La Organización de Estados Americanos (OEA) oyó hoy martes, en su sede en Washington, los planteamientos de Haití y de República Dominicana en torno a una sentencia sobre el derecho a la nacionalidad en este último país, cuyo gobierno defendió su aplicación ante las acusaciones de la delegación haitiana sobre la naturaleza perjudicial de la medida.

"Tenemos que buscar una solución con el máximo acuerdo, con buena apertura y buena voluntad", dijo el secretario general de la OEA en la sesión del consejo permanente del organismo hemisférico trasmitido en vivo a través de internet.

El tema fue discutido cuatro días después de que la representante de San Vicente y las Granadinas, país miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom), presentó una moción para que la sentencia sea conocida por la OEA, al considerar que el fallo "afecta a varios miembros" del organismo.

La iniciativa se refiere a un fallo del Tribunal Constitucional dominicano, que el pasado 23 de septiembre falló que una mujer de ascendencia haitiana, Juliana Deguis Pierre, no tiene derecho a la nacionalidad de este país porque nació de padres cuya condición de "extranjeros en tránsito" (sin residencia legal) la excluye de optar por ese derecho.

El fallo también dispuso que el tribunal electoral someta a la instancia correspondiente las actas de nacimiento de los dominicanos de ascendencia haitiana para que éste determine su validez o nulidad, y ordenó realizar una auditoría "minuciosa" de los registros de nacimiento desde 1929 a la fecha para identificar a todos los extranjeros inscritos en el registro civil.

Durante la sesión, de carácter informativa, según adelantó la secretaría del consejo permanente de la OEA, se anunció que una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará República Dominicana para "indagar" la situación.

Al defender su posición, el gobierno dominicano dio garantías de que se respetarán los derechos fundamentales de las personas y manifestó que la cantidad de afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional es solo una fracción de los "estimados alarmistas" que se han dado hasta el momento.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, leyó un documento en el que indicó que su gobierno acatará el fallo del alto tribunal porque representa la "oportunidad perfecta para solucionar un problema que ha sido relegado durante años".

Pina agregó que en las próximas semanas será puesto en ejecución un plan que establecerá procedimientos claros y expeditos para resolver casos particulares de irregularidad, y llamó a los países del sistema interamericano a acompañar a su país a dar una solución a la situación de los indocumentados.

"A pesar de las muestras de apertura y de respeto, el país ha recibido por parte de las autoridades de Haití una respuesta hostil e injustificable, que no muestra la situación conciliadora y de concertación del gobierno dominicano", dijo Pina.

En la sesión, algunos embajadores saludaron el anuncio de que no se realizarán deportaciones masivas y de que se respetarán los acuerdos internacionales, pero otros condenaron la sentencia por el impacto que ésta tendría entre los inmigrantes radicados en República Dominicana.

El gobierno haitiano consiguió el apoyo de varios países caribeños, además del Caricom, bloque que reúne a quince naciones de la región, y de organismos y organizaciones internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En la sesión de hoy, la delegación de Haití, encabezada por el encargado jurídico de la Cancillería haitiana, Jean Claudy Pierre, expresó su preocupación por el posible hecho de que el fallo del tribunal dominicano afecte a más de 200.000 inmigrantes haitianos que quedarán en condición de "apátridas".

Pierre, que recomendó una investigación a cargo de la CIDH, reiteró su "firme voluntad" de continuar trabajando para una convivencia pacífica de las dos naciones, pero manifestó que el fallo viola aspectos fundamentales de la carta de las Naciones Unidas.

La presencia masiva de inmigrantes haitianos en territorio dominicano es causa frecuente de fricciones entre ambas naciones.

Según una encuesta difundida en mayo, cerca de medio millón de personas provenientes de Haití viven en República Dominicana, la mayor comunidad extranjera residente en este país, mientras otros 244 mil son dominicanos de ascendencia haitiana.