Cao Jianming, fiscal general de la Fiscalía Popular Suprema (FPS) de China, prometió hoy lunes más esfuerzos para salvaguardar los derechos humanos en la campaña contra los crímenes, así como para evitar las decisiones judiciales arbitrarias e injustas.

De acuerdo con un informe de la labor de la FPS presentada hoy ante la actual sesión parlamentaria anual de China, Cao reconoció que los derechos e intereses legítimos de las personas implicadas en litigios no están suficientemente bien protegidos.

"Nos hemos dado cuenta de que nuestro trabajo todavía no cumple las exigencias de la profundización de las reformas de China ni alcanza las expectativas del pueblo", dijo Cao.

El fiscal general subrayó que en 2014 la FPS se esforzará por garantizar la aplicación estricta de las leyes y la administración imparcial de la justicia, centrándose en la rectificación de las prácticas ilegítimas, tales como el procesamiento de casos de manera selectiva, la recolección de pruebas de manera ilegal y la imposición de sentencias inadecuadas.

Es menester prevenir las decisiones judiciales erróneas e injustas y proteger las prácticas legítimas de los abogados, añadió.

China ha sido testigo del incremento del clamor popular por una justicia más equitativa después de que hayan surgido múltiples escándalos de juicios arbitrarios.

En 2004, Zhang Hui y su tío, Zhang Gaoping, ambos oriundos de la provincia oriental china de Anhui, fueron sentenciados a pena de muerte y a cadena perpetua, respectivamente, acusados de la presunta violación y el asesinato de una chica de 17 años.

En una revisión del caso, Zhang Hui fue condenado a muerte con dos años de suspensión y su tío a 15 años de prisión, antes de que por fin se les absolviera de todas las acusaciones en marzo del año pasado por falta de pruebas.

Cao aseveró que las fiscalías chinas optimizaron un sistema de exigencia de responsabilidades para descubrir, rectificar y evitar posibles desiciones judiciales arbitrarias e injustas, y se adhirieron al principio de "inocente hasta que se demuestre la culpabilidad" el año pasado.

En 2013, las fiscalías chinas anularon la detención de 100.157 personas y la acusación de 16.427 personas por motivos de falta de pruebas y de que sus hechos no constituían actos criminales.

Los fiscales realizaron más de 72.000 sugerencias el año pasado para rectificar las prácticas ilegítimas, entre ellas abusar de las medidas obligatorias, recabar evidencias de manera ilegal y obtener confesiones por fuerza.

Además, los fiscales presentaron apelaciones contra 6.354 veredictos criminales erróneos e injustos, agregó Cao.