El esquema de consensos y alianza tripartita que el gobierno de Nicaragua impulsa con los sectores empresariales y sindicales se encuentra bajo tensión, tras la creciente presión social que demanda una reducción sustancial de las tarifas energéticas y otros servicios como consecuencia del derrumbe de precios de los hidrocarburos en el mercado petrolero.

La presión que ejerce la dirigencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), un cercano aliado del gobierno en el esquema de "alianza tripartita" y de la dirigencia de los principales rubros productivos, obligó al gobierno a anunciar el pasado viernes la conformación de un equipo de especialistas que revisa la demanda empresarial.

El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes también convocó a líderes de los diferentes sectores productivos a rondas de diálogo para analizar los actuales parámetros económicos del país y las perspectivas para el futuro inmediato, a la luz de la situación de los mercados internacionales que parecen ofrecer un buen momento para los productos exportables de este país centroamericano.

Las tensiones sobre el esquema de consenso con el empresariado y los sindicatos promovida por el gobierno del líder sandinista, Daniel Ortega comenzaron luego que la dirigencia del COSEP, rechazara el precio actual de la energía eléctrica en Nicaragua, con el argumento de que no se corresponde con los bajos costos del petróleo.

Los empresarios adujeron que el costo del megavatio promedió 0,22 dólares en 2014, pese a que el precio del petróleo cayó en un 40 por ciento en ese mismo año, basándose en estimaciones de economistas independientes.

Los empresarios aducen, igualmente, que las actuales tarifas de la energía y los precios de los combustibles, entre los más altos de la región, hacen perder competitividad al país, puesto que el resto de los países centroamericanos han comenzado a reducir las tarifas en diversos ámbitos, incluyendo las tarifas energéticas.

Mientras, algunos organismos civiles entre quienes destacan las organizaciones de consumidores, como el Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor (Indec) y el Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor, han mantenido que con la baja en el petróleo, la tarifa debería costar un 40 por ciento menos.

El gobierno del presidente, Daniel Ortega, ha explicado que la razón por la que la tarifa energética no baja se debe a un crédito del ejecutivo con la financiera Caja Rural Nacional (CARUNA) conseguido para subsidiar a 835.000 usuarios que consumen menos de 150 kilovatios hora por año.

El gobierno asegura que el pago de dicho subsidio impide una reducción inmediata de las tarifas de energía.

El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes y el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez han pedido "cautela" a sus aliados empresariales y también a los productores agropecuarios, a quienes recordaron que el comportamiento del mercado petrolero "es sumamente volátil".

"Hay mucha incertidumbre. De hecho nadie esperaba el año pasado que íbamos a alcanzar un precio de menos de 50 dólares (el barril). Era soñado, todos creíamos que se iba a mantener por encima de los 100 dólares, no obstante, ahora está allí en ese punto. (Pero) nada nos garantiza que se va a mantener en 45 dólares", dijo a medios oficiales el presidente del BCN.

El funcionario prefiere prever que el petróleo podría repuntar y, por tal razón, prefiere no pecar de optimista, al mismo tiempo que llama a los sectores productivos a considerar un precio promedio del barril de petróleo de 70 dólares.

Otro factor que tensiona el esquema de consenso y alianza tripartita promovido por el presidente, Daniel Ortega tiene que ver con el reajuste de la tabla del salario mínimo que negocian actualmente los empresarios, el gobierno y los sindicatos sandinistas e independientes.

Los sindicalistas aseguran que la ley correspondiente impones negociaciones cada seis meses de la tabla de salarios referenciales o salarios mínimos sobre la base de considerar el crecimiento económico y el nivel inflacionario anual.

Teniendo en cuenta tales factores, los sindicaos proponen una negociación que parta de dos dígitos, es decir, proponen como base un reajuste de los salarios de un 11,5 por ciento, puesto que el crecimiento de la economía nicaragüense en 2014 fue de un 4,5 por ciento y el nivel inflacionario de un 7 por ciento, según datos oficiales.

Pese al argumento legal de los sindicatos, el sector empresarial rechaza tajantemente considerar dicha base de negociación y, en cambio, propone un ajuste de un dígito, es decir, un 9 por ciento o, cuanto más, un 9,5 por ciento. Los empresarios sostienen que un incremento mayor pone en riesgo la estabilidad de las empresas y que los despidos masivos caracterizaría el mercado laboral en 2015.

Los líderes sindicales han advertido que no aceptarán menos de un 11,5 por ciento de reajuste e, incluso, han amenazado con romper el esquema de alianza tripartita, si a finales de febrero - mes en que concluye la vigencia de la actual tabla de salarios mínimos - no se alcanza un acuerdo de consenso.

Los analistas no dudan en señalar que el gobierno tiene ante sí un verdadero reto, puesto que debe hacer verdaderos malabares para mantener a flote un esquema que ha elevado, con cierto orgullo, a política de Estado y como un logro emblemático que explica la actual estabilidad del país, que lo sitúa como una nación con bajo niveles de criminalidad y alto índice de seguridad ciudadana, un verdadero ejemplo, en la región. F

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