Según las autoridades, la respuesta judicial ha mejorado y muestra de ello es que en los últimos cinco años 145.000 maltratadores han sido condenados a penas de cárcel, aunque muchas mujeres permanecen calladas o renuncian a llevar adelante un proceso judicial. De las 470.706 mujeres que presentaron denuncias desde 2007, el 46,7 por ciento decidió no seguir con la acusación.

El miedo y la vergüenza siguen impidiendo que muchas féminas denuncien su situación, de ahí que los datos sobre la violencia de género en el mundo sean insuficientes e inconsistentes. No obstante, en las últimas dos décadas se han logrado avances y el tema no solo ha salido a la luz pública, sino que también ha sido incluido en agendas políticas internacionales y nacionales.

Gracias a las gestiones de las propias organizaciones de mujeres y de algunos gobiernos, casi medio centenar de países tienen ya una legislación específica sobre la violencia doméstica y se han instituido importantes planes nacionales de acción para erradicar este mal. Sin embargo, hay muchos escenarios en los que la falta de recursos adecuados sigue impidiendo el progreso.

El Instituto de Medicina Legal de Nicaragua reportó la alarmante cifra de 11.313 casos de violencia doméstica en 2009, en el 70 por ciento de los cuales las víctimas fueron mujeres. Mientras tanto, en Guatemala, son 381 las muertes de mujeres notificadas en lo que va de año.

Basta con estos datos para confirmar la reciente afirmación de Wanda Jones, presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, de que la violencia de género en América Latina va en aumento y que este fenómeno "no es un asunto privado, sino que debe ser tomado como tema nacional, porque afecta a los países en su conjunto".

Entre las causas a las que obedece este incremento de la violencia en la región, Jones identificó el narcotráfico y el crimen organizado, y abogó por "garantizar los derechos económicos de las mujeres, su seguridad en las calles y su capacidad de representación política".

Aunque reconoció los avances significativos que se registraron en el siglo pasado en materia de igualdad de género, estimó que en el "en el XXI hacen falta otros pasos importantes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, políticos y sociales de la mujer".

En opinión de la puertorriqueña González Rosa, de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, en la región y en otros países del mundo en los que existen aún rasgos fuertemente patriarcales y machistas, más acentuados en las áreas rurales, se hace imprescindible abrir el debate hacia el resto de la sociedad, crear importantes políticas públicas de prevención, educar a la población y comprometer a los ciudadanos.

Sin embargo, la violencia de género, aunque parezca extraño, está muy arraigada también en aquellas sociedades consideradas más civilizadas y de ello dan fe también las estadísticas. Solo en Estados Unidos el costo de la violencia contra la mujer es de 5,8 billones de dólares al año, mientras que en el Reino Unido es de 23 millones y en Canadá de 1,7 millones.

En algunos países como Bolivia, Puerto Rico, Guatemala y Chile, según Rosa, hay leyes que protegen a las mujeres. En Brasil, por ejemplo, existen leyes muy de avanzada, pero el problema radica en que todavía no hay conciencia y no se hace cumplir esta legislación debido a ciertas actitudes de muchas personas que forman parte de la policía y la judicatura.

Como posibles acciones Rosa considera imprescindible la educación en los distintos niveles, el establecimiento de programas de salud y prevención, el desarrollo de políticas públicas y el impulso de esfuerzos intersectoriales, desde la sociedad civil hasta los espacios gubernamentales.

Toda la sociedad, agregó, se tendría que comprometer a la causa y sobre todo combatir a los grupos que la promueven como son las religiones fundamentalistas, los medios de comunicación, la inacción por parte de los sistemas de justicia y la ausencia de programas de salud que intervengan en esas situaciones.

La violencia contra la mujer, de acuerdo con Naciones Unidas, es actual, generalizada, sistémica e incluso autorizada. El reto más importante sigue siendo pasar de la conciencia de que se trata de una violación de los derechos humanos y un delito a hacer de la violencia de género algo inaceptable para la sociedad y contrario a sus normas.

Para hacer frente a la violencia de género, la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, desde su nuevo cargo, al frente de ONU-Mujeres, expresó que se necesita del esfuerzo firme y constante de los Gobiernos, la sociedad civil y las Naciones Unidas.

"En ONU-Mujeres tenemos el reto gigantesco de trabajar en favor de la igualdad, el empoderamiento y el respeto mundial por la mujer, porque ya basta de tantas injusticias (...) estamos hablando de que hay que continuar mejorando sus condiciones sociales, de que el 70 por ciento de los dos billones de personas que viven con menos de un dólar al día son mujeres".