En medio de la escalada terrorista que la guerrilla de las FARC adelanta en territorio colombiano tras la suspensión en mayo del cese al fuego unilateral que se mantenía desde el pasado diciembre, el grupo ilegal armado provocó este mes un daño irreparable que se considera el más grande en la historia del país suramericano.

El pasado lunes, miembros del grupo rebelde atentaron con explosivos contra el Oleoducto Transandino en Tumaco, Nariño (sur), lo que desembocó en el vertido de 410.000 galones de crudo que ha contaminado las principales fuentes hídricas como el río Mira que desemboca en el Pacífico y que alimenta el acueducto del municipio, por lo que las autoridades ordenaron la suspensión del servicio de agua potable.

Además de la grave situación por la falta del líquido que afecta a más de 150 mil personas en la región, entre ellas más de mil integrantes de la comunidad indígena Awá, las autoridades reportan la muerte de millares de peces, moluscos y de aves que habitan en el lugar cubierto por la gran mancha de petróleo de más de 70 kilómetros que alcanzó a llegar al océano y que cientos de trabajadores de la estatal Ecopetrol tratan de remover.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, calificó de un acto de barbarie, el ataque de la guerrilla con la que se negocia un proceso de paz desde hace más de dos años, y aseguró que con actos como este, lo único que logran es despertar la indignación del país y del mundo además de afectar la confianza de los colombianos y de la comunidad internacional en el proceso de paz.

"Se causaron daños a ecosistemas -flora, fauna, peces y otras especies marinas- que probablemente jamás se recuperen totalmente. Y en cuanto a la ciudadanía, es incomprensible que las FARC se ensañen contra los más desprotegidos. Dejar sin luz, sin agua y sin sustento a campesinos y pescadores de una de las regiones más necesitadas del país no tiene justificación alguna", señaló Santos en entrevista con el diario El Tiempo.

El jefe de Estado, quien encabezó un Consejo de Gobierno en la zona para evaluar los alcances de la situación, hizo una denuncia internacional teniendo en cuenta que este ataque de la guerrilla al medio ambiente traspasa todas las fronteras.

"Porque este ataque, repito, produjo el daño ecológico más grande que se haya producido en la historia de este país y esto ya traspasa las fronteras, cuando uno contamina los ríos, los mares, está contaminando el planeta", aseveró Santos al finalizar la reunión con siete de sus ministros.

Del total de 10.000 barriles derramados ya se han recogido más de 3.000, pero el daño según especialistas es imposible de reparar, ya que parte del petróleo se va al fondo de las fuentes de agua y otra se disuelve. Además, la región tiene una zona de manglares, ecosistemas que alojan decenas de especies permanentes y migratorias, en donde recoger el crudo es realmente complicado según lo indicó el Ministerio de Medio Ambiente.

A través de un comunicado, la petrolera Ecopetrol también rechazó el acto terrorista que, dijo, deja pérdidas millonarias pero que no llegan a compararse con los daños permanentes al medio ambiente.

"El río Mira es uno de los más caudalosos de la cuenca del Pacífico y desemboca cerca de la bahía de Tumaco. Es navegable en toda su extensión y atraviesa ecosistemas de selva húmeda al sur del país, uno de los más vulnerables y ricos en materia de biodiversidad del planeta", explicó.

Asimismo lo hicieron los empresarios representados por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI ) quienes pidieron al grupo armado cesar con los ataques que afectan a la población, al medio ambiente y por consiguiente al desarrollo de la nación.

La ONU por su parte anunció que este martes arribará a la zona un equipo de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios con el fin de evaluar las necesidades de las comunidades más afectadas.

Políticos de oposición repudiaron el hecho y lo consideraron una razón suficiente para suspender el proceso de paz, mientras que otros como la candidata a la alcaldía de Bogotá, Clara López, sugirió al gobierno y a las FARC frenar de nuevo las confrontaciones para retomar el buen rumbo que llevaban las conversaciones de La Habana y así avanzar hacia la firma definitiva de la paz.

"Si las FARC vuelven a decretar el cese unilateral del fuego, es muy probable que el gobierno nacional responda con una nueva suspensión de los bombardeos, con los cual se restablecería el descalamiento y la posibilidad de nuevos mecanismos que permitan bajar los niveles de la confrontación", opinó.

Las FARC por su parte aseguraron desde la mesa de negociación en la capital cubana que lamentan el daño ecológico ocasionado en esta zona del país y señalaron que son consecuencias "no deseadas", producto de la guerra que se vive en el país desde hace 50 años, pero advirtieron que no es un daño mayor al generado por las políticas económicas del gobierno

"No hay mayor degradación medioambiental que el 'ecocidio' perpetrado de forma constante por las políticas económicas de este gobierno al que las FARC combaten a diario, por las prácticas desreguladoras neoliberales que impiden el control y sanción a trasnacionales y grupos empresariales", dijo el jefe guerrillero Carlos Antonio Lozada, alias de Luis Antonio Losada.

"Lo ocurrido en Tumaco ha tenido terribles y no deseadas consecuencias que obligan a que debamos pensar en esforzarnos por buscar soluciones urgentes a una confrontación cuyo escalamiento ha sido responsabilidad principal del Estado", agregó.

Por su parte, el jefe negociador del gobierno en la mesa de negociación, Humberto De la Calle, cuestionó el accionar de la guerrilla como estrategia para presionar un cese al fuego bilateral que el gobierno no está dispuesto a dar hasta tanto no se haya firmado un acuerdo definitivo de paz.

"Los colombianos no esperan de las FARC ataques insoportables a la población bajo el manto ficticio de la guerra. Si la idea es obtener un cese al fuego, este no es el camino... No hay guerra que justifique estos hechos recientes por los cuales elevamos una profunda voz de protesta a nombre de la delegación del gobierno", precisó.

De acuerdo con la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), en los últimos cuatro años se han derramado 340.000 barriles de crudo en el país por cuenta de atentados terroristas, de los cuales 18 han ocurrido en lo corrido de 2015, nueve han sido en zonas donde opera la guerrilla de las FARC y siete se han dado tras la suspensión de la tregua unilateral del grupo subversivo.

Las FARC suspendieron el cese al fuego unilateral el pasado 22 de mayo como reacción a un bombardeo que realizó la Fuerza Aérea a uno de sus campamentos en el municipio de Guapi, departamento del Cauca, en el que murieron 26 de sus hombres.

Dicho ataque fue ordenado por el mismo presidente Santos luego de que miembros de las FARC realizaran una emboscada a una tropa del Ejército en la que perdieron la vida 11 soldados y 17 más resultaron heridos en el municipio de Buenos Aires, también en el Cauca.

Desde entonces, el grupo armado ha perpetrado decenas de ataques a la Fuerza Pública, a la infraestructura energética con voladura de torres en diferentes lugares del país y a la infraestructura petrolera en varios departamentos.

Uno de estos ocurrió en Putumayo, en donde el 9 de junio guerrilleros del frente 48 de las FARC del bloque Sur, obligaron a los conductores de 25 tractomulas cargadas de petróleo a vaciar el contenido de sus vehículos (5.000 barriles de crudo) sobre la vía en una zona en la que hay varios cuerpos de agua ocasionando otra emergencia ambiental.

Sin embargo, el presidente Santos ha reiterado que a pesar del escalamiento del conflicto seguirán en pie las conversaciones de paz en La Habana con esta guerrilla, la más grande del país, con el fin de poner fin cuanto antes a una guerra que ya deja más de siete millones de víctimas y que hoy además pone en riesgo los ecosistemas de un país que se caracteriza por su gran riqueza natural.

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