(SPANISH.CHINA.ORG.CN) – Los responsables de uno de los episodios más siniestros de la dictadura cívico militar de Argentina (1976-83), los “vuelos de la muerte”, responden desde este miércoles ante la justicia por 789 crímenes contra la Humanidad, en el que es calificado como el mayor juicio a los represores de la “guerra sucia”.
El banquillo tiene esta vez dimensiones más extensas que de costumbre, pues en él han sido sentados nada menos que 67 civiles y antiguos miembros de la Marina que participaron en los asesinatos gestados, como muchos más, en la tristemente célebre Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires.
En el proceso, identificado como ESMA III, son enjuiciados, entre otros, el ex secretario de Hacienda de la dictadura, Juan Alemann, el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, a quien llamaban “teniente Vaca”, el jefe de la División de Veteranos de Guerra de la Prefectura, Alejandro Domingo D’Agostino, los prefectos retirados Enrique José De Saint y Georges Mario Daniel Arru y varios pilotos de Aerolíneas Argentinas.
Medios locales recuerdan por estos días testimonios escalofriantes como el del piloto naval Emir Sisul Hess, que según personas que trabajaron con él posteriormente “contaba en tono burlón cómo las personas pedían 'por favor' y lloraban”. “No, no sufrían. Los llevaban dopados y los tiraban al río. Eran tipos muy pesados. Esos boludos no sabían adónde iban a parar: al Tigre, al Riachuelo o al río Paraná. Iban cayendo como hormiguitas...”.
La macabra historia de los “vuelos de la muerte” fue denunciada por prisioneros que estuvieron en la Escuela de la Armada y sobrevivieron a la dictadura y corroborada en 1995 por el capitán de corbeta Adolfo Scilingo, que confesó a la Justicia española haber tirado al mar a 30 secuestrados.
Ante el entonces juez Baltasar Garzón, Scilingo reconoció la veracidad de los crímenes y aseguró que un capellán católico los apoyaba espiritualmente antes y después de la “carnicería”. La Audiencia Nacional lo condenó en 2005 a 640 años de prisión, una pena que el Tribunal Supremo de España elevó a 1084 años que cumple en Madrid.
El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desclasificó e hizo públicas 130 fotos de víctimas de los vuelos, en las que se puede ver los cuerpos de 20 cadáveres que las corrientes marinas arrastraron hasta las playas de Uruguay de 1976 a 1979 y que corresponden a guerrilleros y opositores políticos que estuvieron prisioneros en la ESMA antes de ser arrojados vivos al mar desde los aviones de la Armada, la Prefectura y el Ejército de tierra.
En las imágenes, tomadas por los peritos de las fuerzas armadas o la policía uruguaya, se puede apreciar que las manos y los pies de las víctimas estaban atados con cintas y cables, mientras en distintas partes del cuerpo presentan señales de torturas con “picana” (descargas eléctricas).
También en Uruguay, en la Laguna de Rocha, fue encontrado el 22 de abril de 1976 el cadáver de una mujer que tenía pintadas las uñas del pie y presentaba lesiones de violación, vaginal y anal.
Otro de los horrendos crímenes cometidos por los acusados fue el de la fundadora del movimiento Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de De Vincenti, sus compañeras Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco y Ángela Aguad y la monja francesa Leonie Duquet, que fueron secuestradas y llevadas a la ESMA.
Sus cuerpos sin vida aparecieron seis días después en las playas bonaerenses, hasta donde fueron arrastrados por la corriente marina. En 2005 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumó los cadáveres del cementerio donde habían sido sepultados e identificó a las víctimas, además de certificar que presentaban fracturas por la caída desde gran altura y el impacto con el agua.
Según cálculos de los organismos humanitarios por la ESMA pasaron alrededor de 5.000 prisioneros de la dictadura, que fueron sometidos a tormentos y asesinados. Desde 2004 en el ex cuartel naval funciona un museo y centro de divulgación de los Derechos Humanos.
En total, la 'guerra sucia' de la dictadura contra la guerrilla de izquierdas y los opositores políticos arrojó entre casi 9.000 y 30.000 desaparecidos, según recuentos públicos documentados y de ONGs humanitarias, respectivamente, recordó El Mundo.