Ficha de las fuerzas de seguridad brasileñas sobre Lúcio Bellentani, militante comunista detenido en una fábrica de Volkswagen en São Paulo en 1972

 

 

(SPANISH.CHINA.ORG.CN)- Cuando Lúcio Bellentani consiguió empleo para uno de los mayores fabricantes mundiales de autos en 1964 en Brasil, tenía grandes expectativas. “Nunca imaginaba que la Volkswagen podía permitir que la represión entrase ahí (y) torturase ahí”, dice.

Y asegura que eso fue exactamente lo que le pasó a él.

Bellentani tenía 28 años y trabajaba en la manutención de herramientas de la fábrica de la firma alemana en São Bernardo do Campo, región metropolitana de São Paulo, cuando lo detuvieron una noche de julio de 1972.

“Me esposaron y me llevaron al departamento de personal. Comencé a ser torturado ahí, a recibir puñetazos, bofetadas, puntapiés”.

En el operativo participaron miembros del temido Departamento de Orden Político y Social (Dops), que controlaba y reprimía movimientos políticos contrarios al régimen militar brasileño de aquel entonces (1964-1985).

Pero Bellentani recuerda que también los acompañaba el entonces jefe de seguridad de la fábrica, coronel Adhemar Rudge.

Alguien delató a Bellentani por pertenecer al Partido Comunista Brasileño (PCB) y quienes lo detuvieron querían descubrir el grado de organización política y sindical que tenían los obreros de la fábrica.

Lo llevaron a la sede del Dops, donde estuvo 47 días incomunicado, y lo torturaron con “todo lo que te puedas imaginar”.

Su caso es uno entre varios citados en una denuncia presentada esta semana contra Volkswagen por extrabajadores, sindicatos y activistas que acusan a la empresa de haber colaborado con los órganos de represión del régimen militar.

“Empresa líder”

La demanda civil ante la fiscalía brasileña señala en total a 12 extrabajadores de Volkswagen que sufrieron detenciones y torturas, y varios otros que fueron vigilados ilegalmente.

Se basa en testimonios y documentos recabados por la Comisión de la Verdad que, a pedido de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, investigó y reportó los abusos del régimen.

El informe final de la Comisión recomendó en diciembre juzgar penalmente a los agentes públicos que cometieron “graves violaciones de derechos humanos” en ese período, algo que el país ha evitado por una ley de amnistía de 1979.

Por eso, la denuncia contra Volkswagen fue presentada el martes en la esfera civil, reclamando al Ministerio Público que investigue los casos y reclame una “reparación colectiva” a la empresa.

“Hubo intereses comerciales, industriales, empresariales y económicos vinculados a las Fuerzas Armadas que contribuyeron mucho al mantenimiento del régimen”, dice Rosa Cardoso, una abogada que integró la Comisión y ahora participa de la demanda a la empresa alemana.

“La Volks fue una empresa líder en ese sentido”, agregó.

Cardoso sostiene que la compañía proporcionó autos al régimen, monitoreó obreros en locales de trabajo, entregó datos sobre ellos a agentes de seguridad y permitió que los arrestaran ilegalmente.

Lula espiado

Entre los documentos de la denuncia hay informes del ministerio brasileño de Aeronáutica de 1983 y 1984, sobre reuniones en un área industrial de São Paulo de militares, policías y representantes de empresas de la región, incluida Volkswagen.

Los textos tratan sobre acciones gremiales y despidos masivos que causaban inquietud en la zona, pero la firma alemana aparece aportando información detallada sobre sindicalistas: reuniones, actividades y hasta una película que vieron sobre la revolución rusa.

Entre los presuntamente espiados por Volkswagen figura Luiz Inácio Lula da Silva, que en aquellos años era un exsindicalista metalúrgico que lideraba el Partido de los Trabajadores (PT) y más tarde fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010.

Los documentos no detallan cómo se obtuvo la información.

También hay una “lista negra” del Dops con nombres y domicilios de cientos de obreros de decenas de empresas de la región metropolitana de São Paulo, siendo Volkswagen la que tenía más (73).

Los denunciantes creen que el hecho de que la información fuera tan detallada (aparecen apuntes sobre las áreas en las que se desempeñaba la mayoría de los trabajadores) sugiere que fue proporcionada por las propias compañías.

“Coincidencia”

Los denunciantes esperan que esta demanda allane el camino para acciones similares contra otras compañías por sus presuntos vínculos con las fuerzas de seguridad del régimen brasileño.

“Comenzamos por la Volks, pero hay otras empresas también que tenemos elementos para acusar”, dice Cardoso.

Esta acción ocurre en momentos en que la marca alemana enfrenta la peor crisis de su historia, tras admitir que instaló un software en 11 millones de sus autos de todo el mundo para eludir controles medioambientales.

Cardoso cree que el hecho de que ambos casos ocurran simultáneamente “es una coincidencia difícil para la empresa, pero puede tener la ventaja de llevarla a una reflexión más profunda sobre sus métodos”.

Bellentani cuenta que mientras estuvo preso e incomunicado su esposa iba diariamente a la fábrica de Volkswagen a preguntar por su paradero, pero el jefe de seguridad recién le informó que estaba en el Dops cuando ésta dijo que accionaría el seguro de vida.

Siguió detenido durante un año, hasta que la justicia lo absolvió por falta de pruebas, pero el fallo fue apelado y en 1975 lo condenaron a dos años de cárcel.

Hoy con 71 años, afirma que secuelas psicológicas por los abusos que recibió continúan.

“De noche a veces me despierto sobresaltado”, señala. “Lo que espero es que se haga esa reparación moral, donde la Volkswagen y otras empresas reconozcan el error que cometieron”.

Reportaje realizado por BBC Mundo