El presidente de la Organización (no gubernamental) para la Defensa de los Derechos de los Consumidores, Ricardo Osejo, manifestó hoy su descuerdo con penalizar con cárcel a quienes obtienen energía eléctrica ilegalmente.

Osejo recomendó en la página digital del periódico "La Prensa" una negociación entre la empresa TSK-Melfosur Internacional y las personas cuando tengan conexiones ilegales.

"Esa negociación debe iniciar después que a los ciudadanos con conexiones ilegales se les haya suspendido el servicio de electricidad", aclaró Osejo.

El defensor de los consumidores dijo que TSK Melfosur Internacional no ha brindado informes de su inversión para mejorar este servicio de energía en Nicaragua.

La empresa distribuidora de electricidad TSK-Melfosur Internacional anunció el inicio de procesos judiciales contra las personas con conexiones ilegales, y los llamó a legalizar su situación.

Agregó que a partir del martes,en cualquier inspección realizada, si se determina una conexión ilegal, podría empezar un proceso para aplicar sanciones a estos clientes.

"Hasta a la cárcel (pueden ir), si (los clientes) son reincidentes, y si éstos no utilizaron el periodo de 180 días para su regularización de la situación", subrayó la empresa eléctrica.

Las oficinas de Disnorte-Dissur, adquiridas por TSK Melfosur Internacional en el país, están desde el lunes abarrotadas de personas que quieren regular su situación de conectados ilegales de energía.

Mientras, el Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor (INDC, gubernamental), estima que unas 200.000 personas están "pegadas" a lo cables de energía eléctrica de forma ilegal.

La Asamblea Nacional (Congreso) reformó el artículo 236 del Código Penal para sancionar a los "roba" energía eléctrica, que se castigarán con cárcel.Fi