Unos 175 médicos presentaron su renuncia en rechazo al nuevo Código Penal promovido por el gobierno de Ecuador, que tipifica como homicidio culposo la mala práctica profesional, informaron hoy el gremio y autoridades de Salud.

Las primeras renuncias se produjeron la víspera en el hospital público "Pablo Arturo Suárez", de Quito, uno de los de mayor demanda, donde unos 85 médicos dimitieron en rechazo a la reforma, aseguró el doctor de ese centro de salud, Patricio Guerrero.

Las renuncias se harán efectivas en 15 días ya que deberán cumplir el proceso administrativo legal que exige el Ministerio de Relaciones Laborales, según Guerrero, quien dijo que por ahora los profesionales se mantienen en sus puestos de trabajo.

Otros 90 médicos renunciaron este jueves en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la ciudad andina de Ambato, indicó la ministra de Salud, Carina Vance.

"De la información que tengo, en el Hospital del IESS de Ambato, tenemos alrededor de 90 renuncias", indicó Vance, quien confió en que los médicos desistan.

"Hemos tenido renuncias efectivas, esperamos que no haya más personas que salgan", apuntó la ministra en una conferencia de prensa en Quito.

El gremio médico rechaza el nuevo artículo 146 del nuevo Código Penal, que establece que el profesional que ocasione la muerte de otra persona será sancionado con cárcel de uno a tres años.

Además, la norma señala que la pena será hasta de cinco años, si ésta se produce por acciones "innecesarias, peligrosas e ilegítimas".

La reforma fue aprobada por la Asamblea Nacional (Congreso), de mayoría oficialista, en diciembre pasado y luego enviada al presidente Rafael Correa para su observación.

A mediados de este mes, el mandatario vetó el proyecto e incorporó 73 observaciones que están siendo analizadas por el Legislativo, que tiene 30 días para pronunciarse.

En el veto, el gobernante decidió mantener intocable el texto originalmente aprobado por la Asamblea sobre la mala práctica profesional, que impugnan los médicos.

La ministra de Salud, Carina Vance, lamentó las renuncias que juzgó "apresuradas" y atribuyó la acción de protesta de los médicos a un desconocimiento de la norma.

Agregó que "el artículo cuida que no vayan a cometerse injusticias", al referir que la disposición fue trabajada con delegados de médicos en el Legislativo.

Sin embargo, dejó en claro que el gobierno no cederá presiones, ni a chantajes, del gremio médico. Fi