El Dáil, la Cámara Baja del Parlamento irlandés, aprobó hoy en una votación la nueva ley del aborto, que prevé autorizar la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corra peligro, lo que incluye la amenaza de suicidio.

Tras más de dos días de intenso debate, el Gobierno de coalición de los conservadores del Fine Gael (FG) y los laboristas sacó adelante su texto con 127 sufragios a favor y 31 en contra, si bien ambos partidos obligaron a sus diputados a votar por la ley, que se espera entre en vigor antes del próximo 18 de julio.

En la actualidad el aborto es ilegal en Irlanda salvo cuando la vida de la madre esté en peligro, cuestión sujeta a la interpretación de los médicos, que normalmente tienden a negarse a interrumpir embarazos por miedo a consecuencias legales o por convicciones religiosas.

La nueva ley sustituirá así a la normativa actual, que permite interrupciones del embarazo en circunstancias muy limitadas con directrices muy vagas recogidas en la Constitución.

Aunque el primer ministro, el conservador Enda Kenny, ha reconocido que la nueva legislación "no modifica apenas" la situación actual ni "los derechos" de la "madre y del no nacido", sí ofrece "claridad y certeza" sobre las "circunstancias muy específicas" que permitirán practicar un aborto.

El texto propone ahora que las interrupciones del embarazo en casos no considerados "de urgencia" se practiquen en unidades de ginecología del servicio público de salud, después de que dos médicos certifiquen que existe un "riesgo sustancial y real" para la vida de la madre.

Si se trata de una emergencia, un solo médico podrá decidir si es necesario practicar un aborto para salvar la vida de la embarazada.

No obstante, los médicos irlandeses podrán negarse a practicar un aborto por "objeción de conciencia", si bien el hospital seguirá estando obligado a ofrecer la interrupción del embarazo en casos pertinentes.

Pero es la inclusión de la amenaza de suicidio como motivo para abortar la cláusula que más ha preocupado a algunos conservadores, pues creen que abrirá la puerta en Irlanda a lo que denominan "abortos a la carta".

A este respecto, el proyecto de ley propone que un comité de tres expertos, compuesto por dos psiquiatras y un obstétrico, evalúe a través de un historial y entrevistas el estado de salud físico y mental de la madre, quien no será interrogada por los tres a la vez, tal y como querían los laboristas, para evitar dar un aire inquisitorial al proceso.

Si los expertos dan luz verde, será la madre la que decida seguir adelante con una interrupción, pero si ésta es denegada ella será la única que podrá apelar la decisión ante otra instancia médica compuesta por tres especialistas.

Entre los 31 diputados que se opusieron a la ley figuran políticos progresistas, que consideran que seguirá siendo una de las más restrictivas de Europa, lo que no evitará, dicen, que más de 4.000 irlandesas viajen cada año al Reino Unido para someterse a un aborto, según revelan cifras oficiales británicas.

Además, consideran que el texto continuará "criminalizando" esta práctica, pues propone penas de cárcel de hasta 14 años tanto para el profesional médico como para la madres que sigan un procedimiento antirreglamentario.

En el bando opuesto, la principal damnificada por su oposición a la ley ha sido la secretaria de Estado para Asuntos Europeos, la conservadora Lucinda Creighton, quien dimitió de su cargo y ha sido expulsada del FG por votar en contra de la cláusula referida al suicido, la misma suerte que han corrido otros seis correligionarios.