Un proyecto de ley sobre la seguridad alimentaria ha exigido a las legislaturas locales chinas elaborar medidas para poner bajo control las pequeñas plantas de producción de alimentos del país.

"Los organismos legislativos a nivel provincial deben tomar medidas específicas para monitorear a los pequeños talleres y vendedores de alimentos", dice el proyecto.

Las plantas y tiendas de alimentos pequeñas son muy populares en los lugares turísticos, donde ofrecen comidas locales a precios bajos. Sin embargo, los problemas de seguridad alimentaria son muy frecuentes en estos establecimientos, los cuales, al no requerir licencia, están prácticamente exentos de supervisión.

"Los problemas alimentarios se producen con frecuencia en compañías y talleres a nivel inferior al distrital. Pero no es práctico imponer el sistema de aprobación nacional a todos ellos, ni tampoco lo es permitirles operar sin ningún tipo de regulación", indicó el Comité de Ley de la Asamblea Popular Nacional (APN) en un informe presentado en la cuarta sesión del XI Comité Permanente de la APN.

"China cuenta con muchas plantas y quioscos privados pequeños, la mayoría de los cuales no reúne los estándares oficiales. Esa situación persistirá a corto plazo", dijo el comité de educación, ciencia, cultura y salud, subordinado a la APN.

El comité ha aconsejado a las legislaturas locales, que conocen mejor las condiciones locales, adoptar medidas específicas para garantizar la seguridad alimentaria, con el fin de asegurar la estabilidad social y el empleo.

El proyecto, sometido hoy al máximo órgano legislativo chino para su segunda discusión, también destacó la "responsabilidad social" de los productores y vendedores de alimentos.

"La seguridad alimentaria está directamente relacionada con la salud y la seguridad pública", dice el informe, "Los productores no sólo tienen que comportarse de acuerdo con la ley sino también asumir sus responsabilidades sociales".

El proyecto anterior, que se centraba en la supervisión gubernamental y la sanción administrativa, dejó de resolver la "responsabilidad civil" de quienes producen y venden alimentos.

El proyecto, que cubre la evaluación de seguridad alimentaria, la supervisión, los retiros del mercado de productos que no reúnan los estándares, y la publicación de informaciones, establece sanciones que van desde multas hasta condenas de cadena perpetua a aquellos que produzcan alimentos de calidad inferior.