Transporte público de Perú inicia huelga por inseguridad y extorsiones

Empresas de transporte público de Perú iniciaron el jueves una huelga para exigir al Gobierno medidas contra la inseguridad y una ola de extorsiones, en una protesta que ha restringido la movilidad y comercio principalmente en la capital del país.

El Gobierno ha exhortado a los empleadores a priorizar el trabajo remoto y a dar tolerancia de hasta cuatro horas para el ingreso de sus trabajadores; y suspendió las clases escolares presenciales en Lima Metropolitana como una medida preventiva ante la protesta, la segunda que se realiza en dos semanas.

Catorce distritos de Lima fueron declarados en emergencia por el Gobierno a fines de septiembre para facultar a los militares a ayudar a la policía a luchar contra la inseguridad, en medio además de criticas de empresas formales que afirman que el Estado está perdiendo la batalla contra el crimen organizado.

Según imágenes de la televisión local, en la capital Lima cientos de personas esperaban a pocas unidades de transporte que circulaban. Decenas de buses de la policía y fuerzas armadas salieron a trasladar a los ciudadanos en la ciudad.

Varios gremios de transportes del país, en su mayoría de empresas informales, han convocado a la huelga por 72 horas. El sistema municipal de buses de Lima y el único tren eléctrico de la ciudad funcionaron normalmente. En ciudades del interior del país la protesta fue menos efectiva, según medios locales.

"El crimen organizado ha penetrado las instituciones, ¿hasta cuándo? Hoy están matando ambulantes, no están matando a empresarios, están matando a la clase trabajadora", dijo Elmer Velásquez, dirigente de un gremio de transporte urbano.

Algunos centros de comercio o mercados populares de la capital del país han cerrado sus puertas en apoyo a la protestas, cuyos dirigentes alegan que también sufren de extorsiones de bandas criminales que exigen cupos para operar.

Cientos de manifestantes, entre chóferes y personas que apoyan la huelga, marchaban por avenidas fuera de la ciudad con dirección a la sede del Congreso en el centro de Lima.

Detenciones por bloqueos

La policía informó que detuvo a 13 personas en las primeras horas de protesta, por bloquear con piedras algunas vías en Lima, quemar llantas de gomas o atacar a vehículos en marcha.

Unos 10 mil policías y militares han salido a velar por la seguridad durante la huelga de chóferes, según el Gobierno.

El lunes de esta semana cuatro personas fueron asesinadas dentro de una pequeña unidad de transporte en la provincia del Callao, vecina a Lima. Entre las víctimas estaba el conductor. Al menos otras seis personas han sido asesinadas por casos de extorsiones desde fines de agosto, según la policía.

Según un sondeo realizado en agosto por la oficina estatal de estadística de Perú (INEI) y difundido a fines de septiembre, un 86 por ciento de la población urbana del país percibe que en los próximos doce meses puede ser víctima de algún hecho delictivo.

En el 2023, la policía detuvo a 289 personas por el delito de extorsiones en todo el país, un aumento del 165 por ciento comparado con el 2022, según datos del Ministerio de Interior.

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, dijo que algunos partidos de oposición y grupos radicales de izquierda están "politizando" la protesta y piden el cambio de la Constitución y hasta la destitución de la presidenta Dina Boluarte.

El gobierno de Boluarte envió la semana pasada al Congreso un proyecto de ley para castigar hasta con cadena perpetua los delitos de secuestro, sicariato y extorsión, para los que busca sean calificados como "terrorismo urbano".

Fuente: La Jornada