Por Jorge Fernández

Ante la profesionalización de la corrupción, las instituciones del estado encaran colosales retos. Sin el florecimiento de valores éticos y morales en el alma social, los trabajos desplegados por el estado quedarán rebasados por la sofisticación de los esquemas del cohecho.

En la lucha contra la corrupción, un elemento fundamental es la construcción de un estado de derecho. Es solo con la construcción de un sistema en el que la ley existe y se ejecuta eficientemente, que nacen las condiciones para impedir el cohecho en el gobierno. China ha apuntalado ambas columnas, aunque aún existen elementos que estimulan la proliferación de este mal.

Un estado en el que el equilibrio de poderes es débil, edifica por sí mismo cargos en los que la concentración del poder a manos de una autoridad es absoluta. Es en ese entorno que las condiciones para obrar equivocadamente surgen, y en donde los actos de corrupción, aparentemente invisibles a ojos de las instituciones y de la ciudadanía, brotan como retoños de bambú.

Aquellos capos disfrazados de servidores públicos han sido sometidos por una guerra desplegada por el gobierno chino. Con la asesoría de miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC), y con la ratificación de legisladores de la Asamblea Popular Nacional (APN), el pueblo chino ha fortalecido su sistema jurídico y ha inventado candados que someten al poder a la legalidad.

Campañas nacionales han sido desplegadas para denunciar a aquellos bajo sospecha de abusar de los poderes que les concede el estado. Figuras de alto perfil en las filas del Partido y del gobierno han sido juzgados y sentenciados por la ley. Y a ellas se suman miles de casos sancionados mensualmente por la Comisión Central Disciplinaria del Partido por caer en hábitos de trabajo indeseables.

Estos trabajos han fortalecido al Partido Comunista de China, al tiempo que han aumentado la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones. Hay, no obstante, abundantes retos por identificarse que deberán encararse desde el terreno legislativo, gubernamental y cívico, redoblando los esfuerzos y no cejando un solo instante, so pena de descuidar terrenos en los que la sofisticación haga invisible al delito.

En primer lugar, la ley debe estar por delante de los esquemas innovadores que emplean algunos servidores públicos. La corrupción es un entramado de intereses en los que el funcionario público es únicamente la tapa de una Caja de Pandora en la que empresas e individuos disfrutan de sofisticados beneficios materiales e inmateriales. Las leyes por consiguiente deben poseer vigor para atacar a redes en las que el cohecho o la gratificación es material e inmaterial, y en las que están involucrados funcionarios, familiares, corporaciones y multinacionales que han hecho de la corrupción un trabajo profesionalizado.

En segundo lugar, las campañas gubernamentales contra la corrupción no pueden ser actos temporales, productos de una administración o de un momento político. La corrupción es un virus mutante, capaz de evolucionar y asumir cada vez más un mayor grado de sofisticación. La profundización del proceso de reforma hace que China experimente una nueva transformación, en la que las variables del trabajo económico cambian y en donde se están abriendo nuevos espacios aún no contemplados por la ley para la incubación de la corrupción. Esto sugiere que mientras no se consolide plenamente un imperio de la ley en China, las campañas gubernamentales contra la corrupción deberán ejecutarse ininterrumpidamente.

En tercer lugar, China necesita urgentemente incorporar en el alma de la población códigos morales que rijan el proceder y las acciones de los individuos. Es insuficiente recitar de memoria e irreflexivamente lineamientos de conducta, con la esperanza de que la existencia de normativas institucionales reprima a los seductores tentáculos de la corrupción. La moral no parte de un panfleto sino del alma misma del ser, es un valor incorruptible que se inculca en el seno familiar y para el que no hay poder que pueda socavarlo. El sistema familiar de China, sometido a décadas de experimentos y transformaciones, debe incorporar valores que fomenten la moral como parte inherente en la conducta del ser.

Junto a la construcción de un estado de derecho, para lo cual es clave el trabajo conjunto de órganos asesores y legislativos como la CCPPCh y la APN, deberán vigorizarse también los esfuerzos emprendidos por el gobierno y por el Partido, pero sobre todo, habrá que estimularse en mayor medida la proliferación de valores morales en el seno mismo del sistema familiar. Solo así la lucha contra el complejo sistema de la corrupción será una batalla desplegada eficiente e integralmente.