La estructura y el sistema judiciales de China forman parte importante del régimen de política democrática socia- lista. Desde hace muchos años, China viene estableciendo y perfeccionando el sistema judicial y su mecanismo de trabajo, ha intensificado el desarrollo de la democracia judicial, y se ha esforzado por garantizar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y las personas jurídicas por medio de la justicia justa, para materializar la igualdad y justicia sociales.

China tiene instituidos los órganos judiciales y fiscales, subordinados a las asambleas populares, y sigue el sistema judicial de separación de los órganos judiciales de los fiscales. Este sistema judicial encarna el carácter del régimen socia- lista que defiende la ejecución de la voluntad popular en el manejo del país, mientras toma como referencia las expe- riencias de desarrollo de sistemas judiciales de otros países. Basándose en los hechos y apoyándose en la ley, los órganos judiciales castigan las actividades criminales y garantizan los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

La Constitución y la ley de China estipulan: Los tribu- nales populares y las fiscalías populares ejercen su labor con independencia de los poderes judicial y fiscal dentro de las estipulaciones de la ley, responden a las asambleas popu- lares, y se someten a su supervisón, sin admitir injerencias de ningún órgano administrativo, organización social ni individuo. Los órganos judiciales realizan independientemente sus actuaciones dentro de las atribuciones establecidas por la ley. Toda actividad que intervenga en el ejercicio independiente de los órganos judiciales de sus poderes judicial y fiscal va en contra de la Constitución y la ley. Sobre esta base, China ha establecido el sistema que permite a los tribunales ejercer independientemente el poder judicial según la ley en la instrucción de los casos civiles, administrativos y penales, y el sistema que permite a las fiscalías ejercer su labor inde- pendientemente, según la ley, que autoriza la detención, la acusación pública, la protesta y la supervisión de la ejecución de la ley.

Como órganos judiciales del Estado, los tribunales populares, guiados por los principios de la justicia y la independencia judiciales en la instrucción de los casos, refor- man y perfeccionan el sistema judicial, y a través del mismo castigan a la delincuencia y protegen al pueblo. En la instrucción de casos penales se aplica el sistema de defensa, se concede importancia a las pruebas, no se da por sentada la veracidad de las confesiones y se protegen los derechos de los acusados; en la instrucción de los casos civiles, se protegen los derechos de los litigantes, y se ofrece una garantía judicial para que los ciudadanos ejerzan sus derechos democráticos y para que los litigantes gocen de sus derechos civiles; en la instrucción de los casos adminis- trativos, se protegen los derechos legítimos de los ciudadanos contra la violación de las actividades ilegales de los órganos administrativos. En 2004, los tribunales populares a todas las instancias del país instruyeron y concluyeron, según la ley, 644.248 casos penales de primera instancia, 4.303.744 casos civiles, y 92.192 casos administrativos. Los tribunales popu- lares chinos revocaron veredictos erróneos en 16.967 senten- cias, cifra que representa el 0,34% de los casos sentenciados. En los últimos años, los tribunales populares han mejorado continuamente los procedimientos procesales, garantizando los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y las personas jurídicas y resolviendo el problema de la difícil ejecución de las sentencias.

China tiene establecidos el Tribunal Popular Supremo, los tribunales populares locales, los tribunales militares y otras cortes populares especiales. A finales de 2004, en China había 3.548 tribunales populares regulares y especiales, con 190.627 jueces.

Como órganos estatales de supervisión de la ley, las fiscalías populares tienen a su cargo la lucha contra el delito, así como investigar y sancionar los delitos perpetrados por los trabajadores estatales, tales como la corrupción, el soborno, el prevaricato y la violación de los derechos, y cumplen la función de supervisar la ejecución de la ley en los pleitos penales, defendiendo la justicia judicial y la unifica- ción del sistema legal. En la supervisión de la ejecución de la ley en los pleitos penales, se supervisan de manera general la apertura, la investigación y la instrucción de los casos y el cumplimiento de las penas sentenciadas, persistiendo en combatir los crímenes y garantizar los derechos humanos a la misma vez. En la supervisión de la ejecución de los pleitos civiles, se protegen sobre bases de igualdad los derechos e intereses legítimos de los pleitantes, poniendo el énfasis en los casos que violen seriamente los procedimientos estable- cidos por la ley, desnaturalicen la ley por soborno y practi- quen el favoritismo, ocasionando veredictos injustos. En los últimos años, los órganos fiscales promueven de manera general la administración fiscal abierta, han establecido el sistema de notificación de derechos y deberes a los litigantes, el sistema de verificación abierta de los casos no procesales, de apelación penal y de protesta administrativa civil, así como el mecanismo de trabajo para garantizar que los aboga- dos cumplan sus deberes en los pleitos penales, asegurando así la justicia judicial. En 2004, los órganos fiscales deci- dieron no arrestar a 68.676 personas que según la ley no se debía arrestar, y no acusar a 26.994 personas; corrigieron 2.699 casos indebidamente abiertos por los órganos de investigación penal; se formalizaron protestas sobre 3.063 sentencias penales; se formalizaron protestas sobre 13.218 sentencias civiles y administrativas y se presentaron propues- tas fiscales de reconsideración en 4.333 casos; se abrieron y reconsideraron 5.569 casos de apelación penal, y cambiaron los fallos originales en 786 casos.

China tiene establecidas la Fiscalía Popular Suprema, las fiscalías populares locales, las fiscalías militares y otras fiscalías especiales. A finales de 2004, en China había 3.630 físcalías populares con 140.077 fiscales.

Las prácticas judiciales de China siguen, tanto en término institucional como en el procedimiento, el principio de la igualdad de todos ante la ley y el de la aplicación de sanciones según la ley, salvaguardan y materializan la justicia judicial y garantizan los derechos democráticos del pueblo y los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, a través del sistema de juicio por categorías, el de recusación, el de instrucción abierta, el de jurado y supervisión populares, el de abogado, el de asistencia jurídica y el de mediación popular.

— El sistema de instrucción abierta. La Constitución y las leyes concernientes de China establecen el sistema de instrucción abierta. En los últimos años, el Tribunal Popular Suprema ha exigido a los tribunales de todas las instancias instruir los casos de manera abierta y en estricto cumpli- miento de la ley, conducir las sesiones judiciales de manera abierta, lo que se aplica asimismo al comprobar las pruebas y anunciar las condenas. Los tribunales populares han intensi- ficado aún más el sistema de instrucción abierta en todos los casos, excepto en aquellos que no resultan convenientes instruirlos de manera abierta. Se pronostican todos los casos que resultan lícitos de instruirse abiertamente, y se acepta la audiencia de los ciudadanos comunes y los periodistas en todo el proceso de instrucción. Los tribunales populares invitan a los diputados a las asambleas populares y los miem- bros de la CCPPCh a presenciar la instrucción abierta y garantizan sus actividades de inspección judicial.

— El sistema de jurado popular. A comienzos de la fundación de la Nueva China, el Estado hizo estipulaciones sobre el sistema de jurado popular en las leyes concernientes. Después se configuró una estipulación completa sobre este sistema en la Ley Organizativa de los Tribunales Populares y otras leyes. En agosto de 2004, el Comité Permanente de la APN aprobó la Resolución para Perfeccionar el Sistema de Jurado Popular, definiendo en forma más clara la esfera, las condiciones, la elección, los derechos y las obligaciones de los jurados populares. Dentro de las estipulaciones de la ley, los tribunales populares ejecutan a conciencia el sistema de jurado popular, y garantizan la intervención y supervisión directas del pueblo sobre las actividades judiciales.

— El sistema de supervisión popular. Al practicar el sistema de supervisón popular y someter el trabajo fiscal al escrutinio de las masas populares se reflejan la demanda de la democracia judicial. A partir de octubre de 2003, los órganos fiscales de China hicieron experimentos sobre el sistema de supervisión popular en más 10 provincias, regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción central. Después, esta reforma sobrepasó el 86% de cobertura de las fiscalías populares de todo el país. Los supervisores popu- lares se eligen recomendados por los órganos estatales, grupos populares, empresas e instituciones públicas. Sus deberes son evaluar de manera independiente y presentar su opinión sobre los casos retirados, no procesales y sobre los casos en que los supuestos delincuentes no han quedado convencidos de la decisión del arresto, entre otros casos que los órganos fiscales abren e investigan directamente. Mientras tanto, a invitación de las fiscalías populares, pueden tomar parte en otras actividades supervisoras de la ejecución de la ley durante la investigación de los casos delictivos, y hacen propuestas y comentarios si descubren violaciones de la ley y de la disciplina. A finales de 2004, se eligieron y nombraron en todo el país a 18.926 supervisores populares, quienes supervisaron la instrucción y la conclusión de 3.341 casos.

— El sistema de abogado. La Ley de Abogado, promulgada en 1996, configura de manera inicial el marco elemental del sistema de abogado con peculiaridades chinas, y hace estipulaciones sobre los derechos y obligaciones de los abogados en los procedimientos judiciales y administra- tivos, así como en la vida social. A finales de 2004, en el país había más de 118 mil abogados activos y 11.691 oficinas de abogados. Las oficinas de abogados, antes todas de propie- dad estatal, coexisten con las de asociación y de cooperación. Las oficinas de abogados asociados ya representan el 68,6% del total. Se ha autorizado su servicio en el territorio chino a las representaciones de 148 oficinas de abogados de 17 países. La región administrativa especial de Hong Kong ya tiene establecidas más de 48 representaciones de oficinas de abogados. En 2004, los abogados de todo el país atendieron más de 1,5 millones de casos procesales y más de 800 mil no procesales. Gracias al establecimiento y el perfeccionamiento del sistema de abogados, los letrados recurren a los recursos jurídicos y defienden los derechos e intereses legítimos de los litigantes y la ejecución correcta de la ley, salvaguar- dando la justicia y la igualdad sociales.

— El sistema de asistencia jurídica. La asistencia jurídica es una importante medida para garantizar los derechos e intereses legítimos de la gente necesitada y materializar la justicia judicial. Desde 1994, China empezó a explorar para establecer el sistema de asistencia jurídica con peculiaridades chinas. En septiembre de 2003, se pusieron en vigor los Reglamentos para la Asistencia Jurídica, definiendo el marco básico del sistema de asistencia jurídica. A finales de 2004, se constituyeron más de 3.023 órganos de asistencia jurídica de los gobiernos locales, entre los cuales, 2.628 son del nivel distrital. Así que se configuró una red de órganos de asistencia jurídica que cubre de manera preliminar las zonas rurales y la población necesitada. En todo el país 10.458 personas trabajan a tiempo completo en la asistencia jurídica, entre ellos 4.768 son abogados. Los gobiernos locales vienen incrementando año tras año los fondos destinados a la asistencia jurídica, de 18,69 millones de 1999 hasta 217,21 millones de 2004, con un promedio anual de incremento de 212%. En la actualidad, se está edificando el sistema de pago trasladado de las haciendas central y provincial de asistencia jurídica a las zonas pobres. En los últimos diez años, los abogados de los órganos de asistencia jurídica, los trabaja- dores jurídicos de base y los voluntarios de todo el país des- pacharon en total más de 1,1 millones de casos de asistencia jurídica de diferentes tipos, en los cuales más de 1,6 millones de personas se beneficiaron de la asistencia jurídica. En los últimos años, muchos grupos sociales, organizaciones popu- lares, y centros docentes superiores participan en la asistencia jurídica.

— El sistema de mediación popular. La mediación popular consiste en resolver las disputas y llegar a un acuer- do entre los interesados bajo la mediación del comité de mediadores populares, organizado según la ley. Ella se basa en la voluntariedad de los interesados, y se logra mediante el pleno razonamiento, discusión democrática y persuasión paciente, dentro del marco de la ley, los reglamentos y las políticas del Estado y de la moral social. Hoy día, en todo el país hay más de 860 mil comités de mediadores populares con más de 6,6 millones de miembros, quienes median cada año en un promedio de 6 millones de casos de disputas, consiguiendo éxitos en más del 95% de ellos.

Con el fin de adaptarse mejor a la demanda de gobernar el país según la ley y construir una sociedad socialista armoniosa, China se atiene a la demanda de la justicia judicial y a la estricta ejecución de la ley, perfecciona la estructura de los órganos judiciales, la división de sus atribuciones y el sistema administrativo, y mejora el sistema judicial de la división clara de los derechos y las responsabilidades, la cooperación y restricción recíprocas entre los diferentes órganos y la operación altamente eficiente. Con todo ello se garantiza en lo institucional que los órganos judiciales y fis- cales cumplan con independencia sus poderes respectivos según la ley, se defiende mejor la autoridad judicial y salva- guardan los derechos democráticos, los derechos e intereses legítimos de las masas populares, y la justicia social.