La confirmación de más de mil desaparecidos durante este año coloca en entredicho la utilidad de la tregua pactada entre las pandillas 18 y Mara Salvatrucha en marzo de 2012 cuando prometieron el cese de la violencia territorial.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia y Seguridad confirmó esta semana lo que era un rumor desde hace un año debido a que los casos de personas desaparecidas se duplicaron en relación al año anterior.

De acuerdo a las autoridades de Seguridad Pública, hasta el momento registran 1.070 desaparecidos.

"En el año 2012 tuvimos 545 casos y hemos pasado a 1.070 personas este año", reconoció el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Rigoberto Pleités.

La información es un vuelco de 180 grados a la política policial que rigió durante la administración del general David Munguía Payés, el principal artífice del pacto entre las llamadas maras.

Munguía Payés, quien fungió como ministro de Seguridad antes de volver al mando de la Fuerza Armada, argumentó que la ola de violencia era provocada por la guerra territorial de las pandillas.

Para Munguía la clave era propiciar el ambiente para que los pandilleros cesaran la guerra territorial por el control del narcomenudeo y extorsiones a comerciantes del sector informal y del transporte.

Pero el acuerdo nunca llegó a la ciudadanía que siempre padeció las temidas "rentas", como es llamada la extorsión en la jerga de las maras.

Tras el cese de Munguía como funcionario en seguridad, debido a que la Corte Suprema declaró inconstitucional el nombramiento de un militar al mando de una cartera civil, el gobierno del presidente Mauricio Funes designó al jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Ricardo Perdomo.

Perdomo cesó los privilegios en las cárceles y endureció la persecución policial que acabó por conseguir las delaciones adentro de las mismas pandillas.

Gracias a esas delaciones es que la Fiscalía General de la República (FGR) dio con un mega cementerio clandestino con 44 fosas donde hasta el momento han encontrado los restos de al menos 28 víctimas asesinadas durante los últimos doce meses.

La mayoría de las víctimas son jóvenes de sexo masculino que vivían en zonas de persistencia pandilleril.

La fosa clandestina está ubicada en un poblado agreste en medio de las montañas al oeste de la capital. Pese a que solamente separan 20 kilómetros, el ingreso a la zona está marcado por una distancia menos tangible.

La zona de acceso es controlada por la pandilla 18 y los lugareños prefieren guardar silencio ante la llegada de un dispositivo policial férreo que resguarda al personal del Instituto de Medicina Legal, que efectúa las excavaciones.

De acuerdo a los informantes en la zona hay enterradas cerca de 50 personas quienes fueron asesinadas por no pagar la extorsión o rechazar el ingreso a la pandilla.

La ola de violencia sacudió el segundo año de gobierno del presidente Funes cuando la cuota de asesinatos fue de 14 diarios.

Gracias al pacto entre la 18 y la MS la cuota bajó hasta un promedio de entre cinco y seis.

Sin embargo, organizaciones críticas al pacto como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) advirtió que las maras solamente cambiaron la táctica al esconder los cadáveres de sus víctimas en lugar de exponerlos.

Hace un mes, el ministro Perdomo anunció que información de inteligencia indicó que los jefes encarcelados de ambas pandillas habían ordenado el aumento de homicidios para presionar a las autoridades por el cambio en el mando en la cartera de Seguridad.

No obstante, los pandilleros emitieron un comunicado conjunto desmintiendo a Perdomo.

Uno de los dos principales promotores de la tregua, el ex guerrillero Raúl Mijango, dijo que la tregua seguía en pie. Su otro apoyo, el capellán castrense Fabio Colindres, empero, se distanció del tema.

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