La Corte Suprema de Chile ordenó hoy al Estado el pago de la primera indemnización por la muerte de un hombre de 70 años, ocurrida a causa del tsunami que sobrevino luego del terremoto del 27 de febrero de 2010.

El máximo trbunal del país dispuso el pago de 55 millones de pesos (unos 110.000 dólares) en beneficio de la familia de Mario Segundo Ovando Garcés, quien falleció el 2 de marzo de ese año días después de ser alcanzado por el océano en su residencia.

La justicia determinó que se incurrió en responsabilidad estatal en este deceso, pues la familia de la víctima hizo caso de la recomendación de las autoridades de permanecer en sus casas luego que se descartara el tsunami.

Tras el terremoto de 8,8 grados Richter que sacudió al país hace casi cuatro años, las autoridades descartaron la ocurrencia de un tsunami que finalmente sobrevino y que afectó a la zona costera del centro y sur del país.

Luego del terremoto, Ovando Garcés permaneció en su casa y ante la llegada del agua que cubrió la casa, logró subirse al techo de un auto junto a su familia, no obstante, el hombre de 70 años sufrió una asfixia por inmersión, falleciendo tres días después en un centro asistencial.

Por el sismo murieron unas 370 personas, mientras por el tsunami fallecieron unas 120 y otras 24 personas permanecen aún como desaparecidas.

Los familiares de las víctimas han deducido acciones judiciales contra el Estado, mientras el Ministerio Público ha levantado acusaciones contra personeros de la estatal Oficina Nacional de Emergencias y oficiales de la Armada chilena, junto a ellos el viceministro del Interior de la época, Patricio Rosende, cuyos procesos siguen abiertos.

Por el caso fue interrogada como testigo la entonces presidenta de Chile y actual mandataria electa, Michelle Bachelet. Fi