La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está preocupada por la existencia de trabajo forzado en América Latina, señaló hoy en Perú la directora de su Oficina para los Países Andinos, Carmen Moreno.

"Es un fenómeno social al cual todos podemos contribuir a erradicar de nuestras sociedades", expresó la alta funcionaria de la OIT en entrevista con Xinhua.

Moreno señaló que la OIT, como parte de su esfuerzo para erradicar esta práctica criminal -que según sus cifras afecta a cerca de un millón 800.000 personas en la región-, coordina con las autoridades peruanas para implementar el proyecto "Consolidación y difusión de los esfuerzos para combatir el trabajo forzoso en Brasil y Perú".

"El proyecto viene a apoyar este trabajo coordinado con las autoridades locales con la idea de conocer detalles sobre esta problemática, que necesitamos identificar porque sabemos que es un tema oculto e invisibilizado", expuso la funcionaria de la OIT.

Moreno indicó que este proyecto, donde participan representantes del Ministerio de Trabajo, busca conocer los sectores productivos donde podría darse el trabajo forzado, como minería ilegal, las actividades madereras en la Amazonia y el trabajo doméstico.

"Queremos identificar este flagelo con la finalidad de implementar políticas públicas y una mayor sensibilización de la población frente a este fenómeno", sostuvo.

Respecto del trabajo infantil, doméstico y trata de personas, la representante de la OIT precisó que estas modalidades son muy comunes en los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y en el resto de Latinoamérica, pero para ser forzados debe comprobarse si se actúa contra la voluntad de las víctimas.

"Está definido por la OIT como trabajo forzado toda actividad productiva que realiza una persona bajo la amenaza de una sanción y para el que los trabajadores no se han ofrecido voluntariamente", recordó la especialista.

Precisó que la OIT se encuentra preocupada porque sí se han dado numerosos casos de niños explotados, abuso contra empleadas del hogar y la explotación sexual.

"En esa definición las distintas formas de trabajo forzoso de explotación es donde entrarían las tres actividades previamente mencionadas", afirmó al referirse al trabajo infantil, trabajo doméstico y la trata de personas.

Según la representante de la OIT, la iniciativa lanzada en la víspera busca no solamente sancionar a los infractores, sino también cooperar con las instituciones públicas subordinadas a la política laboral del Estado peruano.

"Perú, lo que va apoyar, es una mejora de la política pública y, dentro de esta política, tendrá que observarse el tema de las sanciones, ante la infracción del libre ejercicio del trabajo", indicó la funciaria del organismo.

Moreno agregó que como parte de este programa, que inicialmente incluye a Perú y Brasil, se busca fomentar una alianza trilateral donde participen los gobiernos y los sectores productivos con la finalidad de identificar las peculiaridades de este delito y sus formas de prevención.

"No solamente se trata de sancionar a los infractores, sino también fomentar una cultura de respeto a los derechos y de respeto laboral", subrayó.

Para la representante de la OIT, la importancia de la ejecución de este proyecto es elaborar información confiable y sistematizada cobre el trabajo forzado, lo cual permitirá a las autoridades locales hacer frente a los infractores.

"Pero sobre todo nos interesa que se adopten medidas de prevención contra todas las formas de explotación laboral forzada", expuso.

Moreno, entre otras valoraciones sobre esta problemática, sostuvo que a escala mundial, el trabajo forzado es una triste realidad que preocupa a la OIT e involucra otros sectores económicos como la minería ilegal, la trata de blancas y otras actividades productivas que aún deben ser identificadas.

"La OIT tiene estimados, a escala mundial, alrededor de 20,9 millones de personas que pueden ser víctimas de trabajo forzado", detalló.

Según la funcionaria, tanto este organismo internacional como los propios gobiernos locales no cuentan con datos específicos que puedan dar una visión clara de la magnitud de esta problemática social que aqueja a la mayoría de países de la región.

"En América Latina se estima en cerca de 1,8 millones de personas, pero recalcó que se tratan solamente de estimaciones, por lo tanto estas cifras deben tomarse solo como referenciales", puntualizó.

En los países de la región, específicamente los miembros de la CAN (Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia), existen prácticas informales que permiten la explotación laboral debido a las debilidades de los marcos de regulación legal y la falta de control por parte de las dependencias encargadas de esta labor. Fi

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