El próximo 28 de diciembre iniciarán operaciones en Chile los denominados Tribunales Ambientales, que dirimirán reclamos o demandas de carácter ecológico.

El inicio del trabajo de estos tribunales, previsto en forma gradual, enfrenta sin embargo una serie de críticas a la debilidad del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y el Ministerio del ramo.

Los nuevos tribunales y la superintendencia del ramo asumirán tareas de fiscalización de ambas instituciones.

Organizaciones ambientalistas apuntan la lentitud en la instalación de estos tribunales, aunque desde julio fueron designados los jueces para el primero de ellos, que operará en Santiago, la capital chilena.

Falta por designar a los funcionarios en las ciudades de Valdivia, en el sur, y en la norteña de Antofagasta.

Las nuevas instancias ambientales sesionarán al menos tres días por semana, y tendrán como principal función la resolución de controversias medioambientales, entre ellas reclamaciones contra decretos supremos del presidente de Chile que establezcan normas de calidad ambiental y de emisión.

Además, podrán evaluar los decretos que declaren zonas del territorio que pudieran ser declaradas latentes o saturadas y los que fijen planes de prevención o de descontaminación.

También acogerán demandas para la reparación del medio ambiente y reclamos contra las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, del Comité de Ministros o del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

De igual forma, atenderán solicitudes de cualquier persona natural o jurídica en contra de la determinación del Comité de Ministros o Director Ejecutivo cuando sus observaciones no hubieren sido consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental.

Las nuevas cortes juzgarán, además, los actos administrativos que dicten los Ministerios o servicios públicos para la ejecución o implementación de las normas de calidad, de emisión y los planes de prevención o descontaminación, si es que se considera que éstos infrinjen la ley, las normas o los objetivos de instrumentos.

Según Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, la normativa chilena y el contexto institucional son débiles, lo que podría dificultar la labor que estos nuevos juzgados están llamados a realizar.

"Si el servicio de evaluación ambiental de proyectos aprueba mal los proyectos, porque la ley está mal, difícilmente se podrá fiscalizar", dijo Liberona.

Añadió que "si bien estas instituciones son de esperanza, queremos una mejor implementación, ya que la crítica es al sistema que está operando proyectos o dictando normas".

Agregó que esto se suma a retrasos en los reglamentos del Ministerio y del SEA que deben estar operando, sobre calidad de aguas y ríos, para el aire y sobre regulación de suelo.

Además, la directora de Terram refirió que sólo hay tres tribunales para abordar los problemas de todo el territorio nacional, y apuntó que "si esto es para todo el territorio, acá hay una desigualdad ante la ley".

A su vez, Ana Lya Uriarte, ex ministra del Medioambiente e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, dijo que espera que los nuevos tribunales otorguen garantías a la ciudadanía frente a casos polémicos como los proyectos Hidroaysén, Punta Alcalde o la Termoeléctrica Barrancones.

En esos lugares se registraron protestas de residentes ante el impacto ambiental negativo que atribuyeron a esos proyectos.

"Estamos a la expectativa respecto a la contribución de los tribunales, en forma tal que los ciudadanos encuentren ahí un espacio de garantía de funcionamiento de la institucionalidad ambiental y del quehacer medioambiental. Se espera que cumplan el rol de garantes de la ley local", dijo Uriarte.

Los nuevos tribunales estarán integrados por tres jueces, dos de los cuales deberán tener título de abogado, haber ejercido la profesión a lo menos 10 años y destacado en la actividad profesional o académica especializada en materias de Derecho Administrativo o Ambiental.

Un tercer miembro será un licenciado en Ciencias con especialización en materias medioambientales con, a lo menos, 10 años de ejercicio profesional.

Todos estos funcionarios serán nombrados por el presidente del país, previo acuerdo del Senado, de una nómina de cinco personas que en cada caso propondrá la Corte Suprema.

La ley incluye la figura del "Amicus Curiae" (o amigo de la Corte), una persona, natural o jurídica ajena a la causa que tramita el tribunal, pero que tenga idoneidad técnica y profesional en una materia que implique la protección de un interés público, que podrá presentar por escrito sus comentarios o sugerencias. Fi

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