El gobierno venezolano indemnizó hoy a 56 víctimas y familiares de asesinados o heridos durante los hechos violentos de abril de 2002, cuando sectores de la derecha local ejecutaron un golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez.

El vicepresidente ejecutivo de venezuela, Jorge Arreaza, se reunió hoy con los damnificados y les comunicó que la ayuda gubernamental es de carácter social "por las violaciones de derechos humanos ejercidas por la extrema derecha durante su breve dictadura de 48 horas, cuando fueron liberados los francotiradores" que asesinaron a personas en Caracas.

Arreaza explicó que la indemnización se resolvió tras un estudio realizado por el gobierno, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el cual arrojó que parte de las víctimas están carentes de viviendas, vehículos para trabajar, tienen problemas de salud y necesidades educativas especiales.

Esa es la razón por la cual "las atenciones se darán en estos ámbitos", precisó el dirigente político al señalar que se analiza de manera detallada cada caso para otorgar a las familias la ayuda según sus necesidades.

El dirigente suramericano también recordó que estas indemnizaciones fueron posible gracias a la labor del Consejo Nacional de Derechos Humanos, creado en abril de 2014 por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

La novel institución está adscrita a la vicepresidencia de la República y se encuentra conformada por altas autoridades del poder público venezolano y representantes de la sociedad.

"Hay que agradecer a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República que también son parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos y que han ayudado a la reconstrucción de los hechos históricos, de los hechos médicos para poder corroborar el carácter real de víctimas de estos compatriotas que hoy nos acompañan", destacó Arreaza.

También anunció que el gobierno revolucionario realiza una investigación para identificar a otras familias perjudicadas por el golpe de Estado de abril de 2002.

El vicepresidente ejecutivo venezolano manifestó además que estas 56 víctimas se suman a otras 74 ya atendidas por el Estado tras las afectaciones sufridas el 27 de febrero de 1989, cuando el entonces presidente Carlos Andrés Pérez reprimió las protestas espontáneas en las calles a protestar por el paquete económico del gobierno en turno.

Esta revuelta popular, conocida como "El Caracazo" se convirtió en una masacre, debido a que los venezolanos protagonizaron una rebelión popular sin precedentes que fue ahogada en sangre por las fuerzas castrenses al servicio en aquel entonces a los partidos de derecha.

Al recapitular ambos acontecimientos históricos, Arreaza alertó que siguen los ataques de este sector político, con nuevas formas pero con los mismos objetivos y actores.

De ahí el agradecimiento del Poder Ejecutivo al "pueblo consciente" que como el 11, 12 y 13 de abril de 2002, cuando exigieron y lograron el retorno a la presidencia del desaparecido comandante Hugo Chávez, se "mantienen firmes en su compromiso con la consolidación de la Revolución Bolivariana". F