Entre las tareas de los diputados de la Asamblea Popular Nacional (APN) está la consideración del borrador de enmiendas a la Ley de Legislación, virtualmente la única en el mundo, sobre la que descansa la definición del proceso para la creación de leyes en China.

La discusión para esta enmienda cobra importancia por la misión actual de China, que en cumplimiento de tareas integrales, la profundización de la reforma entre ellas, requiere de una herramienta legal que elimine obstáculos para la generación de leyes que permitan este fin.

Esta ley ha llamado la atención internacional por el énfasis que hace en el carácter cualitativo de la tarea legislativa, toda vez que ordena y sistematiza procesos, al igual que por una peculiaridad inclusiva, que considera una participación ciudadana más amplia en el proceso legislativo.

Es en la amplitud del carácter inclusivo que la enmienda adquiere un nuevo giro en las discusiones legislativas de estos días, con la posibilidad de que el número de ciudades chinas con un poder legislativo propio aumente exponencialmente, impulsando desde otras trincheras el ímpetu para la profundización de la reforma.

La afinación del campo de los gravámenes fiscales está generando también una gran expectación, principalmente por aquellos gravámenes que no están contemplados por la ley, y cuya suerte cae en regulaciones o reglas provisionales, abriendo la puerta a discrepancias de solución arbitraria.

Las implicaciones de Ley de Legislación no sólo atañen a ciudadanos chinos sino también al vasto número de intereses extranjeros, principalmente aquellos inmersos en la generación de bienes. La definición de los derechos de compañías extranjeras en zonas de libre comercio dependen, sin mucho preámbulo, del perfeccionamiento de la Ley de Legislación.

La trascendencia de estas discusiones, inéditas en una sesión plenaria de la XII APN, refuerza junto con la profundización de la reforma integral, otra de las cuatro tareas dictada por el presidente Xi Jinping, el afianzamiento de la construcción nacional por la vía del imperio de la legalidad.

Es en el reforzamiento de la construcción de un estado de derecho que queda garantizado la transferencia de un nuevo poder a gobiernos locales para la gestión urbana y rural, con la libertad de formular nuevos marcos en temas medioambientales o programas de desarrollo y saneamiento, en apego a las condiciones y demandas inherentes de las localidades.

La transferencia de poder ha llamado la atención de algunas voces, preocupadas por la ampliación de las capacidades enmarcadas dentro de las atribuciones clásicas de las autoridad local. Por ello, la discusión será intensa, lo que seguramente conducirá a un énfasis en la especificidad y la naturaleza del poder encerrado en las nuevas responsabilidades.