El alto mando de la Policía Nacional de Nicaragua introdujo a la Asamblea Nacional (parlamento) una propuesta de reforma a la ley creadora de la institución que incluye elevar el período de permanencia de la oficialidad policial de 30 a 40 años.

La directora general de la policía nicaragüense, primera comisionada, Aminta Granera confirmó este miércoles que la propuesta de reforma se encuentra en proceso de dictamen en el seno de la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional.

Granera dijo que la enmienda contempla que la edad de jubilación para la oficialidad de la policía se produzca hasta los 60 años, con posibilidad de prórroga para los comisionados generales de la institución.

Destacó que la reforma es sumamente necesaria porque en la actualidad existen 19 especialidades de la Policía Nacional que no están comprendidas en la actual Ley 228 y 30 nuevas leyes que han sido aprobadas y que de una u otra forma afectan y suman funciones a la institución, las que tampoco están comprendidas en la actual ley.

"Todo esto nos obliga a la creación de una nueva ley moderna, ajustada a la realidad actual de Nicaragua, del que hacer policial y de las demandas de seguridad de las familias nicaragüenses que al fin de cuentas es lo que tenemos nosotros por objetivo y lo que nos mueve a actuar, a hacer y a pensar a la Policía Nacional: mejorar los niveles de seguridad", enfatizó la jefa policial.

Puntualizó que la reforma establece que la Policía Nacional de Nicaragua dependerá directamente del presidente de Nicaragua que en la actualidad ejerce el líder sandinista, Daniel Ortega.

Subrayó que tal hecho muestra el nivel de importancia que al tema de la seguridad ciudadana asigna el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lo que lo obliga a atender directamente a la institución policial, sin tener como intermediario al ministerio de Gobernación.

Señaló que la atención directa que la presidencia de la República sostiene con la jefatura de la Policía Nacional, es lo que ha permitido que Nicaragua destaque como uno de los seis países del continente americano con mayores niveles de seguridad ciudadana. Fin