
El gobierno de España facilitará y agilizará la concesión de permisos de residencia a aquellos extranjeros que adquieran bienes inmobiliarios por encima de 500.000 euros (650.000 dólares) frente a los 160.000 euros (208.000) anunciados anteriormente.
La medida se adoptará para atraer hacia España a inversionistas y personas con talento para hacer negocios.
La vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría informó hoy, en conferencia de prensa tras finalizar el Consejo de Ministros, que se aprobó el anteproyecto de ley de emprendedores, el cual otorgará también permisos de residencia a los extranjeros que compren deuda pública por importe superior a dos millones de euros (2,6 mdd).
Al mismo tiempo, se prevé que con la otorgación de licencias de residencia los extranjeros beneficiados inviertan en proyectos empresariales, y con ello se generen puestos de trabajo.
Sáenz de Santamaría negó que estos permisos de residencia para extranjeros supongan "una venta de la residencia", y alegó que el gobierno español está haciendo lo mismo que otros países como Portugal, Reino Unido o Irlanda, que cuentan con medidas similares para atraer inversión de una manera "ordenada y disciplinada".
Aseguró que se trata "de beneficiar a personas que vienen a contribuir a la riqueza del país".
Asimismo, el Gobierno aprobó hoy en el Consejo de Ministros la "Ley de Emprendedores", que tiene como objetivo "favorecer la cultura emprendedora y facilitar la creación de empresas".
La vicepresidenta señaló que los emprendedores no tendrán que responder con su vivienda habitual -con un límite de 300.000 euros (390.000 dólares)- de las deudas derivadas de su actividad empresarial, salvo que éstas sean con la administración pública.
De esta forma, se constituye la figura del "emprendedor de responsabilidad limitada" incluida en el anteproyecto de ley de apoyo a los emprendedores, "una medida que podría beneficiar a 1,3 millones de inversionistas autónomos" según el Poder Ejecutivo, la cual deberá entrar en vigor en 2014.
Precisamente una de las novedades adoptadas será que las pymes e inversores autónomos con menos de dos millones de euros de facturación no pagarán el IVA hasta cobrar sus facturas.
Otra novedad será la reducción de cargas administrativas, ya que el gobierno se comprometió a revisar el clima de negocios de forma permanente.
Para ello, el gobierno desarrolló una nueva cláusula bajo el nombre de "One In, One Out", por medio de la cual no se podrá diseñar una nueva traba administrativa si previamente no se elimina otra.
Además, incluye una serie de medidas como la reducción de cargas estadísticas o la eliminación de la obligatoriedad de disponer de un libro de visitas para la Inspección, entre otras cosas, todo encaminado a crear puestos de trabajos con la puesta en funcionamiento de nuevas empresas.
Esta serie de medidas al parecer fueron bien recibidas por los propietarios de pequeñas y microempresas (pymes).
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