La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, aseguró hoy que el Ministerio Público enfoca sus esfuerzos por hacer justicia en todos los ámbitos de la vida del país e intensifica labores por dar respuesta cada día con mayor eficiencia y severidad a los delitos que más conmocionan a la sociedad.

A través de la emisora estatal Radio Nacional de Venezuela, la funcionaria informó que hasta la fecha 10 personas están privadas de libertad por el asesinato del joven diputado socialista, Robert Serra y de su compañera, María Herrera, el pasado 1 de octubre.

"A todos se le imputó los delitos de Homicidio Agravado en perjuicio de Robert Serra, Homicidio Calificado en perjuicio de María Herrera, Robo Agravado y Asociación para delinquir", indicó la fiscal en su programa radial semanal.

Al tiempo que añadió otras cuatro personas tienen orden de captura, de las cuales tres poseen alerta roja.

Sin ofrecer mayores detalles, en virtud de la reserva legal, Ortega Díaz señaló que las investigaciones se están manejando con mucho tacto para dar con todos los responsables de este hecho que conmovió al país a principios de este mes debido a la brutalidad del crimen y a sus connotaciones políticas según denuncias del gobierno nacional.

Con relación a otros temas, la máxima autoridad del Ministerio Público suramericano, reveló también que un total de 1.395 ciudadanos han sido detenidos en todo el territorio nacional por los delitos de contrabando de extracción de alimentos, combustible, insumos médicos y material estratégico.

De esa cifra, 997 personas permanecen privadas de libertad; mientras que a 332 se les han dictado medidas cautelares sustitutivas de libertad; otras 19 serán presentadas ante los tribunales entre hoy y mañana viernes y 47 gozan de libertad plena.

Ortega Díaz destacó que la mayor incidencia de estos delitos se registra en los estados fronterizos Apure, Táchira y Zulia, ubicados en el occidente del país, así como en los norteños Sucre, Falcón y Delta Amacuro.

Asimismo recordó que el Ministerio Público cuenta con un equipo de 68 fiscales para llevar esta causa, de los cuales 58 son regionales, 10 tienen competencia nacional y un coordinador de delitos fronterizos.

La funcionaria pública insistió en el llamado a toda la ciudadanía a entender que "este es un problema de todos, que nos afecta a todos y nos concierne a todos", por lo que invitó a los venezolanos a sumarse a la lucha contra el contrabando de extracción, iniciativa promovida por el gobierno nacional desde agosto pasado.

A propósito del asunto, en recientes declaraciones a medios locales, el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, anunció que el plan de lucha contra este delito sólo en el mes en curso, ha arrojado la incautación de 9.745 toneladas de alimentos, 3.049 toneladas de alimentos para animales y 5.250 toneladas de materiales de construcción.

De acuerdo con datos oficiales recientes, por su parte el trasiego ilegal de petróleo y sus derivados hacia la frontera colombiana se sitúa en un estimado diario entre 50.000 y 100.000 barriles de crudo, volumen que tiene un impacto anual cercano a los 3.000 millones de dólares en detrimento de los venezolanos.

Ambos gobiernos suramericanos han acordado intensificar la lucha para frenar este flagelo que afecta las economías de los dos países y para ello han aprobado conjuntamente un Plan Binacional de Comando y Control del Contrabando que ya está ofreciendo resultados positivos, de acuerdo con valoraciones de altos funcionarios venezolanos. F