El canciller de Guatemala, Fernando Carrera, anunció hoy la suspensión de una consulta popular simultánea con Belice, en la cual se decidiría si ambos países resolvían un diferendo territorial de más de 150 años a través de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de las Naciones Unidas, con sede en La Haya.

Carrera dijo a Xinhua que "el ejecutivo (el presidente Otto Pérez) preparó una carta que fue enviada al legislativo, informando que no hay condiciones adecuadas para asegurar un voto favorable para ir a la CIJ".

Guatemala y Belice tienen un diferendo territorial que no permite la demarcación de fronteras, esto data de más de 150 años, cuando ambos eran colonias de España e Inglaterra, respectivamente.

España hizo una pequeña concesión a Inglaterra para explotar madera, al norte de Guatemala, frente al océano Pacífico, luego los británicos expandieron de manera unilateral ese territorio y tomaron lo que hoy es Belice.

Luego, Guatemala se independizó y reclamó esa tierra, años más tarde Gran Bretaña, otorgó la independencia a Belice y éste heredó este conflicto.

El ministro del exterior de Guatemala dijo que hay tres argumentos para esta decisión, "que es necesaria más educación ciudadana en ambos países, para que entiendan lo que significa el diferendo territorial".

Añadió que también hay descontento por la decisión de Belice de legislar, luego de firmado el Acuerdo para realizar la Consulta Popular, y exigir que el 60 por ciento de la población participe y vote a favor para que el resultado sea admitido (ley del 60 por ciento).

"Además son más de 30 millones de dólares los que debemos invertir; Guatemala no tiene la intención de romper el acuerdo; simplemente negociar otra fecha, seguimos en que la diferencia territorial debe solucionarse en una corte. Esto se mantiene", dijo Carrera a Xinhua.

Añadió que se hicieron dos planteamientos a Belice: el primero, que ellos hagan primero la consulta, a lo cual se negaron, y el segundo que sea simultáneo el referéndum, pero en igualdad de condiciones, "que deroguen la 'ley del 60 por ciento', pero ellos rechazan las peticiones". afirmó. Fi