La capital china cuenta con la capacidad de garantizar la seguridad alimentaria para los atletas y el público que asistirán a los Juegos Olímpicos Beijing 2008, manifestó ayer un funcionario del gobierno de la ciudad.

"Beijing ha establecido un mecanismo de control de seguridad alimentaria que cubre todo el proceso, desde la producción hasta la mesa, para certificar que los alimentos que se consumirán durante las Olimpíadas sean completamente confiables", comentó Ma Lin, director de la Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología de Beijing.

Ma señaló que desde el 2002, la ciudad ha establecido 25 estándares locales de seguridad alimentaria, así como elegido a nueve granjas en sus afueras como proveedoras certificadas de los productos más importantes, como carnes y vegetales, para los Juegos.

La comida olímpica producida en otras ciudades y regiones será inspeccionada en base a esos mismos estándares, agregó.

Asimismo, declaró que se ha diseñado un sistema de seguimiento para el transporte de los alimentos que serán servidos en la ciudad, especialmente en las sedes olímpicas.

Según reportes anteriores, el sistema incluye códigos de barras que actúan como "tarjetas de identidad" para vegetales y ganado. Los citados códigos permitirán a las autoridades y al público obtener información sobre el área y la fecha en los que fueron producidos los víveres, el proveedor, la marca, y el origen de las semillas, utilizando los escáneres de los supermercados, por vía telefónica, y a través del Internet y mensajes de texto.

"Probamos el sistema de seguimiento de alimentos en Olimpiadas Especiales que tuvieron lugar en Shanghai a mediados del año pasado y funcionó a la perfección", declaró Ma.

Adicionalmente, China hizo público el nuevo borrador de su ley de seguridad alimentaria, la cual establece castigos que varían desde multas hasta cadena perpetua para los productores de alimentos que no reúnan las debidas condiciones de sanidad, a fin de que la ciudadanía exprese sus opiniones con respecto a la misma.

Dentro de las multas que considera la nueva legislación también se encuentran la confiscación de los ingresos de quienes produzcan alimentos que representen riesgos para la salud, así como la revocación de sus certificados de producción.