Un atentado incendiario contra helicópteros en tierra de empresas forestales se registró hoy martes y se suma a la creciente violencia en la región habitada por la etnia mapuche en el sur de Chile.
El atentado se produjo en la localidad de Renaico, en la región de la Araucanía, donde desconocidos lanzaron bombas incendiarias caseras contra dos helicópteros y atacaron a personal de la policía que custodiaba los aparatos, uno de los cuales resultó herido.
Ambas aeronaves, que pertenecían a empresas forestales, estaban destinadas al combate de incendios en la zona.
Durante diciembre los enfrentamientos en la región ha empeorado en medio de la época de cosecha en esta zona agrícola de Chile, donde los mapuche entran en conflicto por terrenos abandonados por las forestales y las grandes haciendas.
La demanda por la devolución de terrenos usurpados por el Estado de Chile a fines del siglo XIX al pueblo mapuche ha recrudecido en la última década y desde hace cuatro años la violencia va en aumento.
Hasta el momento se han visto dos atentados incendiarios a instalaciones de forestales desde el viernes pasado, así como el ataque a balazos a un helicóptero forestal, hecho que llevó a ordenarse la protección de estos aparatos.
Eso mientras que los allanamientos a las comunidades y poblados mapuches se han intensificado, provocando mayor malestar.
El general en jefe de la policía chilena, Gustavo González, anunció el lunes el envío de 100 efectivos a la zona del conflicto mapuche, que corresponde a las provincias de Malleco (La Araucanía) y de Arauco (Bío Bío), asegurando que más contingente y más equipos.
El gobierno chileno, como ha sido la costumbre, anunció que invocará la Ley Antiterrorista en estos casos, como el atentado una hacienda en Vilcún, donde se encontraron panfletos con consignas a favor de la causa mapuche.
De hecho, el ministro de Agricultura, Luis Mayol, consideró como "gravísimo" el nuevo ataque incendiario a los helicópteros, y no dudó en calificarlos de terroristas.
"Es un atentado gravísimo. Yo vi las fotos. Es una bala de guerra, que perforó el piso del helicóptero y salió en el asiento trasero derecho", dijo Mayol, quien aseguró que "la intención de los terroristas era quemar los helicópteros y las casetas de los brigadistas".
Las autoridades también están preocupadas porque el 3 de enero próximo se cumplen seis años del asesinato del mapuche Matías Catrileo a manos de la policía.
A principios del 2013, cuando se recordaba este hecho, se produjo un atentado incendiario que costó la vida al matrimonio de empresarios agrícolas Luchsinger-Mackay, también en Vilcún.
La Ley Antiterrorista en Chile ha sido criticada por organismos de derechos humanos que la califican como un atentado al debido proceso, por lo que se ha cuestionado las circunstancias y los juicios mismos a los mapuches que han sido inculpados.
A mediados de la década de 1990 las organizaciones mapuche, la principal minoría étnica de Chile, comenzaron a organizarse para pedir la devolución de los territorios que fueron usurpados tras la invasión del Ejercito chileno en 1883.
Aunque el Estado aplicó una política de entrega de terrenos, comprando algunas haciendas para traspasarla a las comunidades mapuche, la pobreza y discriminación de la que han sido víctimas los miembros de la etnia no ha permitido su desarrollo.
Por otro lado, la tradicional falta de un órgano político centralizado en esta etnia (que agrupa a más de 1,5 millones de personas), hace que las comunidades mantengan agendas distintas, que oscilan entre los deseos de gobierno autónomo y la independencia total.
El problema ha sido asumido por la presidenta electa Michelle Bachelet, quien relevará en marzo del 2014 a Sebastián Piñera.
En su programa se incluye el reconocimiento oficial de los mapuches como nación en la legislación chilena y planes de desarrollo.
El problema es que durante su pasado gobierno (2006-2010) se inició la aplicación de la Ley Antiterrorista contra los mapuches y se inició el recrudecimiento de la violencia, como el caso del joven Matías Catrileo.
Recién el sacerdote jesuita en la región, Luis García-Huidobro, quien ha sido arrestado en varias ocasiones por apoyar a las comunidades, señaló que entre las organizaciones "en Michelle Bachelet no hay ningún tipo de confianza en que pueda poner remedio a la situación, ella u otro gobierno". Fi