La ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, afirmó el domingo que en la Constitución de Venezuela, que arriba a 14 años de creada, se encuentran los deseos y sueños deliberados del Poder Popular (pueblo) que luchó durante casi dos siglos por consolidar su independencia.

Durante un evento en la Plaza Bolívar de Caracas, la titular Penitenciaria, hizo un llamado al pueblo a continuar estudiando el texto constitucional de manera organizada, "debe ser un tema de estudio y discusión permanente, deben aprendérselo de memoria, pues un pueblo que conozca sus derechos no podrá ser dominado en el futuro".

El 15 de diciembre de 1999, con 71 por ciento de los votos, se aprobó el texto constitucional de la nueva República Bolivariana de Venezuela.

Comenzó a gestarse luego de la elección del comandante Hugo Chávez en el 98. Al año siguiente, el 25 de abril, se convocó a un referendo consultivo avalado por la antigua Corte Suprema de Justicia -hoy Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)-, para preguntar a la ciudadanía si quería o no una Asamblea Constituyente que redactara el texto legal, lo que originó que el 87 por ciento de los votantes dijo que sí.

El 25 de julio de ese año se eligieron, en un nuevo comicio, los 128 hombres y mujeres encargados de redactar la Carta Magna y cinco meses después, el 15 de diciembre de 1999, los venezolanos elegían la normativa que establecía la democracia participativa y protagónica como modelo de gobierno, con lo que se terminó con la representatividad característica de los anteriores 40 años.

La ministra hizo especial mención de dos artículos contemplados en la Constitución más moderna del mundo, el primero el número 51 que establece el derecho a petición y oportuna respuesta del funcionario público.

"Toda persona tiene el derecho de representar o distinguir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo".

Recalcó que ese articulado es un arma contra la burocracia y es una obligación constitucional responder a las exigencias del pueblo, "quien no de esa respuesta puede ser sancionado por vía administrativa, penal o civil, según la gravedad del caso".

El otro que mencionó Varela fue el 70, que estipula "son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa.Constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante,entre otros...".

Subrayó que son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, económico y social, "armas para que el pueblo no tenga necesidad de irse a una revuelta popular, ni a un golpe de Estado".

Por su parte, el constitucionalista e historiador Tulio Alvarez, opositor al gobierno bolivariano y a todos sus logros, no dudó en considerar, con respecto a la Constitución de 1999, que uno de sus mayores aportes ha sido el interés que ha despertado en el venezolano.

"Ahora el pueblo está más involucrado en ese tema. En el día a día, la gente sabe y defiende sus derechos", dijo.

Mientras, la docente e investigadora del Instituto de Derecho Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo, Norma Paz, expresóque "la Constitución venezolana de 1999, adopta un sistema de justicia constitucional, ubicándose así dentro de los sistemas más avanzados del mundo".

Agregó la especialista que otro aporte de la Carta Magna que aprueba la convivencia democrática y consolida el estado social de derecho y de justicia, lo representa el sistema de justicia constitucional, y para garantizarlo, se creó una Sala Constitucional en el Tribunal Supremo de Justicia a los fines de ejercer la jurisdicción constitucional; por ello llama a la defensa de la Constitución, por ser "un compromiso con una democracia participativa y protagónica". Fi