La derrota electoral de la derecha oficialista en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile perfila un bloqueo de la oposición, la gran ganadora en los comicios, de toda iniciativa legal que impulse el gobierno del presidente Sebastián Piñera en los tres últimos meses de gestión.

La advertencia la hizo esta semana el presidente del Senado chileno, y militante del partido Demócrata Cristiano, Jorge Pizarro, uno de los principales del bloque opositor de centro-izquierda.

Pizarro dijo que el Congreso no aprobará nada que no esté conversado y acordado previamente en los últimos tres meses de gobierno de Piñera, quien terminará su mandato el próximo 11 de marzo.

Un primer bloqueo sucedió con la ley de resguardo de orden público, que la oposición criticaba por ser una manera de concretar el legítimo derecho a la protesta, y que fue rechazada en el Congreso esta semana, sepultando uno de los proyectos más importantes en la agenda de seguridad pública oficial.

Pizarro hizo su advertencia dos días después del triunfo de Michelle Bachelet, la candidata presidencial del bloque opositor Nueva Mayoría, por el 62,16 por ciento de los votos en la segunda vuelta electoral del domingo pasado.

Un mes antes, la oposición también se impuso en las parlamentarias con mayoría absoluta.

"Vamos a avanzar sólo en materias en las que hay acuerdos porque el eje fundamental del gobierno de la presidenta Bachelet, que va a estar enfocado en temas de educación y sería absurdo estar tratando de legislar ahora cosas que vamos a tener que cambiar en marzo", dijo Pizarro.

Las palabras de Pizarro surgieron después de reunirse con el ministro general de la Presidencia, Cristián Larroulet, a fin de generar un acuerdo para avanzar en la agenda legislativa del presidente Piñera.

Los proyecto de educación también podrían ser frenados, admitió Pizarro.

Piñera había decidió continuar su agenda para el final de su período,pese a los resultados electorales adversos para su gestion. "Tenemos una agenda legislativa muy importante por delante, en que están las leyes de seguridad ciudadana y también las que tienen que ver con nuestra reforma educacional", dijo Piñera antes de los comicios. Las protestas y demandas sociales que vivió Piñera desde 2011 fue un terreno donde la oposición pudo pararse con comodidad y en su programa de gobierno están incluidas numerosas respuestas a estas peticiones de los movimientos sociales, incluyendo educación.

Lejos quedaron los primeros días donde el gobierno de Piñera tenía la mayoría en la cámara de diputados, pero la división del Partido Regionalista que lo apoyaba, provocó que algunos comenzaran a votar con la oposición.

En el Senado, donde la oposición siempre tuvo mayoría, se lograban acuerdos con los independientes y la Democracia Cristiana que permitían avanzar en sus proyectos, pero ahora el bloque se unificó para oponerse en materias vitales, entre ellas más recursos subvencionados a los colegios de secundaria.

El problema, según la oposición, es que la manera en que se estaban entregando esos recursos contradecía algunos aspectos del programa en educación que impulsará el nuevo gobierno y los dejaría con poco espacio para utilizar recursos dentro del presupuesto para el área.

En la Nueva Mayoría lo definían como ley de amarre, una forma de limitar los usos de los recursos en educación, ante un presupuesto para el año 2014 muy acotado, que presentó el gobierno de Piñera.

Aunque el gobierno no se ha pronunciado directamente sobre esta estrategia, la molestia es evidente.

Aún se recuerda por ejemplo que cuando se rechazó la ley de resguardo del orden público, el presidente Piñera declaró: "espero que no la echen de menos", en referencia de que les hará falta para enfrentar las manifestaciones violentas.

Pero el desorden legislativo que debió enfrentar el gobierno de PIñera también vino de sus filas.

En medio de la discusión por el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), que entrega derechos legales a parejas, ya sean heterosexuales u homosexuales, el bloque oficialista se dividió.

El conservador partido oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI), que rechaza completamente el proyecto, utilizó una figura legal para retrasar la legislación, lo que en la práctica impedirá que se discuta antes del receso de febrero y por lo tanto que no se apruebe durante este gobierno.

En marzo cuando asuma el nuevo parlamento, la situación será más difícil para la derecha, puesto que la Nueva Mayoría tendrá 68 de 120 diputados, más 21 de 38 senadores.

A eso se le suman cuatro diputados independientes más cercanos al nuevo gobierno, y un independiente de derecha en el senado que también se ha inclinado al bloque de centro-izquierda en más de una ocasión. Fi

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