El ministro de Agricultura chino, Han Changfu, enfatizó hoy jueves que la transferencia de tierras en las zonas rurales se debe realizar gradualmente y de manera ordenada en vez de forzada ante las prácticas de algunos gobiernos locales deseosos de alcanzar rápidamente las metas de la reforma.

"El traspaso de tierras rurales debe llevarse a cabo conforme a la ley, respetando la voluntad (de los campesinos) y compensándolos", apuntó Han durante una rueda de prensa celebrada en el marco de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, APN, máxima legislatura del país.

Las declaraciones de Han eran una respuesta a la situación que protagonizaron algunos gobiernos locales que establecieron unas metas en la implementación de la transferencia de tierras rurales y obligaron a los campesinos a ceder su derecho al uso de los terrenos después de que el país anunciara en noviembre su intención de profundizar la reforma en las zonas de campo.

En China, los terrenos urbanos son de propiedad estatal, mientras que los rurales pertenecen a un colectivo. Los campesinos apenas gozan del derecho del uso y no pueden vender o hipotecar la tierra directamente.

Sin opciones para un mejor empleo o salario, más de 260 millones de campesinos abandonan el campo para trabajar en las ciudades, lo que deja una gran cantidad de tierras sin cultivar.

Las autoridades han tomado medidas para promover el mejor uso de dichos terrenos. Según una reunión clave del Partido Comunista de China en noviembre, se permite a los campesinos transferir o hipotecar su derecho al uso de la tierra, así como a transformar sus derechos al uso de la misma en acciones de entidades agrícolas de gran escala.

"Se tiene que aclarar que el sujeto de la transferencia de tierras rurales son los campesinos, no los mandos", advirtió Han, quien agregó que los gobiernos deben proteger plenamente los intereses de los campesinos.

El ministro también destacó que las tierras se deben utilizar para cultivar tras la transferencia.

China ha prometido mantener 1.800 millones de mu (120 millones de hectáreas) de campos de cultivo, una cifra considerada "línea roja" para garantizar la seguridad alimentaria.