco normativo que fue aprobado sin modificaciones en sus 35 artículos y ocho disposiciones transitorias.

El artículo 16 de la Ley General de la Coca establece el cultivo legal de hasta 22.000 hectáreas en el país sudamericano, distribuidas en al menos 10 provincias de los departamentos de La Paz (oeste) y Cochabamba (centro).

Su primer artículo señala como objetivo la revalorización, producción, circulación, transporte, comercialización, consumo e industrialización de la planta en su estado natural, considerando que la hoja no es estupefaciente.

Previamente, la Cámara de Diputados aprobó la víspera esta iniciativa, luego de un acuerdo alcanzado en la ciudad de La Paz entre autoridades y productores de hoja de coca.

La aprobación de este viernes en el Senado requirió de poco más de cuatro horas de debate, durante el cual no se hicieron observaciones al documento aprobado previamente por la cámara baja.

La nueva ley eleva en 10.000 las hectáreas en plantaciones legales de la hoja, fijadas en 12.000 por la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas en 1988.

El nuevo marco normativo asigna 14.300 hectáreas de estos plantíos al departamento de La Paz en las provincias de Nor, Sud Yungas, Caranavi, Inquisivi y Larecaja, mientras que en Cochabamba serán 7.700 hectáreas.

La vigente Ley 1008 establece tres zonas de cultivo de plantíos de coca (las tradicionales, las de transición y las zonas ilícitas), al tiempo que la nueva ley delimita dos zonas (las autorizadas y las no autorizadas).

Las facciones opuestas no consiguieron detener la aprobación de la iniciativa en el Senado, frente a una mayoría legislativa del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) que la aprobó con más de dos tercios de los presentes.

Legisladores opositores consideran que el aumento en la cantidad de plantíos de hoja de coca fortalecerá la actividad del narcotráfico y el crimen organizado en Bolivia.

La legisladora opositora del partido Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa, cuestionó la legalización de 22.000 hectáreas de hoja de coca.

Dijo que el gobierno boliviano acordó en 2008 con los cocaleros de la región occidental de los Yungas y del departamento central de Cochabamba autorizar el número de hectáreas.

Por su parte, el senador Bernard Gutiérrez, del partido opositor Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), criticó que la actual administración resuelva los conflictos como respuesta a la coyuntura y sobreponga los intereses del sector cocalero del Chapare.

Lamentó que el gobierno no haya sustentado con un estudio la ampliación de los cultivos de hoja de coca hasta 22.000 hectáreas.

Gutiérrez dijo que ello significa que si sólo se requieren 6.000 para consumo de la población, el resto queda en el aire y presumiblemente iría al narcotráfico.

En 2012, el Ejecutivo elaboró un informe sobre consumo de hoja de coca, que estableció un requerimiento superior a las 14.000 hectáreas como mínimo de cultivos legales, estudio financiado por la Unión Europea (UE) y realizado durante más de cuatro años.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, justificó la nueva ley y la ampliación legal de plantíos, frente a la reacción de opositores que cuestionan la eliminación de un impuesto que incluía el proyecto original.

Recordó que la todavía vigente Ley 1008 sataniza a la hoja de coca, poniéndola en el mismo rango que los estupefacientes, por lo que busca eliminar "la sagrada hoja" en el país y acabar con los bolivianos que practican el "acullico" (mascado del bolo de la hoja).

La Ley 1008 establece que ningún productor recibirá licencia para incrementar sus cultivos, por lo que según Cocarico la actual producción estaría en una situación de ilegalidad y por tanto los cocaleros sujetos a sanción penal.

Cocarico remarcó que la nueva ley protege a la planta de coca y la declara como "patrimonio renovable de por vida".

El ministro sostuvo también que ahora deben implementarse políticas para el reconocimiento y recuperación de la identidad, así como de la esencia histórica de la planta.

Se deben promover las cualidades de la hoja en su estado natural, además de fomentar la producción orgánica y en pro del medio ambiente, así como incentivar la investigación, industrialización y exportación, y promover el consumo de sus derivados. F