SANTIAGO, 22 abr (Xinhua) -- Los 12 Estados Parte y los países observadores que participaron de la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú aprobaron aquí este viernes una declaración política.

En la declaración, los participantes reafirmaron al tratado como un instrumento impulsor del desarrollo sostenible y una herramienta fundamental de gobernanza para la elaboración de mejores políticas públicas en la región, con miras a asegurar un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras.

En la instancia, Alicia Bárcena, la exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Chile, organismo que ejerce la Secretaría del Acuerdo de Escazú, destacó que este es un momento "realmente extraordinario", y felicitó a los países que han ratificado el Acuerdo.

Propuso que la COP1 de Escazú se dedique a "los pueblos indígenas, los silenciosos guardianes de la Tierra y la biodiversidad".

"El Acuerdo de Escazú es ejemplar porque es una muestra palpable del compromiso de América Latina y el Caribe con el multilateralismo, pero un multilateralismo diferente, donde se construyen acuerdos de manera conjunta, gobiernos y sociedad", agregó.

En tanto, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó en el evento que ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú son una de las herramientas "más eficaces para que los Estados cumplan con su responsabilidad de cuidar el planeta y los derechos de las personas".

"El Acuerdo de Escazú es sin duda un hito porque los protagonistas son las personas defensoras. Podríamos resumir el espíritu de Escazú diciendo que si queremos defender el ambiente debemos iniciar por proteger a quienes lo defienden", complementó.

La declaración política rubricada por los 12 Estados Parte del Acuerdo y los países observadores reafirmó la importancia de la cooperación y el multilateralismo para avanzar y profundizar en los esfuerzos como región para la consecución del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

Asimismo, advirtieron que las estrategias de recuperación económica y social de las consecuencias de la pandemia por la COVID-19 y la superación de la crisis ambiental deben considerar la sostenibilidad como uno de sus elementos centrales, y, asimismo, estar guiadas por un objetivo de desarrollo más inclusivo, de aceleración de la aplicación de las medidas de protección ambiental y acción climática.

Además, destacaron el papel de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible como hojas de ruta fundamentales para alcanzar una recuperación transformadora y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, asegurando que "nadie se quede atrás".

Más de 780 delegados de países, organismos internacionales y regionales, panelistas y representantes de la sociedad civil participaron ya sea presencial o virtualmente en los tres días de la COP1 del Acuerdo de Escazú celebrada en Santiago de Chile entre el 20 y 22 de abril.

De acuerdo con la CEPAL, el Acuerdo, un pacto sobre el acceso a la información, la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, es el primer tratado regional ambiental y el primero a nivel global en proteger a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Entró en vigor el 22 de abril de 2021 y ha sido firmado por 24 Estados y ratificado por 12 con el fin de contribuir al derecho a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras, además de garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Fin