Por Jorge Fernández

Este año, el anuncio del primer ministro, Li Keqiang, de delegar mayor autoridad a gobiernos locales, quedó enmarcado con la palabra 任性 (renxing), un fenómeno verbalizado por los usuarios de la internet, que hace alusión a comportamientos obstinados o caprichosos de aquellos con poder o riqueza.

En el discurso presentado ante la III Sesión de la XII Asamblea Popular Nacional (APN), el primer ministro usó esta popular expresión para aclarar que el gobierno no debe obstinarse ni debe conservar caprichosamente el poder, a menos de que exista una buena razón para ello (有权不可任性).

Así, con una expresión tomada de la internet, Li Keqiang presenta a la opinión pública de China los trabajos que la dirigencia emprende para conceder a gobiernos locales nuevas atribuciones, mismas que, huelga decir, son necesarias para que las fuerzas del mercado asuman un papel primordial en la economía.

Y es en la consecución de ese fin que las enmiendas a la Ley de Legislación, encargada de establecer los procesos para la creación de leyes, asumen un papel estratégico, simplemente porque en sus manos está otorgar a los gobiernos locales poderes que los constituyen como puntales de la profundización de la reforma integral.

Todos los esfuerzos apuntan a transferir mayores atribuciones al mercado y a la sociedad, recurriendo a la “sustracción” de atribuciones gubernamentales a favor de la “multiplicación” del vigor del mercado, todo ello, bajo principios simples, “que no permiten a nadie con el poder en su mano actuar caprichosamente”, como se traduce oficialmente en español, o “powers should not be held without good reason” como se traduce en inglés.

En este proceso orientado al fortalecimiento del estado chino, la construcción integral de un Estado de derecho, parte de las cuatro tareas integrales presentadas por el presidente Xi Jinping, se erige como un pilar fundamental en la transferencia de poderes a gobiernos locales, a la sociedad y a las fuerzas del mercado.

La descentralización de los poderes y la autoridad que se delega para el cumplimiento de tareas administrativas, requieren de un equilibrio legal, fuerte y eficiente, que permita a cada uno de los miembros del sistema político, la ejecución plena de funciones, sin perjuicio a terceros, minimizando los numerosos intereses que se crearán durante el proceso de transferencia.

La construcción integral de un Estado de derecho eleva la capacidad para el establecimiento de un orden social sano, bajo el que las acciones de gobernantes y gobernados, parten de límites a la libertad establecidos por un sistema regido por las leyes. Un Estado de derecho en China resulta fundamental en un momento de transición de poderes y en el que el mercado asume un rol primordial.

Un poder sin equilibrios conduce por regla general a la ejecución de excesos cuyos efectos pueden resultar irreparables. Encerrar al poder en las jaulas de un sistema legal, sin distinción de cargo, nivel o membresía política, será la constante en este 2015, año de profundización integral de la reforma, y en el que los gobiernos locales desempeñarán un nuevo papel rumbo al fortalecimiento del estado chino.

Jorge Fernández Montes es periodista adscrito al Buró de Expertos Extranjeros de China.

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