BARCELONA, 3 nov (Xinhua) -- Las reivindicaciones independentistas protagonizadas por casi la mitad de los catalanes parecen haberse enfriado tras aplicar el Gobierno central el artículo 155 de la Constitución española y asumir el control directo de la comunidad autónoma.

A punto de cumplir una semana, la toma de poder por parte de Madrid parece marchar por el momento sin contratiempos.

Mientras el depuesto líder catalán, Carles Puigdemont, sigue huido en Bruselas, y parte de sus compañeros de gobierno se enfrentan a la Justicia acusados de "rebelión, sedición y malversación de fondos públicos", los independentistas catalanes están ahora ante una encrucijada.

"La toma del poder por parte del Gobierno central, que pretende estabilizar la situación y que vuelva la normalidad, es realmente positiva", dice a Xinhua Eugeni Prat, editor en el portal web de una compañía de camiones.

A su juicio, "la independencia no hará que Cataluña sea más rica, sino que provocará un desastre económico".

Desde que se celebrara el referéndum de independencia el pasado 1 de octubre, la incertidumbre se empezó a sentir en Cataluña (noreste).

De acuerdo con el Colegio de Registradores Mercantiles de España, 1.821 compañías abandonaron la región y se trasladaron a otras partes del país entre el 2 y el 27 de octubre.

Entre ellas, están los dos principales bancos de la región, el Sabadell (cuarto a nivel nacional) y Caixabank (tercero), que han trasladado sus sedes, respectivamente, a Alicante y las Islas Baleares.

"Soy catalán de nacimiento, pero he viajado por toda España y el mundo. Creo que los nacionalistas catalanes son muy estrechos de mente y que deberían ensanchar su mirada", afirma Prat.

El Ejecutivo autonómico catalán (Generalitat) decidió celebrar el referéndum del 1 de octubre ignorando la Constitución española y las advertencias del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Unos 2,2 millones de personas de las 5,4 millones con derecho a voto participaron en el plebiscito popular. El 90 por ciento votó a favor de la independencia.

Según una encuesta encargada por la Generalitat en julio, el 49,4 por ciento de los catalanes estaban en contra de la independencia frente al 41,1 que se mostraba a favor.

La baja participación en el referéndum mostró la indiferencia de la mayoría de los catalanes contrarios a la independencia ante la consulta popular, considerada desde el principio ilegal por el Tribunal Constitucional de España.

Aun así, el Parlamento regional de Cataluña votó el 27 de octubre a favor de la "formación de una república catalana como Estado independiente y soberano con derechos sociales y democráticos".

La declaración unilateral de independencia fue acallada de golpe por el Gobierno central, que disolvió más tarde ese mismo día el Parlamento catalán, destituyó la Generalitat y convocó nuevas elecciones regionales para el próximo 21 de diciembre.

Exmiembros del Gobierno regional catalán, entre ellos el exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, acudieron a declarar el jueves a la Audiencia Nacional, en Madrid, tras ser acusados de sedición, rebelión y malversación de caudales públicos.

Puigdemont no estuvo con sus exconsellers y optó por permanecer en Bélgica, adonde viajó el domingo desde Barcelona.

Cinco antiguos miembros del Ejecutivo catalán que se desplazaron con él a Bélgica decidieron también no regresar a España a declarar en el juicio.

Consultados por Xinhua en la plaza de San Jaime de Barcelona, donde se sitúa la sede del Gobierno regional catalán, varios activistas independentistas reconocieron que existen escasas posibilidades de continuar aspirando a la independencia.

Muchos dijeron que no habían decidido si votar o no en las elecciones regionales anticipadas del próximo 21 de diciembre.

Sin embargo, Puigdemont afirmó en una rueda de prensa ofrecida el pasado lunes en el Club de Prensa de Bruselas que aceptaba las elecciones anticipadas.

La independencia de Cataluña debe "ralentizarse" para evitar disturbios, manifestó el exlíder catalán, insistiendo en que no quería arrastrar a sus conciudadanos a una espiral de violencia.

"Nos hemos visto obligados a adaptar nuestro plan de trabajo para evitar la violencia", dijo. Fin

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