En la década de 1980, el gobierno chino definió la protección medioambiental como una de las políticas básicas del país. En 1984, se fundó la Comisión Estatal de Protección Medioambiental, y en 1989 se promulgó la Ley de Protección del Medio Ambiente, la primera de su tipo. Luego de la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en 1992, China fue uno de los primeros países en elaborar y poner en práctica la estrategia de desarrollo sostenible. En 1993, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la RPCh fundó su Comisión de Medio Ambiente y Recursos. Hasta la fecha, la Asamblea Popular Nacional y el gobierno de China han hecho públicas 8 leyes de protección medioambiental, 14 leyes de administración de recursos naturales y 35 normativas de protección medioambiental de carácter jurídico, sobre cuya base los departamentos encargados de la protección medioambiental han adoptado más de 100 disposiciones de carácter nacional y más de 1.000 normativas de carácter local, referentes a este dominio. Con ello se ha perfeccionando el sistema jurídico medioambiental.
Los problemas del medio ambiente surgen y evolucionan día tras día por causa del acelerado desarrollo económico y del modelo altamente consumista y contaminante. El plan de desarrollo estatal, definido luego de entrar en el siglo XXI, plantea que la aplicación de la estrategia verde constituye una opción necesaria para el desarrollo sostenible de la economía china. Esta estrategia abarca los siguientes puntos: desarrollar una economía circulatoria, elevando los efectos del uso de los recursos; desarrollar la producción limpia, rebajando los costos de la contaminación en el proceso de producción; desarrollar el consumo de productos naturales, reduciendo los daños al ecosistema en el curso del consumo; explotar nuevos energéticos y hacer realidad la superación radical del modo de producción y su transición a una civilización industrial ecológica, propiciando un ambiente ecológico donde coexistan en armonía hombre y naturaleza.
China cambia radicalmente las modalidades tradicionales de protección del medio ambiente, al pasar de la toma de medidas en la etapa de terminación de una obra a la adopción de medidas de supervisión y control durante todo el proceso. La Ley de Fomento de la Producción Limpia entró en vigor el 1 de enero de 2003 y la Ley de Evaluación de los Efectos Medioambientales, el 1 de septiembre del mismo año. Ambas leyes proporcionan garantía a este cambio. La primera exige controles en todos los eslabones de la producción, desde el diseño de la producción, la selección y uso de energéticos, las materias primas y materiales, las tecnologías y técnicas, el mantenimiento y reparación de los equipos, el reciclaje y aprovechamiento de los residuos, etc., todo con el fin de disminuir la generación de contaminantes y fomentar el aprovechamiento mediante el reciclaje de los recursos. La segunda exige a los departamentos correspondientes del Consejo de Estado y de los gobiernos locales de los municipios con nivel de división administrativa de distrito urbano para arriba efectuar la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente, redactar informes o explicar por escrito los planes relacionados con el aprovechamiento de terrenos, los planes sobre la construcción, explotación y aprovechamiento de las regiones, de las cuencas de los ríos y esferas marítimas. La Administración General Estatal de Protección Medioambiental adoptó y puso en práctica desde octubre de 2002 la medida concreta, de enviar personal especializado a 13 obras de importancia nacional, entre ellas el ferrocarril Qinghai-Tíbet, que enlaza la provincia de Qinghai con la región autónoma del Tíbet, y el proyecto del gaseoducto oeste-este, a supervisar las condiciones del medio ambiente en el curso de las obras.
