Cuba vivió en el año que está a punto de concluir otros 12 meses de transformaciones de mayor calado, como parte del proceso de actualización del modelo económico que impulsa el gobierno del presidente Raúl Castro.

"Ya comienzan a observarse los primeros resultados alentadores, aunque también es verdad que falta un largo y complejo camino para actualizar nuestro modelo económico y social", dijo en una sesión parlamentaria el propio Castro.

Una de las medidas gubernamentales más esperadas y aplaudidas fue la aprobación en enero de la nueva ley migratoria, que eliminó el permiso de salida y la carta de invitación que había que presentar ante sus consulados en el exterior, por lo que ahora los ciudadanos cubanos para viajar sólo necesitan un pasaporte actualizado, boleto aéreo y visa.

"Los cubanos estamos ahora en el mismo contexto que cualquier otro ciudadano del mundo, en el que lo que decide es en primer lugar la capacidad del individuo de poder tener un pasaporte, un boleto y sobre todo el visado del país hacia donde se quiere emigrar o visitar", dijo a Xinhua el director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, Antonio Aja.

En mayo comenzaron las medidas netamente económicas, con la aprobación de una resolución gubernamental que flexibilizó los objetos sociales de las empresas, las que hasta ese momento no podían hacer nada que no estuviera establecido antes por las instancias superiores.

El objeto social es la relación de actividades productivas, comerciales y de servicios que constituyan transacciones mercantiles de una entidad, por lo que ahora los directivos, después de cumplir sus compromisos con el plan, pueden disponer de los desechos productivos o las instalaciones ociosas.

Unas semanas después, comenzó un experimento con la conformación de varias cooperativas no agropecuarias, ensayo que con el paso de los meses se amplió y abarca a unas 200 de esas entidades.

La mayoría de esas cooperativas se dedican a la venta de productos agropecuarios en Artemisa, una provincia colindante por el oeste con La Habana, y donde, junto a la provincia de Mayabeque, desde hace un par de años se ensaya un modelo de administración y dirección que se espera se implante más adelante en toda la isla.

Esos nuevos modelos de gestión funcionan en mercados agropecuarios, en el sector del transporte, en la construcción y en el reciclaje, procesamiento y comercialización de materias primas, y en otras actividades.

Como todos los cambios en la economía de la isla, tienen una expresión en las relaciones laborales. En julio, los cubanos comenzaron a discutir en los centros laborales un nuevo Código del Trabajo, que después deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional (Congreso unicameral).

Unos 3,5 millones de trabajadores estatales y no estatales participaron en el debate público que se extendió hasta octubre para hacer las modificaciones pertinentes a la propuesta de anteproyecto de ley.

El nuevo Código, que sustituirá al vigente desde 1984, plantea cambios en lo referido a política de empleo, salario, seguridad social y empleadores de las más recientes formas de gestión no estatal, dijo el vicepresidente y ex secretario general de la unitaria Central de Trabajadores de Cuba, Salvador Valdés, citado por la prensa cubana.

En el décimo mes del año, entraron en vigor un grupo de normativas que permiten que los agricultores pequeños puedan vender directamente sus productos a las entidades turísticas, algo que anteriormente sólo podían hacer por medio de las cooperativas.

Dichas resoluciones fueron aprobadas por los ministerios de Agricultura, Turismo, y Finanzas y Precios para dar continuidad al proceso iniciado en diciembre de 2011, que busca agilizar y dar más dinamismo a los mecanismos de acopio y comercialización entre el productor primario y el consumidor final.

Las nuevas regulaciones, que se aplican tanto a los propietarios como a los usufructuarios de tierra, también amplían la cantidad de productos que pueden comercializar, y que antes sólo se circunscribían a productos agrícolas no industrializados, arroz y carbón vegetal.

Tal vez la noticia de mayor impacto del año fue el anuncio gubernamental, realizado en octubre, del inicio de la unificación monetaria, una decisión evaluada como un paso de avance por el investigador Omar Everleny Pérez, del habanero Centro de Estudios de la Economía Cubana.

"Creo que sería un paso de avance, un empujón más a todos los cambios necesarios que se están haciendo en estos momentos que me parece que son graduales, óptimos", dijo el especialista en diálogo con Xinhua.

Desde inicios de los 90 y tras el colapso de la Unión Soviética, en la isla circulan el peso, CUP, en que los empleados públicos reciben sus salarios y pagan por algunos productos y servicios básicos, y el peso convertible, conocido como CUC, equivalente al dólar en que el Estado vende los productos importados y cobra por servicios como el turismo.

Por su parte, el ex ministro de Economía, José Luis Rodríguez, consideró que la isla tardará por lo menos tres años en cumplir con la unificación monetaria anunciada por el gobierno, un proceso podría desatar la inflación si no es bien manejado.

El paso a la moneda única en Cuba es un complejo proceso interrelacionado con el programa de transformaciones estructurales en curso, y que requerirá tiempo para su aplicación gradual, explicó Rodríguez, quien actualmente es académico del habanero Centro de Investigaciones de la Economía Mundial.

A inicios de noviembre y durante la 31 Feria Internacional de La Habana, la mayor bolsa comercial del Caribe, que reunió a unas 1.400 empresas de 65 países, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, presentó la Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM).

De esa manera, quedó abierta a la inversión extranjera la ZEDM, un megapuerto de aguas profundas que se construye a unos 45 kilómetros al oeste de La Habana con un millonario financiamiento brasileño.

Un reciente decreto gubernamental, firmado por el presidente Raúl Castro, dejó en claro que el objetivo principal de Mariel será contribuir al desarrollo de la isla mediante la generación de exportaciones, fuentes de empleo, financiamiento, transferencias tecnológicas y sistemas logísticos, además de estimular el establecimiento de empresas nacionales y extranjeras.

En esa rada se espera la llegada de la inversión extranjera que podría incluir servicios y obras públicas, la trasmisión de la propiedad estatal y desarrollos inmobiliarios a partir, incluso, de empresas de capital totalmente foráneo o con la participación de un Estado extranjero, aunque deberán ser aprobadas por el Consejo de Ministros.

La nota negativa del año tal vez haya sido la prohibición, también a inicios de noviembre, del funcionamiento de salas de cine y de juegos electrónicos privados, que han proliferado en la isla al margen de las leyes impulsadas por el proceso de actualización del modelo económico.

La exhibición cinematográfica (incluye las salas de 3D) y los juegos computacionales cesarán de inmediato en cualquier tipo de actividad por cuenta propia, anunció una nota informativa firmada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y publicada en el diario "Granma".

La nota anunció que los dueños de establecimientos particulares tienen plazo hasta el venidero 31 de diciembre para liquidar los inventarios de los artículos importados, una medida que afecta sobre todo a la venta de ropa, calzado y bisutería.

La prohibición originó una ola de comentarios entre la población que, de manera habitual, recurre a esas tiendas privadas, cuyos precios y variedad en la oferta, son mejores que en las cadenas de tiendas estatales.

En Cuba, casi medio millón de personas se desempeñan como cuentapropistas, como llaman en la isla a quienes trabajan fuera del sector estatal. Fi

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