MADRID, 3 nov (Xinhua) -- La jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, ordenó hoy viernes la detención del ex presidente de la Generalitat (gobierno regional de Cataluña), Carles Puigdemont, y de los cuatro ex consejeros que lo acompañaron a Bélgica y que se negaron a acudir a declarar ante la justicia española.

Lamela emitió una Orden Europea de Detención (OED) y una orden de prisión contra Puigdemont y de los ex consejeros Lluis Puig, Clara Ponsatín, Toni Comín y Meritxell Serret, quienes son investigados por los delitos de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación.

La decisión de la jueza responde a la petición realizada por el teniente fiscal, Miguel Angel Carballo, quien solicitó ordenar las detenciones, ya que, dijo, los imputados no han comparecido a pesar de que es "un hecho notorio y públicamente conocido" la citación de Puigdemont "para comparecer", pese a lo cual "no ha comparecido, como el resto de los querellados".

Asimismo, Carballo destacó que el ex presidente de la Generalitat "ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado", junto a los otros ex consejeros, declarar por videoconferencia "sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual".

La Orden Europea de Detención (OED), girada contra los ex miembros del gobierno catalán, es una solicitud de una autoridad judicial de un Estado miembro de la Unión Europea (UE) a otro para que detenga y entregue a una persona.

En este caso, la Audiencia Nacional de España solicita mediante una OED a la justicia de Bélgica que extradite a Carles Puigdemont y a los ex consejeros para que sean juzgados en España.

Una vez detenidos en Bélgica, corresponderá a la justicia belga decidir si existen motivos para la extradición y dictará una sentencia en unos plazos muy estrictos.

No obstante, Puigdemont, quien es defendido en Bélgica por el abogado Paul Bekaert, anunció que "impugnará cualquier posible petición de extradición".

Asimismo, la justicia de Bélgica decidirá si los cinco ex miembros de la Generalit ingresan a prisión hasta que se resuelva la orden de extradición, o si quedan en libertad hasta la resolución, que como máximo podrá tardar dos meses. Fin