La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, promulgó hoy viernes la nueva Ley de Royalties de Petróleo, que consagra las alteraciones establecidas por el Congreso en el reparto entre los distintos estados brasileños de los recursos derivados de la explotación de petróleo en el país.

Rousseff promulgó el proyecto a pesar de haberlo rechazado inicialmente, lo que la llevó a realizar 142 vetos al texto, que fueron derribados la semana pasada, en una tumultuosa sesión, por la Cámara de Diputados y el Senado.

La mandataria había vetado el proyecto de ley bajo fuerte presión de los estados productores, que pretendían que la norma se aplicase sólo a contratos futuros.

El principal veto daba continuidad al porcentaje actual que reciben los estados productores -Río de Janeiro, Espirito Santo y Sao Paulo- al impedir la aplicación inmediata de una fórmula más igualitaria entre todos los estados del país de distribución para los contratos vigentes.

La nueva ley resulta en una reducción de 26,2 para 20 por ciento en la recaudación de los estados productores, garantizando a los estados y municipios no produtores, que hasta ahora recibían apenas 1,76 por ciento de los royalties, una parcela mayor de los recursos.

Los gobiernos de Río de Janeiro y Espirito Santo anunciaron que entrarán con acciones en el Supremo Tribunal Federal para anulación de la sesión parlamentaria que reafirmó la ley, con el argumento de fallas en el proceso de votación.

El proyecto sobre participación en los royalties había sido aprobado por el Congreso en función de la explotación de los campos petroleros bajo la capa presal del lecho submarino continental, que deben convertir a Brasil en un gran productor en las próximos años.

Los royalties son tributos pagados al gobierno federal por las empresas que explotan el petróleo, como compensación por daños ambientales y como pago por los derechos del Estado sobre los campos.

Antes de la derribada de los vetos, Rousseff había anticipado que si los legisladores rechazaban sus vetos, no cabería ninguna reacción del Ejecutivo, puesto que "lo que el Congreso decida es lo que va a estar decidido".