El debate sobre el financiamiento climático es al final una lucha sobre quién es el responsable por el cambio climático y a quién le corresponder pagar. Las estimaciones del costo varían ampliamente dependiendo de los criterios que se usan, pero todos tienen un tronco común, la magnitud es mucho mayor que las sumas prometidas y distribuidas para hacer frente al problema.

El Centro del Sur, un instituto de investigación con representaciones en países en vías de desarrollo, considerando las evaluaciones sobre mitigación y adaptación, encontró que la suma necesaria para el cambio climático oscila entre los 600 mil millones y los 1.5 billones de dólares por año.

En las conversaciones de clima de la ONU celebradas en Copenhague, el mundo desarrollado se comprometió a ofrecer 30 mil millones de dólares de 2010 a 2012 como un gesto de buena voluntad, conocido como financiamiento “de inicio veloz” y acordó una suma de 100 mil millones anuales para 2020. Pero hasta ahora la caja del Fondo Climático Verde de la ONU es aún magra, conteniendo poco más de la contribución del gobierno de Corea del Sur de 40 millones de dólares para cubrir gastos administrativos del Fondo Climático Verde, con sede en Incheon.

Oxfam, la organización para el desarrollo internacional, informó que las contribuciones para el financiamiento climático demandadas por los países desarrollados el año pasado llegaron a los 16.3 mil millones de dólares. No obstante, si los préstamos que deben ser devueltos se excluyeran, esto caería hasta los 7.6 mil millones. Las promesas se han estancado o han declinado debido a la crisis financiera internacional, y muchos países están simplemente etiquetando la ayuda para el desarrollo como ayuda para el financiamiento climático.

Al mismo tiempo, los países desarrollados han cambiado sus posturas: De prometer fondos públicos a ofrecer sumas privadas como una forma para cumplir la promesa de Copenhague de los 100 mil millones de dólares. Los fondos públicos ya entregados catalizarían las inversiones privadas.

Los países en desarrollo, por su parte, están preocupados por la falta de lo que es acuñado como “propiedad estatal” de recursos, lo que significa que los gobiernos nacionales y locales deberán decidir qué proyectos continuarán en sus propias áreas, y gestionar qué recursos deberán distribuirse, al tiempo que funcionan bajo los lineamientos internacionales. El acceso directo a estos fondos, o la mejora de acceso directo con una descentralización más profunda de la gestión nacional, se ha convertido en un gran escollo, con los Estados Unidos reacios a apoyar este enfoque.

Los países desarrollados han presionado a las economías emergentes a comprometerse a cumplir cuotas de emisiones de C02, pero los países BRICs, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se niegan si quiera a considerar esta idea si los países del norte no cumplen sus promesas sobre el financiamiento climático. El Convenio Marco de la ONU sobre Cambio Climático sostiene que los países industrializados desempeñan un papel principal en la crisis climática y que deben pagar por ello. Todo esto hace mucho más difícil alcanzar un nuevo pacto climático mundial en París para diciembre de 2015.