El traumático cierre de la aerolínea uruguaya Pluna trajo problemas de conectividad áerea al país, incertidumbre entre trabajadores y acreedores, pero también un inesperado escándalo político por la participación del gobierno del presidente José Mujica, cuya buena imagen podría ser impactada.

Como en una novela policial, cada capítulo disipa las certezas y multiplica las dudas sobre la decisión del presidente Mujica y el inesperado protagonismo en este affaire del empresario argentino-uruguayo Juan Carlos López Mena.

Cinco meses después de que los aviones despegaran por última vez, Mujica sigue inmerso en uno de los mayores dolores de cabeza de su administración que podría dañar su imagen.

Pluna dejó de volar el 5 de julio ante una delicada situación financiera que arrastraba desde hace décadas y frente a la amenaza de juicios laborales millonarios por una asociación con la quebrada firma brasileña Varig.

"No podía hacer otra cosa que liquidar esta historia de Pluna", argumentó Mujica en octubre.

La decisión fue adoptada de la noche a la mañana y sorprendió a unos 70.000 pasajeros de vuelos regionales y con conexiones frustradas hacia otros continentes.

La asociación con Varig, iniciada en 1995 y se prolongó durante más de una década, pero "no hizo otra cosa que multiplicar las penurias futuras de Pluna", según Mujica.

El gobierno tenía un 25 por ciento de las acciones de la aerolínea y el 75 por ciento restante era del consorcio argentino Leadgate, que en junio había acordado su retiro del negocio. Fundada en 1936, la firma contaba con 900 trabajadores y vuelos regulares a varios destinos de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Entre julio de 2011 y febrero de 2012, la compañía reportó pérdidas por 11,8 millones de dólares que se acumulaban a sus tradicionales balances en rojo. Durante una interpelación en el Parlamento, el ministro de Transporte, Enrique Pintado, explicó que "con muchos costos personales y políticos tomamos la responsabilidad (del cierre)". "Pasar la pelota para adelante fue la conducta de este país durante 30 o 40 años", se defendió el funcionario del gobierno de la coalición de izquierda Frente Amplio (FA).

En esa encrucijada ninguna opción implicaba "bajos costos" y "entendimos de buena fe y honestamente que esta era la mejor alternativa", dijo, a su parte, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Sin embargo, los innumerables problemas sin resolver plantean con fuerza la interrogante de cuál era el "mal menor".

LAS DUDAS

Tras una primera subasta sin oferentes, a principios de octubre la firma española Cosmo se quedó con un lote de siete aeronaves Bombardier CRJ 900, con capacidad para 90 personas por 137 millones de dólares.

Sin embargo, llamativamente Cosmo no concretó la compra y el Estado decidió ejecutar la garantía, cuya solvencia fue puesta en duda por actores políticos.

La oposición sugirió que Cosmo era un prestanombre de Buquebús, que realiza el transporte fluvial de pasajeros desde Montevideo y Colonia a Buenos Aires, y tiene interés en desarrollar su incipiente línea aéra BQB.

El representante de Cosmo había sido empleado de Buquebús, cuyo propietario es López Mena, quien antes había mostrado interés por las aeronaves.

La frustrada subasta le generaba un nuevo problema a la liquidación de Pluna.

Las sospechas de irregularidades llevaron el affaire ante la justicia del crimen organizado que comenzó a investigar de oficio y por una denuncia de legisladores del opositor Partido Nacional (PN).

La investigación incluyó un aval que pidió Cosmo para intervenir en el remate y que, según trascendió de declaraciones judiciales, fue López Mena quien lo tramitó ante el estatal Banco República.

El empresario dijo ante la justicia que desde el propio gobierno se le pidió que acercara algún interesado al remate.

"Si hay un calificativo que no le cabe a este proceso es la transparencia. Por el contrario, es la oscuridad, la opacidad, la sospecha", declaró el senador del opositor Partido Nacional (PN), Carlos Moreira, promotor de la denuncia.

Aunque no hay sospechas de corrupción sí parece claro que se saltearon pasos formales.

ALTERNATIVAS

El gobierno trabaja en una salida que permita darle continuidad laboral a la plantilla de la firma y mejorar la conectividad.

Con los aviones en su poder, el Estado se ha inclinado en apoyar una cooperativa de ex trabajadores que gestione la aerolínea.

Sin embargo, muchos dudan de su viabilidad.

Al explicar su proyecto en el Parlamento, el grupo de trabajadores debió dar marcha atrás en su intención de bautizar a la nueva empresa como "Air Pluna" alertados de que podrían recibir demandas de acreedores.

Y motivó burlas en las redes sociales el rústico logo de la futura compañía que para algunos fue obra de alguien bien intencionado, pero despojado de las mínimas técnicas de diseño gráfico.

El plan de negocios del sindicato prevé retomar desde abril los vuelos regionales con casi 500 empleados alquilando a un precio subvencionado los 7 Bombardier.

Desde el inico, la cooperativa asume pérdidas por 7,6 millones anuales.

Para viabilizar el proyecto, el estatal Fondo para el Desarrollo (Fondes) confirmó que entregará a los ex trabajadores un préstamo a largo plazo por unos 20 millones de dólares.

El cierre también dejó problemas de conectividad, lo que afectaría al sector turístico en la próxima temporada de verano austral.

La ministra de Turismo, Liliam Kechichián, reconoció su inquietud al afirmar que "no llegamos a cubrir con todas las frecuencias que cumplía Pluna" con el sur de Brasil.

"Van a quedar líneas por cubrir, pero se han dado pasos", explicó en noviembre sobre los vuelos a Brasil, el segundo origen de los turistas que llegan a Uruguay.

Por el contrario, Kechichián destacó que "el puente aéreo Uruguay-Argentina (entre Montevideo y Buenos Aires) está recompuesto".

Otro gran golpeado por el fin de Pluna fue el aeropuerto Internacional de Carrasco, que sirve a Montevideo, y era su base de operaciones.

La terminal aérea registró una baja de 36 por ciento en los últimos cinco meses al tiempo que actualmente recibe unos 1.500 vuelos menos por mes.

CONSECUENCIAS POLITICAS

Este embrollo generó reacciones en la interna del gobierno y del FA.

"Sin duda el caso Pluna afecta al gobierno, pero más que nada a quienes estuvieron directamente involucrados en el proceso", aseguró el jueves el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta.

A juicio del vicepresidente del FA, Juan Castillo, hay que "reconocer como frenteamplistas que estamos ante un gran problema" y pidió una "dosis de mayor transparencia".

"Ha sido una sumatoria de complejidades de todo tipo", dijo al periódico La Diaria, y enumeró: "los remates, el que hubo que suspender, el nuevo que se hizo, la poca oferta, el socio, el no socio, los vínculos, el aval".

Analistas coinciden en que el affaire tendrá un impacto en Mujica, que en diciembre ostenta un nivel de simpatía popular del 50 por ciento y de aprobación de su gestión de 40 por ciento.

Para el director de la consultora Factum, Eduardo Botinelli, este episodio "impactó muy fuertemente en la elite política y económica, en el mundo más informado" pero "no en la población".

A juicio del politólogo Adolfo Garcé, "este tipo de eventos son los que, poco a poco, van erosionando las bases electorales de los partidos de gobierno".

En tanto, el director de la consultora Cifra, Luis Eduardo González, dijo que este caso genera un "riesgo electoral" para el FA, de cara a las elecciones generales de 2014, y que el ministro Lorenzo "metió la pata". Fi

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