La Asamblea Legislativa sancionó en su última sesión de este año una ley que busca proteger la propiedad privada y fiscal en Bolivia de los invasores (avasalladores) con sanciones de hasta ocho de años de cárcel y procesos abreviados, informó hoy la presidenta de Diputados, Betty Tejada.

"Al incorporar al Código Penal la figura o tipo de tráfico de tierras, quien incurra en la invasión de un predio o inmueble privado recibirá una pena de hasta ocho años de privación de libertad o cárcel; tenemos que proteger las tierras fiscales y la propiedad privada", dijo la asambleísta oficialista en conferencia de prensa.

Con esta medida legal, prácticamente se cierran las sesiones de este año, y para la legislatura 2013-2014 sólo faltarían dos semanas que sesionarán el próximo año para temas "muy urgentes y pendientes".

La denominada Ley contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras fue remitida al Organo Ejecutivo para su promulgación por el mandatario Evo Morales en los próximos días.

Ya existe una ley que sanciona con cárcel a los avasalladores de predios mineros privados y estatales, y ahora se completa una norma para proteger predios privados.

Entre 2004 y 2012, por el buen momento de la minería y por los precios de las materias primas en el mercado internacional, se generaron al menos dos centenares de avasallamientos y tomas ilegales de yacimientos mineros por parte de campesinos e indígenas, según informes del gobierno.

Entre 2010 y 2013 las tomas ilegales de tierras se produjeron en regiones altamente productivas, como en el este y noreste de Bolivia, lo que motivó la aprobación de la medida legal.

De acuerdo con la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios Avasallados (ASPP), en Santa Cruz existen 115 predios tomados, y esa acción ya causa perjuicio a la producción.

La norma tiene el objetivo de dotar al Estado de instrumentos necesarios para resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual, colectiva y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras.

"El tema de los avasallamientos es no sólo en lo rural, sino también en lo urbano, pero además de una forma acelerada con procesos abreviados", explicó Tejada.

La nueva norma incorpora al Código Penal el tráfico de tierras, que se define como el arriendo, negocio, donación, la compra-venta o permuta de tierras individuales o colectivas ajenas.

Estas conductas tendrán penas de privación de libertad de tres hasta ocho años. Además, se incluye el tipo penal del avasallamiento, que está descrito como la invasión y ocupación de hecho, total o parcial, de tierras o inmuebles ajenos, individuales, colectivos, bienes de dominio público o bienes de patrimonio del Estado.

Quienes cometan estas acciones estarán sujetos a penas de privación de libertad de tres a ocho años. La ley era esperada en el sector productivo del país. Fi